La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido al Partido Popular que no haga chantaje con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la nueva ronda de negociaciones que se empezará a celebrar esta semana para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces que permanece en funciones desde diciembre de 2018.
En declaraciones a la prensa tras su participación en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Llop ha recordado que el próximo 6 de septiembre se inaugurará el nuevo curso judicial en medio de la situación de bloqueo, lo que ha considerado un “fracaso”, porque incumple con lo establecido en la Constitución.
Según ha precisado, esta misma semana -el 1 y el 2 de septiembre- se reunirá con los grupos parlamentarios y la renovación del CGPJ “va a ser uno de los temas principales”. Llop tiene previsto comparecer ante el Congreso de los Diputados el próximo 9 de septiembre.
En este sentido, ha apelado al PP a que participe en las negociaciones “sin chantajes” y con “sentido de Estado” y que deje de instalarse en ese bloqueo “tan perjudicial para la imagen de nuestro país”.
“Estamos ante una gran oportunidad de transformar nuestro sistema de justicia, una oportunidad que no vamos a desaprovechar y se lo puedo asegurar desde mi responsabilidad ahora como ministra de Justicia”, ha insistido.
Este martes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple mil días en funciones, a raíz de un bloqueo consecuencia de la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político. El Partido Popular, que salió de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado.
Justicia estudiará el Comité de Derechos Humanos sobre Garzón
Llop también se ha referido al dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), publicado la semana pasada, que, ha dicho, el Ministerio estudiará durante un plazo de seis meses. El texto del organismo de la ONU concluye que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena y la pena del exmagistrado en 2012, cuando le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'.
La ministra de Justicia ha precisado no obstante que el dictamen “no es como una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, en línea con la jurisprudencia del Supremo, que en una sentencia del año pasado defendió que “no procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos”.