López del Hierro: vida y sumarios del marido de Cospedal
El 8 de julio de 1997, un tal 'López H' entregó 15 millones de pesetas al Partido Popular para que cebara su caja B. En noviembre de 1998, 'López Hierro' ingresó 4 millones de pesetas en la contabilidad secreta de la formación. Así lo reflejó Luis Bárcenas en los papeles que sirvieron para abrir el caso de la financiación irregular del PP.
Álvaro Pérez, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, se preguntó en el Congreso por qué el empresario Ignacio López del Hierro nunca ha estado imputado si aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como “atizante”, como uno de los que fue al PP a “soltar el mondongo”. Con esas expresiones tan castizas, ‘El Bigotes’ se refería a la práctica seguida por grandes constructores del país consistente en entregar dinero negro al partido político cuyos cargos decidían entre quién repartían la obra pública.
Pérez aclaró que él solo estaba aludiendo a los papeles de Bárcenas, no fuera a ser que le acusaran de “difamación”. No ha servido de mucho. Al día siguiente, el aludido anunció una querella. “Judicialmente nunca se ha demostrado que los supuestos donantes López H y López Hierro tuvieran que ver con Ignacio López del Hierro, básicamente porque es mentira”, recogía el comunicado remitido a los medios.
La Audiencia Nacional considera acreditada, de forma indiciaria, la existencia de una financiación irregular del PP durante las dos décadas, el periodo que abarcan las anotaciones del extesorero. La UDEF constató en un informe escrito a las pocas semanas de que arrancara el caso que ‘López H.’ y ‘López Hierro’ eran la misma persona, Ignacio Javier López del Hierro, marido desde 2009 de la actual secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
La afirmación de ‘El Bigotes’ es compatible con el hecho de que López del Hierro no haya llegado a estar imputado en el caso de la financiación irregular del PP. El motivo de por qué no figura su nombre entre los empresarios imputados en el caso de la caja B es la prescripción del posible delito.
Las presuntas anotaciones sobre López del Hierro se remontan a los años 97 y 98, mientras que la causa se abrió en 2013. Para entonces, los nueve delitos que la acusación popular le atribuía indiciariamente, entre ellos el cohecho, habían ‘caducado’ judicialmente, según coincidieron la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Pablo Ruz.
Cinco años de los ‘papeles de Bárcenas’
El próximo miércoles se cumplirán cinco años de la presentación de la querella de Izquierda Unida y otras asociaciones que dio origen a la pieza separada de Gürtel conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del PP. A esta se unió otra del Observatori Desc. Ambas se basaban en la documentación manuscrita que había publicado El País el 31 de enero anterior y que evidenciaba un sistema de cobro de supuestas mordidas y pago de sobresueldos en el corazón del Partido Popular.
Las dos querellas iban dirigidas contra dirigentes del partido, y también contra los empresarios donantes, pero en ninguna de las dos aparecía el nombre de Ignacio López del Hierro. “Simplemente, no reparamos entones en su importancia”, rememora uno de los letrados de la acusación popular. La ausencia de ese nombre, en plena vorágine por el estallido del mayor caso de corrupción asociado al partido conservador, fue remediada más tarde.
Al mes siguiente de la apertura de la pieza separada, el informe de la UDEF identificaba a López del Hierro con las anotaciones de Bárcenas y apuntaba los cargos que ocupaba en el momento de haber entregado presuntamente el dinero al PP: apoderado de Constructora Continental desde 1991; directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios (CGS); también del Grupo ONCE en los años de las donaciones, 1997 y 1998; consejero de Renta Corporation Real State; consejero de Newco y consejero ejecutivo de Metrovacesa.
El 15 de julio de 2013, una vez encarcelado, Luis Bárcenas lanzó el mayor proyectil contra el PP de toda su historia. El extesorero reconocía la financiación irregular del Partido Popular, de la que él fue mano recaudatoria, durante al menos veinte años. Entre los nombres que identificó en su declaración se encontraba el de Ignacio López del Hierro.
Izquierda Unida planteó una ampliación de querella que fue admitida solo en parte por Ruz. En un auto fechado el 4 de diciembre de 2013, el magistrado argumentaba su negativa a imputar al empresario en el hecho de “no concurrir, de forma indiciaria, indicios alguno de responsabilidad penal, en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la prescripción de los delitos invocados”.
Esta decisión permitió a López del Hierro escapar de la ronda de declaraciones como imputados de una veintena de empresarios. La causa contra los constructores fue archivada finalmente porque no era posible demostrar que el dinero aportado al PP fuera a cambio de una adjudicación concreta, requisito para establecer el cohecho.
Quien sí acabó ante el juez, pero solo como testigo, fue De Cospedal. Las acusaciones populares, auténtico motor de la causa de la caja B, intentaron preguntar a la secretaria general del PP por las menciones a su marido en los papeles de Bárcenas. “No es pertinente”, zanjó el juez Ruz cuando Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, y Gonzalo Boye, de Observatori Desc, intentaron plantear la cuestión. La testigo dijo no tener problema en contestar. “No es él”, tuvo tiempo de responder.
El sustituto de Ruz, el juez José de la Mata, atendió en marzo de 2017 a la petición de las acusaciones populares y acordó la reapertura con el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las revelaciones que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y uno de los empresarios que pactó con el Ministerio Público, realizaron durante la vista oral del primer gran juicio de Gürtel.
Los mismos “intereses” que el clan Pujol
López del Hierro no ha dejado de aparecer desde entonces en otros escritos policiales y sumarios de distintas causas. Un atestado de la UDEF en el caso Pujol, fechado el 5 de mayo de 2017, vincula a López del Hierro con con una red de intermediación y cobro de comisiones en África. En el listado de empresas figura Ibadesa Cat SL, sociedad en la que, según el informe policial, “habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol], Ignacio Javier Lopez de Hierro, José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del exconsejero de empleo de la Generalitat, Felip Puig Godés)”.
La reacción de López del Hierro llegó a través de su entorno, que desmintió “tajantemente” cualquier relación con la red de corrupción. Las mismas fuentes lamentaban que, “otra vez”, la UDEF intentará implicarle sin pruebas en unos delitos y añadían que el empresario había comprado y vendido acciones de Ibadesa Cat antes de 2001, año de los hechos referidos en el informe.
Pero ahí no quedó la protesta del marido de la ministra. El empresario escribió una carta al director general de la Policía para exigirle una revisión de la investigación que el Ministerio del Interior accedió a realizar. El propio secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció una auditoría interna para descubrir si el informe contenía algún “error”, algo inédito en un trabajo de los agentes que ejercen en funciones de policía judicial, esto es, a las órdenes del magistrado instructor.
Tanto Nieto como el ministro, Juan Ignacio Zoido, pertenecen al sector del PP andaluz alineado con Cospedal. La secretaria general representa un auténtico ascendente sobre el titular de la cartera, reconocen a eldiario.es fuentes del Ministerio. En el Congreso, Álvaro Pérez se preguntó si López del Hierro no ha estado imputado porque “a lo mejor tiene algún privilegio”.
A pesar de las presiones, los policías autores del informe se negaron a rectificar y en un segundo escrito insistieron en que las “atribuciones” a López del Hierro que había hecho están “debidamente contrastadas” en el Registro Mercantil, al tiempo que insistía en que los intereses del empresario “habían estado representados” en Ibadesa Cat.
López del Hierro creó Ibadesa Cat en 1996. Asegura que solo permaneció en la sociedad dos años y que después le vendió sus acciones a Jordi Puig, hermano del exconseller de Interior. Un “olvido” hizo que permaneciera como consejero de la entidad hasta 2004, según las fuentes del entorno del empresario que citaba El Mundo. A día de hoy, López del Hierro no ha sido imputado en el caso Pujol. Esas mismas fuentes hablaban de “una mano negra” detrás del informe de la UDEF con la intención “política” de desgastar a Cospedal.
“Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”
Las escuchas telefónicas del caso Lezo provocaron un terremoto en las esferas políticas, económicas y mediáticas. El nombre de López del Hierro afloró también en este caso, concretamente en una conversación entre el principal investigado, Ignacio González, y su hermano Pablo. “Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”, decía el expresidente de la Comunidad de Madrid.
A lo que Pablo González respondía con un comentario referente al riesgo que corren las supuestas aspiraciones de Cospedal por la trayectoria de su marido. “Con lo que cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está en Defensa igual no”, dice Pablo González en el pinchazo.
Uno de los “sitios” de los que se acusó de cobrar a López del Hierro en una querella fue Liberbank, la entidad que acogió a Caja Castilla-La Mancha, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Según una querella de Comisiones Obreras, López del Hierro recibió 80.000 euros anuales de Liberbank a cambio de un asesoramiento inmobiliario que nunca existió, a través de su sociedad Hilo de Inversiones.
“¡Oye, José Luis, que no existe tal contrato, joder, que lo firmes!”, le dijo un directivo a un representante sindical en una conversación sobre las retribuciones del empresario y que fue incorporada a la querella. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir la querella al considerar que no existían indicios “mínimamente acreditativos o indiciarios” de los pagos a López del Hierro.
En las grabaciones del caso Lezo, Ignacio González califica a López del Hierro como “un desagradable que te cagas”. A pesar de ello, González mantuvo durante años una buena relación con su esposa, María Dolores de Cospedal, surgida durante la temporada que coincidieron en el Ministerio del Interior que dirigía Ángel Acebes. Tiempo después ellos eran el vínculo que permitía mantener el contacto entre Génova y el PP de Madrid a pesar del choque frontal de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy.
La carrera de González se acabó cuando se cruzó en ella un policía que él vincula con María Dolores de Cospedal. Fue a raíz de la difusión de un extracto de la conversación que el político, siendo presidente de la Comunidad, mantuvo con el hoy encarcelado comisario José Manuel Villarejo y otro mando policial a cuenta del caso Ático. Aquella grabación precipitó la caída política de González, dos años antes de que fuera detenido por la Guardia Civil.
El encuentro con el comisario Villarejo no era el primero que tenía Ignacio González. La Unidad Central Operativa encontró en el registro de la casa del político tres cuartillas con anotaciones de su puño y letra que constituyen un análisis de situación del caso Ático, sobre sus aliados y enemigos, en la política, la policía y los medios de comunicación. “Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que la conoce”, anota Ignacio González.
eldiario.es se ha dirigido a la ministra a través de uno de sus colaboradores para conocer si De Cospedal, López del Hierro o ambos conocen a Villarejo y si éste ha ayudado en algo a la titular de Defensa. La respuesta ha sido que “no comentan lo que escribe Ignacio González”.
Los policías del matrimonio
El comisario jubilado fue detenido el pasado noviembre y desde entonces permanece en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a una organización criminal. El hombre del archivo secreto que hace temblar a políticos, empresarios y miembros de la judicatura no sería el único miembro de un grupo de policías que frecuenta al matrimonio.
María Dolores de Cospedal abanderó la campaña del PP contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía desde la oposición. Se trataba, argumentaban, de una suerte de policía política que intentaba destruir el PP fabricando pruebas en el caso Gürtel, siempre bajo el control de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Con el cambio de Gobierno, la UDEF no es solo la unidad que menciona en un informe a López del Hierro. También es el destino del policía que ejerció de sombra de Cospedal en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes de que el PP perdiera el Gobierno autonómico, Andrés Gómez Gordo volvió a la Policía, como jefe de vigilancias de la unidad, con un amplio control de todas las investigaciones sobre el terreno de la unidad especializada contra la corrupción, entre otros asuntos.
La Junta de Castilla-La Mancha le había tenido contratado como director de Documentación y Análisis, pero su trabajo visible era ser jefe de escolta de la presidenta. Cinco meses después de regresar a la Policía, concretamente a la UDEF, fue condecorado con una medalla pensionada. Gómez Gordo no solo trabajaba en la UDEF sino que compaginaba su trabajo con la Dirección Adjunta Operativa, la estructura en la que el comisario Eugenio Pino montó el grupo que investigó a políticos separatistas sin control judicial y que fabricó el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.
Amigo declarado de Villarejo y defensor público de su trayectoria es el comisario José Luis Olivera, jefe de la UDEF desde su formación, en tiempos de Zapatero, y que logró continuar en el puesto cuando el PP llegó al poder. “María Dolores pacta con Rubal y ahora mantienen a Olivera en UDEF para hacer otras cosas”, escribe Ignacio González en las mismas notas en las que alude a Villarejo y López del Hierro, adelantadas por Infolibre.
Olivera fue destituido en octubre de 2013, pero el policía no salió mal parado. Fue elegido director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, a pesar de su participación en la Operación Cataluña, nombrado después para el organismo que salió de fusionar ese centro con otro de coordinación en terrorismo.
