La presidenta de Loterías, Inmaculada García Martínez, ha conseguido volver a sublevar a los 413 trabajadores de la primitiva plantilla de la sociedad estatal. Este colectivo acaba de comprobar con estupor cómo han sido excluidos del seguro médico privado que la dirección de SELAE acaba de contratar únicamente para la cúpula y los 213 empleados de la extinta STL –empresa encargada de dar apoyo informático a Loterías–, y los familiares directos de estos.
En 2012 las dos plantillas se fusionaron en una sola. Sin embargo, esto no supuso una equiparación en derechos, ni salariales ni sociales, situación que los representantes de los sindicatos están hartos de denunciar. “Los privilegios de los que gozaban los compañeros de STL los siguen manteniendo. Esto ya es la puntilla”, lamentan los antiguos trabajadores de la sociedad estatal.
Los representantes de SELAE del CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, que son los que denuncian esta “discriminación”, se enteraron de la existencia de ese contrato médico al comprobar el pasado día 18 que en el dossier de prensa interno de la sociedad figuraba un recorte del periódico económico Expansión en el que se hacía mención a dos recientes concursos realizados por la dirección del organismo estatal.
El importe de este seguro de salud para dos años asciende a una prima de 817.920 euros y ha sido adjudicado a SegurCaixa Adeslas. Otras empresas como Mapfre, Asisa y Cigna también presentaron ofertas al concurso. El CSIF acusa a la presidenta de Loterías de “discriminación” y se preguntan por qué la póliza no cubre a la totalidad de la plantilla.
“La Presidenta de SELAE ha puesto en marcha un nuevo juego de lotería al que podríamos llamar 'Lotosalud' dónde sólo entran en el bombo los números asignados a dedo al personal de la extinta STL con un premio idéntico para todos ellos consistente en un jugoso seguro médico, complementario del sistema sanitario que ofrece la Seguridad Social”, aseguran en un nota informativa interna enviada a los trabajadores a la que ha tenido acceso eldiario.es.
“Desconocemos los conocimientos en ciencias de la salud de que disponen los miembros del Consejo de Administración de SELAE que en base a los mismos han determinado que los otros 413 trabajadores tienen tan buena salud que no hace necesario proveerles de seguro médico, mientras que deben suponer una salud quebradiza para los 213 trabajadores de la extinta STL y sus familiares, que parece hacer necesario dotarles de un seguro médico”, denuncian.
“Nos sorprende que la Presidenta de SELAE divulgue allí por donde va el famoso slogan de que 'El mejor premio es compartirlo', pero solo lo aplica parcialmente y de forma discriminatoria en esta Sociedad. El premio Gordo del nuevo sorteo ha vuelto a caer íntegro y por enésima vez al personal de la extinta STL, mientras el resto de la SELAE, no han obtenido ni el reintegro”, abundan en la nota que han distribuido.
No es la primera vez que los trabajadores muestran su descontento por la discriminación que están sufriendo. En 2013 ya denunciaron el “oscurantismo” y la “opacidad” en la gestión por parte de la dirección y “las diferencias salariales” que siguen existiendo entre ambos colectivos. Unas diferencias que también comparan con “los sueldos millonarios cuadros directivos”. La propia presidenta de SELAE gana 215.079 euros brutos al año, casi el triple que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro –80.260 euros–, de cuyo departamento depende Loterías del Estado.
Un seguro de “posibles errores involuntarios”
Pero las sorpresas para los representantes del CSIF no acabaron ahí. Además, comprobaron que la SELAE ha adjudicado a la compañía australiana QBE la cobertura de un seguro de responsabilidad civil de sus altos cargos “por la comisión de posibles errores involuntarios en su desempeño profesional”.
El importe de este seguro asciende a 65.000 euros. Incluye un límite de indemnización de 15 millones y cuenta con una franquicia de 25.000 euros, asumida por SELAE, “para gastos de defensa del personal citado”.
“Nos alarma que el Consejo de Administración de SELAE considere necesario la contratación de un seguro de responsabilidad civil para los altos cargos ya que dada su formación, capacitación intelectual y pertenencia en su mayoría a Cuerpos Superiores de la Administración del Estado no se consideren libres de cometer errores involuntarios en el ejercicio de las funciones de sus cargos”, afirman con ironía los responsables sindicales.
“Nos parece una auténtica vergüenza la contratación de este seguro cuyo importe asciende a 65.000 euros, con cargo al erario público, para eximirse de las posibles responsabilidades a que hubiera lugar por 'errores involuntarios' solo achacables a mala praxis en el ejercicio de sus funciones cuya responsabilidad debería ser en todo caso de carácter personal”, añaden.
Ante esta situación, el sindicato se dirige a Inmaculada García Martínez para hacer constar su malestar.
“Sra. Presidenta: estamos más que hartos de su comportamiento y el del Consejo de Administración de esta Sociedad respecto a la permanente discriminación de trato del colectivo del personal de SELAE no perteneciente a la extinta STL, frente al personal proveniente de la misma”.
“Sra. Presidenta, por enésima vez, no entendemos su indolencia y pasividad frente a la discriminación de trato que vienen sufriendo los referidos 413 trabajadores del total de 626 que componen la plantilla de SELAE. ¿Nos lo puede Ud. explicar? ¿Qué ha hecho, que está haciendo y qué va a hacer ante tan tremenda discriminación? Mantener y sostener que un familiar de un trabajador proveniente de STL tiene más derechos que el resto de los 413 trabajadores de SELAE, es inmoral, discriminatorio y contrario a la igualdad de derechos”, sostienen.