El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la suspensión cautelar del cambio de nombre de las calles de reminiscencia franquista en la capital dictada por un juzgado y añade que considera “incomprensible” que “el nombre de Francisco Franco” paralice la aplicación de una ley en 2017.
Fuentes del equipo de Gobierno de Manuela Carmena han mostrado su más absoluta “incomprensión” después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 23 de Madrid haya decretado la suspensión cautelar del cambio de nombre de las calles de reminiscencia franquista de la capital, recurrido por la Fundación Francisco Franco, aunque el juez condiciona la suspensión a que esta entidad pague 60.000 euros como garantía.
Según el auto, de fecha 24 de octubre, el Juzgado acuerda suspender el acuerdo de la Junta de Gobierno Ayuntamiento de Madrid de 4 de mayo de 2017 por el que se cambia el nombre de 52 calles, plazas y travesías en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
La Fundación Nacional Francisco Franco recurrió el acuerdo del Ayuntamiento el pasado mes de julio alegando que era “ilegal” y que la ley, “de marcado contenido ideologizante”, se estaba aplicando “de forma sectaria y revanchista”.
Además, argumentaba que el cambio de nombre de 52 cales conlleva “un fortísimo impacto económico para los madrileños, superior a los 55 millones de euros”.
Fuentes municipales han dicho a Efe que les parece “absolutamente incomprensible que el nombre de Francisco Franco siga en 2017 paralizando la aplicación de una ley aprobada en un parlamento democrático”.
Asimismo, además de recurrir el auto, el Ayuntamiento de Madrid solicitará al juez “como medida complementaria” que clarifique el plazo con el que la Fundación Francisco Franco debe abonar la garantía para las medidas cautelares.
El Pleno municipal del pasado mes de abril aprobó con los votos a favor del PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos y la abstención del PP el cambio de nombre de 52 calles de la capital, entre ellas las plazas del Caudillo, Arriba España o la calle de los Caídos de la División Azul, adaptándose así a la Ley de Memoria Histórica, diez años después de aprobarse.
La Junta de Gobierno ratificó esa decisión plenaria por tratarse del organismo competente para proceder al cambio, pero el pasado mes de julio el Ayuntamiento ya paralizó la sustitución de las placas con los nombres de estas 52 calles a la espera de que la Justicia se pronunciase sobre tres recursos que pedían su suspensión.