Todos han introducido a la extrema derecha en sus gobiernos tras haber prometido que no lo harían. El último ha sido este mismo jueves el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha conseguido renovar mandato tras meses de negociaciones con los de Santiago Abascal. Pero antes hicieron el mismo recorrido argumental otros barones de su partido, el PP, como la extremeña María Guardiola, el valenciano Carlos Mazón o el aragonés Jorge Azcón. Del rechazo frontal a Vox, principalmente en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero también después, los cuatro pasaron a gobernar en coalición al necesitar el apoyo de la extrema derecha para lograr el poder.
Con palabras más o menos duras contra Vox, los cuatro habían manifestado su intención de gobernar “en solitario”, que es lo mismo a lo que aspira ahora el líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cara a la sesión de investidura de los próximos días 26 y 27 en la que previsiblemente fracasará. Solo cuenta con el apoyo de su propio partido, Vox, UPN y Coalición Canaria (que alcanzan los 172 escaños), una suma inferior a la de los partidos que votarán en contra (178). Consciente del próximo fiasco del intento de Feijóo, Santiago Abascal no ha solicitado entrar en un hipotético Gobierno del PP.
Sí lo ha pedido en Murcia en los últimos tres meses. Pero allí, desde los comicios del 28M, el PP de López Miras se negó, en público y en privado, a cumplir las exigencias de Vox, que reclamaba dos consejerías y una vicepresidencia del Ejecutivo. Los populares no vislumbraban otra posibilidad que no fuera gobernar en solitario y así lo repitió una y otra vez su presidente. “Con el resultado que se ha obtenido en la Región de Murcia, teniendo el 43% de los votos, el 47% de los diputados regionales, lo legítimo en una democracia es gobernar en solitario. Esto no es nuevo, ya que así gobernó Aznar en 1996, Zapatero durante sus dos mandatos, Rajoy en 2015 y Pedro Sánchez en estas últimas legislaturas”, se afanó en defender López Miras en los últimos meses.
Sin embargo, el riesgo tangible de una repetición electoral y la progresiva cercanía del fin del plazo legal para investir presidente le llevó a rectificar su postura la pasada semana. “Lo más responsable”, dijo, es pactar con la extrema derecha. Lo apuntó el miércoles, durante el debate de investidura. Vox también cedió en el pacto, pues su más ansiada consejería, la de Agricultura, quedó finalmente en manos de sus socios. Los ultraderechistas dirigirán Fomento y Seguridad, Interior y Emergencias, cuyas funciones estarán controladas por el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, que además será vicepresidente del Gobierno. Este jueves López Miras era oficialmente investido presidente con el apoyo de la extrema derecha.
Del “No voy a gobernar con Vox” de Guardiola a darle la vicepresidencia
El caso de María Guardiola en Extremadura es el paradigma de las contradicciones del PP respecto a Vox. La entonces candidata prometió antes y durante la campaña electoral del 28M que no daría cabida al partido de Santiago Abascal en la Junta de Extremadura. Tras el fracaso de las negociaciones para la investidura y la constitución de la Asamblea, que acabó en manos del PSOE, Guardiola insistió en que no podría dar la mano a Vox, al que calificó de machista, xenófobo y una formación que no respeta los derechos de las personas LGTBI.
“Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes ni a los que tiran a una papelera la bandera LGTBI”, señaló Guardiola el 20 de junio en una dura rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura tras constatarse la distancia de los puntos de partida en la negociación entre PP y Vox. Aquella misma noche, se comprometió en la Cadena SER a no gobernar con Vox. “No va a entrar en el Gobierno, yo no voy a gobernar con Vox”, dijo Guardiola. “He ofrecido un Gobierno estable y Vox ha decidido que con ese 8% en mi tierra no pueda realizarse”, añadió.
Pero ese enfado, que pareció romper todos los puentes para el acuerdo y que encaminaba a Extremadura a nuevas elecciones, solo duró unos días, los que tardó la presidenta extremeña en traicionar su propia palabra. El PP cedió ante la extrema derecha y firmó un acuerdo por el que le entregaba una consejería, Gestión Forestal y Mundo Rural, y creaba las direcciones generales de caza y pesca. El acuerdo, en el que el PP asume la ideología ultra de Vox como en otras comunidades, también incluye la cesión del senador por designación autonómica al que tenía derecho el PP. Tras la firma del pacto, la líder del PP reconoció haber faltado a su palabra: “Pongo mi palabra por detrás de los intereses de los extremeños”.
Esta misma semana el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento extremeño ha secuestrado la voz del PSOE en los debates para favorecer a Vox, que con cinco diputados podrá presentar en cada debate hasta dos propuestas de impulso, las mismas que el PSOE, que fue el partido que ganó las elecciones en Extremadura. Antes de esta modificación, socialistas y 'populares' tenían derecho a tres propuestas de impulso.
Acuerdo en tiempo récord en la Comunitat Valenciana
Las negociaciones fueron más sencillas en la Comunitat Valenciana. El ahora presidente, Carlos Mazón, como tantos otros dirigentes del PP, se vio 'obligado' a moldear su opinión respecto a Vox tras el 28M si quería llegar a la Generalitat Valenciana. Mazón reiteró en diversas ocasiones antes de las elecciones autonómicas que no pensaba pactar con el partido de extrema derecha y que su “línea roja” era “gobernar en solitario” para conseguir un Gobierno “estable, que dé tranquilidad”.
Esa “línea roja”, sin embargo, se difuminó una vez se conocieron los resultados electorales, que ofrecían una suma PP-Vox que otorgaba una clara mayoría absoluta a la derecha y ultraderecha en la Comunitat Valenciana. Y como los números daban, apenas dos semanas después de las elecciones, PP y Vox habían cerrado un acuerdo para gobernar en coalición.
No obstante, y a pesar de lo que dijera en público, Mazón ya había revelado en conversaciones privadas, desveladas por elDiario.es, que estaba dispuesto a pactar con la extrema derecha para alcanzar el poder: “En el peor de los casos, tendríamos que chupársela a uno de Vox”, dijo el ahora president de la Generalitat en una conversación con cargos locales del PP de Alicante en relación a su predisposición a pactar con Vox para mantener la Diputación alicantina.
El 28 de mayo dejó un nuevo panorama político similar en Aragón, con una clara victoria del PP, que ganó 12 escaños aunque se mantuvo lejos de la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno, establecida en 34 representantes. Los números estaban claros esa noche y Vox, con siete escaños, tenía la llave para el futuro gobierno de la comunidad, puesto que no había una alternativa de izquierdas posible.
Acuerdos en Aragón y Balears
Sin embargo, la negociación fue larga y Azcón negó en varias ocasiones su intención de pactar con la formación de extrema derecha, manteniendo que su idea era formar un gobierno en solitario, es decir, obtener apoyo de cara a la investidura pero no incluir a Vox en el Gobierno. De hecho, desde Vox aseguraron que, 55 días después de las elecciones, Azcón no se había puesto en contacto con ellos, más allá del nombramiento de la presidenta de las Cortes, que fue el primer signo de que el pacto entre ambos partidos no estaba lejos.
No ha sido así: tras las negociaciones, el PP y Vox firmaron un acuerdo la primera semana de agosto en el que el segundo obtenía dos de las diez consejerías que finalmente han formado el gobierno de la comunidad.
En Balears, la actual presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, insistió en varias ocasiones, antes de las pasadas elecciones autonómicas, en que su partido no necesitaría de los votos de Vox, convencida de que el PP ganaría los comicios con holgura para poder gobernar en solitario. Tras tensas negociaciones, los populares han logrado gobernar en solitario pero no a cualquier precio.
Los de Santiago Abascal se abstuvieron en el debate de investidura, permitiendo a Prohens ser investida máxima autoridad de las islas, pero a cambio de la participación de los ultraderechistas en los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimiento de 110 medidas programáticas que excluyen gran parte de los compromisos anunciados por los conservadores, quienes asumen gran parte del ideario político de quienes se declaran antivacunas, niegan el cambio climático y la violencia machista, cargan contra el colectivo LGTBI y se confiesan supremacistas.
* Con información de Elisa Reche, Teresa Chaparro, Miguel Giménez, Candela Canales y Esther Ballesteros.