Cronología Cinco meses de una desescalada fallida
A comienzos de mayo, Madrid inició un proceso de desescalada lleno de roces con el Gobierno central, en medio de una pugna interna en el Ejecutivo regional y bajo un mantra que se repetía como escudo frente a quienes esgrimían razones sanitarias para avanzar con prudencia: Madrid no se puede parar, la economía de la capital tiene que reactivarse. Tras cinco meses marcados por decisiones erráticas, falta de previsión y con un enfrentamiento televisado entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central de Pedro Sánchez, la Comunidad se ve obligada a decretar un confinamiento para detener el rebrote del virus que amenaza con desbordar de nuevo el sistema sanitario madrileño.
Las medidas restrictivas –mucho más laxas que las que se impusieron durante el estado de alarma– entraron en vigor a las 22.00 horas del viernes. El Ministerio de Sanidad las ha impuesto pese al rechazo del equipo de Ayuso, que ha tratado hasta el último momento de evitar el confinamiento completo de la capital. De hecho, aún esperan que los tribunales tumben esas restricciones.
Madrid ha recorrido en estos meses el camino desde una reapertura económica apresurada hacia un progresivo cierre cuando no quedaba ya ninguna otra opción. El conflicto político se ha fundido con la gestión sanitaria hasta desembocar en un choque total entre la administración madrileña y la central: mientras Sanidad aduce razones epidemiológicas para el nuevo confinamiento, desde la Puerta del Sol se alude a una supuesta estrategia de Sánchez para “hundir” Madrid.
El repaso al proceso de desescalada, más allá de la disputa política, muestra que en la Comunidad de Madrid se impuso el optimismo a la prudencia. Las autoridades no acompañaron la apresurada apertura de comercios y espacios públicos y la caída de las restricciones a la movilidad con una estrategia para evitar un nuevo pico en los contagios. Cuando este se produjo, trataron por todos los medios de aplazar las restricciones.
A principios del mes de mayo el Gobierno central abrió la posibilidad de que las comunidades autónomas solicitasen el paso al la Fase 1, el primero de ese sistema de estados transitorios con reaperturas de espacios públicos y comercios que debía conducir a un desembarco controlado en la nueva normalidad. En ese mismo momento empezaron los problemas en la desescalada de Madrid.
El 7 de mayo, en pleno debate interno entre políticos y técnicos sobre si la región debe dar el paso de solicitar su entrada en la Fase 1 dimitió Yolanda Fuentes, la directora de Salud Pública del Gobierno de Ayuso. Fuentes era la voz cantante de quienes no veían a Madrid con posibilidades de relajar sus medidas de confinamiento con los hospitales aún saturados.
La propia Ayuso admitió que Fuentes no quería firmar el pase a la Fase 1 por temor a un colapso de las UCI. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, había manifestado también sus dudas en público. Pero la presidenta regional dejó claro que las razones sanitarias no eran las únicas que iban a pesar en la desescalada que iniciaba el territorio: “Si seguimos estirando nos iríamos a tantos parados que sería un grave problema. Tenemos que conjugar la vida con empezar a activar la economía”.
El argumento económico pasó a imponerse a la razones sanitarias y no ha dejado de hacerlo hasta ahora. En aquellas fechas, además de Ayuso, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también apuntaba a la prevalencia de la economía sobre la salud: “Hay que pasar a la fase 1 para recuperar la actividad económica cuanto antes”. “No estamos en condiciones de derrotar al virus,” admitió, pero “sí en condiciones de recuperar la actividad económica en la Comunidad de Madrid”.
El Gobierno central evaluó entonces la propuesta de Ayuso para pasar de fase y la desestimó. El principal argumento fue que el sistema de Atención Primaria, desmantelado a consecuencia de la pandemia, no estaba listo para afrontar la detección temprana de casos. La presidenta regional lo volvió a intentar una semana después, sin que hubiese habido ningún cambio en el sistema previsto de rastreo, pero ya con un incipiente discurso contra un gobierno central que, dijo, no parecía dispuesto a que Madrid avanzase a la Fase 1.
La presión de Ayuso surtió efecto, al menos en parte. El Ejecutivo de Sánchez se sacó de la manga una fase intermedia, la 0’5, para que Madrid abriese parte de su comercio minorista sin cita previa pero sin reapertura de bares y terrazas.
Ayuso abandonó entonces la moderación con la que había llevado la primera negativa para abrir una guerra con el Gobierno central. El 15 de mayo, en una comparecencia, calificó la decisión de “ataque político”, que enmarcó en una “campaña inaceptable” del Gobierno central contra su Ejecutivo. Al día siguiente volvió a ponerse frente a los micrófonos para decir que Sánchez quería llevar “a la ruina” a Madrid: “Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades”.
Sus palabras despertaron a una parte de la sociedad madrileña, la que como Ayuso entendió las reticencias en el cambio de fase como un choque ideológico y no una cuestión sanitaria. Por los barrios de renta más alta de Madrid, con mayoría de votantes de la derecha, se extendieron las concentraciones en la calle llenas de banderas de España y mensajes contra Sánchez. En otras ciudades del país se replicaron esas protestas, alentadas por Vox y que el PP no veía con malos ojos.
Ayuso alimentó la guerra política con un recurso a los tribunales contra la decisión de no entrar en la Fase 1. La presidenta madrileña insistía en que la comunidad estaba preparada y no permitía que nadie dudase de su criterio, ni siquiera el Colegio de Médicos, a quienes excluyó de las reuniones sobre la desescalada el 19 de mayo. Su presidente había criticado que no había habido ningún cambio que justificase el cambio de fase.
Al tercer intento, el 22 de mayo, la Comunidad de Madrid recibió el aval del Ministerio de Sanidad para entrar en la Fase 1, que conllevaba la reapertura de terrazas de los bares, las reuniones de hasta 10 personas y libertad de movimiento. El recurso a la justicia quedó entonces en el olvido y las manifestaciones y caceroladas de las 20.00 horas se diluyeron a la par que se llenaban los bares.
Ayuso rebajó el tono contra el Gobierno. Dijo no tener prisa por avanzar rápidamente en las siguientes fases y habló de “prudencia” y “cautela”. Siguió presionando para la reapertura de ciertos sectores económicos (como los centros comerciales) pero ya sin el esfuerzo de plantear la desescalada como una contienda política. Madrid entró en la Fase 2 sin mayor estruendo el 8 de junio.
A partir de entonces Madrid ha lidiado con su desescalada particular, marcada por el enfrentamiento político –en la Comunidad, donde ha sobrevolado la moción de censura, y de nuevo con el Gobierno central–, la falta de previsión –con la contratación de rastreadores o el inicio del curso escolar– y las decisiones contradictorias –como el uso de la mascarilla–.
En conflicto político dentro de los límites de la CAM vino alimentado por las revelaciones sobre la gestión de las residencias, el frente más vulnerable en la lucha contra la pandemia. Las actas de las inspecciones policiales a las que tuvo acceso eldiario.es revelaron que algunas habían sido abandonadas a su suerte por la administración madrileña.
Algunos directores de esos centros contaron a los agentes que, durante los días más duros de la pandemia, habían pedido ayuda a las autoridades sanitarias de Madrid sin obtener respuesta. En algunas de esas residencias los fallecidos superaban la treintena. Además, se filtró que el Ejecutivo madrileño había dado orden de no trasladar a los hospitales a aquellos enfermos con síntomas si eran mayores de 80 años y tenían patologías graves.
Ayuso dijo en una entrevista que esa orden se había dado por “pragmatismo”. En un pleno celebrado el 11 de junio justificó el desastre que habían vivido esos centros en Madrid por la falta de ayuda del Gobierno central.
Ayuso anunció durante aquella comparecencia una investigación interna que era más bien un aviso a su socio de Gobierno. El responsable de las residencias durante la pandemia había sido el consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien se había mostrado en contra de la orden de no trasladar a anciano a los hospitales. El responsable de políticas sociales de la CAM dimitió el viernes, poco antes de que entrasen en vigor las restricciones.
En las fechas en las que la presidenta madrileña trataba de deshacerse de la responsabilidad sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid, estas sumaban ya 7.690 fallecidos, un 18,1% del total de internos en estos centros. Madrid fue, de hecho, la comunidad donde más ancianos fallecieron en residencias.
Mientras se conocían nuevos datos de la gestión de las residencias el Gobierno de la Comunidad de Madrid trataba de desviar la atención hacia el aeropuerto de Barajas. Sin medidas que aliviaran el exceso de afluencia en el Metro, sin haber alcanzado el número prometido de rastreadores, y con una reapertura apresurada de ciertos sectores, tanto Ayuso como Aguado decidieron centrar sus críticas en la falta de un plan gubernamental para controlar la entrada de positivos por el aeropuerto de Madrid.
El 7 de julio, Ayuso anunció que recurriría las medidas del Ministerio de Sanidad por insuficientes y pidió que se hicieran pruebas PCR a todos los viajeros del extranjero. “Necesitamos que nos escuchen y que juntos pongamos medidas para evitar volver al inicio. No queremos por nada del mundo retroceder”, dijo. Contaba con el apoyo total de Aguado, dispuesto también a hacer cree que los contagios en Madrid se producirían por esa vía.
Pero el aeropuerto, que nunca ha supuesto un foco de positivos en Madrid, era solo el sitio al que apuntar con el dedo mientras la Comunidad no lograba diseñar una desescalada ordenada y con recursos. Una prueba de la improvisación de aquellos días fue la orden del uso obligatorio de la mascarilla: el 14 de julio Ayuso dijo que no era necesario llevarla siempre puesta; el 28 de julio, su Gobierno obligó a su uso en todos los espacios públicos.
La realidad detrás del cambio de decisión era que los contagios en Madrid se estaban disparando. A finales de julio los positivos se habían multiplicado por seis respecto a dos semanas antes. Ayuso acompañó el uso obligatorio de la mascarilla de la limitación de reuniones a 10 personas y del cierre de bares a la 1.30 horas, pero su Gobierno era incapaz de cumplir con la exigencia fundamental de los expertos: rastrear los contactos de los positivos para evitar la expansión descontrolada del virus.
El Ejecutivo madrileño vivió en aquellos momentos una carrera contrarreloj por ampliar una plantilla de rastreadores ínfima: tan solo 180 cuando la cifra prometida era de 400. Intentó reclutar a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, buscó que algunos trabajaran gratis –para lo que contó con la colaboración de la Universidad Complutense– hasta que finalmente optó por privatizar el servicio con un coste de 200.000 euros el 10 de agosto, ante el aumento de los casos.
En ese mes de agosto la Comunidad tiene cada vez menos controlada la situación en un cada vez más evidente repunte de la pandemia. El 7 de agosto la región ya estaba a la cabeza en contagios diarios y el Gobierno de Ayuso enfrascado en un nuevo conflicto con Sanidad, esta vez a costa de la incapacidad para detectar a los asintomáticos. La Comunidad de Madrid llegó a borrar de sus informes los datos de rastreo de personas sin síntomas porque contradecían sus declaraciones en público.
A mediados de agosto Madrid había pasado de 338 casos semanales a 6.481 en tan solo un mes. Había 49 focos de contagio detectados y los expertos alertaban de que se estaba produciendo transmisión comunitaria. Para el 21 de agosto la Comunidad ya concentraba un tercio de los nuevos positivos que se detectaban en todo el país y sus datos de ingresos hospitalarios estaban muy por encima de los que presentaban el resto de comunidades autónomas.
La última semana del mes añadió un problema más: el comienzo del curso escolar. Sin un plan definido para la apertura de los colegios, el Gobierno de Ayuso se apresuró a hace test a todos los profesores en apenas un par de días. El caos fue absoluto. Cientos de personas se agolpaban frente a los centros donde habían sido citados; las empresas privadas que realizaban esos test no fueron capaces de asumir la ingente cantidad de pruebas que había que realizar en tan poco tiempo.
Septiembre ha supuesto en Madrid una paulatina vuelta de las restricciones hasta llegar al confinamiento. El 4 de septiembre se impusieron limitaciones a las reuniones familiares y se redujo el aforo en bodas, velatorios y espectáculos. El Ejecutivo regional anunció también que su plantilla de rastreadores ascendería al millar y que se habían adquirido dos millones de test rápidos.
Pero aquellas medidas no lograron frenar los contagios y de nuevo Ayuso y su equipo emprendieron una batalla política con la que enmascarar el fracaso de la desescalada. Superado un debate del Estado de la Región en el que la presidenta madrileña pasó de puntillas por encima de la pandemia -salvo su alusión a la inmigración-, la situación en Madrid volvió a ser muy similar a la del inicio de la desescalada, con líos internos y un choque con el Gobierno de Sánchez.
El 16 de septiembre, el responsable de Salud Pública que sustituyó a Yolanda Fuentes, Antonio Zapatero, apuntó la posibilidad de llevar a cabo confinamientos selectivos en las zonas más afectadas por el virus. El Gobierno de Ayuso se apresuró a negarlo pero el incendió político ya estaba en marcha.
Aguado no compareció en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, pero lo hizo al día siguiente. El vicepresidente el Ejecutivo que había rechazado constantemente la tutela del Gobierno central durante la gestión de la pandemia pidió ese día ayuda a Sánchez: “La situación de la epidemia en Madrid no va bien. Está empeorando. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos”.
El 18 de septiembre el Gobierno de Ayuso tuvo que tomar la medida que había negado solo unos días antes. La presidenta madrileña, acompañada del consejero de Sanidad y del vicepresidente regional anunció que confinaba 37 áreas sanitarias y limitaba en toda la región las reuniones a seis personas. Eso sí, como en mayo, no se abandonó el argumento de la economía: “Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y un confinamiento porque eso supondría el desastre económico”.
El lunes 21 de septiembre, ya con las restricciones en vigor, se produjo la reunión de Pedro Sánchez con Ayuso en la Puerta del Sol. Fue un espejismo de colaboración institucional que tardó poco en saltar por los aires porque ambas administraciones tenían estrategias opuestas para luchar contra los rebrotes: la regional quería cautela en las restricciones para no dañar la economía y apostaba por confinamientos muy selectivos; Sanidad creía que los datos de Madrid obligan a un confinamiento general con el que frenar.
La propuesta de ambas administraciones para delimitar el confinamiento muestra lo alejadas que estaban las posiciones de partida en esa negociación. Para el 25 de septiembre los puentes ya estaba prácticamente rotos.
A pesar de ello, hubo un último atisbo de entendimiento. El 29 de septiembre, Ayuso aceptó los criterios de confinamiento del Gobierno: una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tiene más del 10% de positivos en PCR y una ocupación del 35% de las plazas de UCI. Eso implicaba restringir los movimientos de los residentes en 10 ciudades de la Comunidad de Madrid.
Cuando parecía que al final había consenso y Madrid iba a poner en marcha las medidas para frenar su tasa de contagios llegó el último giro de guión. El Ejecutivo regional se descolgó del acuerdo, dijo que los criterios que había aceptado el martes ya no le valían el miércoles, y quería unos nuevos y específicos para la región.
A Sanidad se le acabó la paciencia y no entró al trapo en la última maniobra de Ayuso. El Ministerio mantuvo su propuesta, la llevó al Consejo Interterritorial –que la aprobó pese al rechazo de Catalunya y algunas comunidades del PP– y decretó su entrada en vigor en 48 horas.
El Gobierno regional insinuó una insumisión que al final se quedó en un recurso a la Audiencia Nacional en el que acusa al Gobierno de invadir sus competencias y recupera, una vez más, el argumento económico. La noche del viernes 3 de octubre entraron en vigor las restricciones, aunque sin multas para quien las incumpliese a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las ratificase.
Los siguientes días se mantuvo la tensión política entre la Comunidad y el Gobierno. El ejecutivo central puso en duda los datos que ofrecía Madrid para justificar que su situación había mejorado gracias a las medidas de Ayuso y que el confinamiento general debía levantarse. La CAM, por su parte, insistía en que Sanidad debía reconsiderar el cierre. Ambas administraciones mantuvieron una reunión que no dejó grandes avances.
La bomba estalló el jueves 8 de octubre. El TSJM tumbó las restricciones impuestas por Sanidad en lo referente a la libertad de movimientos. El tribunal estimó que el Ministerio no tenía base legal para imponer el confinamiento -es decir, limitar derechos fundamentales- a una comunidad autónoma sin echar mano de una ley orgánica o del estado de alarma.
La decisión dejó fuera de juego tanto al gobierno regional como al central. Ayuso reunió a su equipo de urgencia sin un plan B. Por la tarde, el Ejecutivo de Sánchez mandó dos comunicaciones a la CAM que no obtuvieron respuesta. A última hora del día se produjo la conversación entre ambos líderes: Sánchez planteó que Ayuso hiciera uso de sus competencias para imponer un confinamiento antes del puente, de lo contrario, la única solución era el estado de alarma. La presidenta madrileña respondió que necesitaba tiempo para pensar.
Sánchez le ha dado hasta las 12 del medio día de este viernes 9 de octubre. Ante la falta de respuesta de Ayuso, que se niega a aceptar cualquiera de los escenarios que le ha propuesto el presidente del Gobierno, este ha reunido a su Consejo de Ministros para aprobar el estado de alarma para Madrid.
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