La conversación dura diez minutos y once segundos pero constituye un manual para amañar contratos públicos. La grabó la Guardia Civil el 26 de septiembre de 2014 cuando estaba siguiendo la pista a Alejandro de Pedro Llorca, un supuesto experto en propaganda digital a quien los investigadores del caso Púnica consideran el conseguidor de la trama. De Pedro, imputado hoy por siete delitos distintos habla con colaborador suyo y ambos repasan el plan para quedarse adjudicaciones del Gobierno de Murcia a través del Instituto de Turismo. Todo parecía atado hasta que se desencandenó la operación contra la corrupción a finales de octubre de 2014 y el empresario fue uno de los 50 detenidos por la Guardia Civil.
En el audio incorporado a la causa y al que ha tenido acceso eldiario.es De Pedro descuelga el teléfono a un empleado suyo a las 9:39 horas del 26 de septiembre y le da instrucciones sobre la duración y el presupuesto de las tres ofertas que su entramado de empresas va a presentar en el Instituto de Turismo de Murcia para hacerse con un un plan de comunicación que se licitaba por un importe máximo de 32.000 euros. En el repaso que ambos hacen de los antecedentes del contrato no solo queda claro que el pliego de condiciones que rige la adjudicación fue elaborado por las firmas de De Pedro, también evidencia un plan pactado con altos cargos del Gobierno murciano, para presentar en tres sobres cerrados distintas propuestas y dar así apariencia de que otras sociedades competían por la adjudicación.
Según los investigadores, De Pedro, el conseguidor de la trama y hombre para todo en el PP de Madrid, Valencia y Murcia, revela en este diálogo una práctica habitual de sus empresas Madica y Eico: camuflar como trabajos de interés público lo que en realidad era propaganda en Internet para los políticos que le contrataban. Así queda patente en un tramo de la charla en la que su empleado pregunta a De Pedro: “¿Dónde está el negozzio”, con acento italiano. El empresario le responde admitiendo que lo que figura en las ofertas no tiene nada que ver con la labos que se realizará luego: “Una cosa es lo que se dice y otra lo que haremos después”.
Según los investigadores, el contrato del organismo turístico de Murcia escondía en realidad campañas a favor de dirigentes del PP. En otro tramo de la charla De Pedro y su colaborador acuerdan cómo camuflar el envío a la administración regional para evitar que los técnicos descubran que las tres propuestas de las hipotéticas empresas competidoras salen en realidad del mismo sitio. Pactan utilizar distintos tipos de sobres. El diálogo evidencia que la adjudicación está atada. Hasta el punto de que De Pedro pide a su trabajador que vaya contratando ya a los periodistas que deberían realizar el trabajo, una vez les fuese adjudicado. “Eso ya está”, repite De Pedro, varias veces, en alusión al contrato del Instituto de Turismo. Y a continuación anticipa que en los próximos días repetirán el procedimiento con otras tres ofertas simuladas para optar a otra adjudicación del Gobierno murciano, esta vez a través del Instituto de Fomento, al que ambos se refieren como “Info”.
La charla telefónica tuvo lugar solo tres días después de que el entonces consejero de Educación de Murcia y hoy presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, se reuniese con De Pedro en un hotel de Madrid para cerrar otro contrato de 32.000 euros a cargo de la administración autonómica para contrarrestar en Internet las informaciones derivadas de su imputación en el caso Auditorio y relanzar su carrera para ser candidato del PP en esa autonomía.
Las revelaciones de este escándalo provocaron las dimisiones de las dos responsables de los institutos públicos murcianos en octubre de 2014. El tercer involucrado por estas escuchas, Pedro Antonio Sánchez, sigue aferrándose al cargo y contra él ha presentado la oposición una moción de censura que se debatirá la semana próxima en el parlamento regional. Fuentes próximas a la investigación aseguran que también está al caer el auto del juez instructor del Caso Púnica, Eloy Velasco, con su exposición razonada para que sea investigado por este caso en el Tribunal Superior de Justicia, dada su condición de aforado. Sería la segunda imputación para el hoy presidente de Murcia.