El próximo 4 de mayo los madrileños acudirán a su colegio electoral, cogerán una única papeleta con 136 nombres y la meterán en una sola urna; es un proceso que llevan repitiendo en todos los comicios autonómicos, pero que el PP ha querido cambiar en tres ocasiones. La propuesta más polémica de los populares tuvo lugar en 2011, cuando intentaron acabar con el sistema de circunscripción única para dividir la comunidad en 43 zonas que eligiera cada una a un diputado, un tercio del total; el resto se votarían en otra urna a la manera tradicional. Argumentaron que haría más democrático el proceso, pero de paso se aseguraban aumentar su representación hasta hacerse con dos tercios de la cámara regional.
Madrid no es la única comunidad autónoma que cada vez que vota lo hace con una sola circunscripción electoral, pero sí es, de lejos, la más poblada –más de cinco millones de electores– y la que más diputados elige. Para estos comicios serán 136, cuatro más que en 2019 por el aumento de población: con esa cifra se alza con el parlamento regional con más escaños, por delante de Andalucía (109) o Catalunya (135), ambos territorios con más habitantes que Madrid.
Sobre el sistema electoral madrileño han planeado propuestas de reforma prácticamente desde que quedó plasmado en el Estatuto de Autonomía en 1983, pero las dos más concretas las ha hecho el PP. Alberto Ruiz Gallardón solo llegó a esbozar la suya en 1995, con distritos uninominales, donde cada zona elige un único diputado, un sistema pensado para el bipartidismo y que anulaba completamente la proporcionalidad. La de 2003, de Esperanza Aguirre, proponía fijar el número máximo de diputados en 122 y dividir Madrid en 11 circunscripciones.
La más polémica se presentó en noviembre de 2011, también gestada durante los años de gobierno de Aguirre. En aquella ocasión el sistema fue una combinación de los dos anteriores: 86 diputados se elegirían a la manera tradicional, pero los 43 restantes se votarían en otra urna. El plan era dividir la comunidad en 43 zonas, y que cada una eligiera a un único diputado.
“Tenemos la preocupación y la percepción de que los ciudadanos no saben muy bien qué hacen los diputados. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestro sistema democrático”, dijo el entonces portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, encargado de defender la reforma. Este medio se ha puesto en contacto con él para para preguntarle por aquella propuesta, pero Vox, el partido al que pertenece ahora, no le ha permitido participar en este artículo.
Los partidos de izquierda alertaron al instante de que lo único que quería el PP era ampliar su mayoría parlamentaria. Señalaron como ejemplo que el mapa propuesto unía Rivas –granero de votos de la izquierda– con Arganda del Rey –por entonces feudo del PP–, una fusión que dejaría el diputado de esa circunscripción en manos de la derecha. Algunas simulaciones hechas entonces con ese sistema pronosticaron que el PP podría pasar de 72 diputados a entre 88 y 91; se llevaría entre 39 o 40 de los 43 escaños en disputa.
Gerrymandering y candidatos repartiendo favores
“Una división en 43 zonas uninominales es muy difícil de encajar en nuestra cultura política y muy difícil de limitar; es muy complicado conseguir distritos con la misma población, sin afectar a términos municipales o sin hacer divisiones sinuosas”, argumenta María Garrote, profesora de Derecho Constitucional que ha publicado varios artículos sobre el sistema electoral madrileño. “Exigiría una revisión continua porque, ¿qué pasa si de repente la población de una circunscripción se dispara porque pones un PAU?”, añade, y alerta también sobre que la proporcionalidad quedaría anulada en la elección de esos diputados.
El politólogo Alberto Penadés avisa sobre el peligro de que haya circunscripciones que elijan a un solo diputado al estilo de Reino Unido y rechaza la “visión romántica” que hay sobre que esos políticos serían más cercanos a los electores: “Los partidos ponen a gente con poder local, el empresario de la zona, el alcalde, el que lleva 40 años sabiendo repartir favores”. Señala, además, que suelen ser perfiles muy personalistas, con una amplia red de contactos, y que en ese terreno triunfan los “diputados conservadores”. “Normalmente son gente que si se afianza no hay quien los mueva”, añade.
Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, incide en este punto y dice que una reforma así nos habría llevado a un modelo inglés o norteamericano, cambiando por completo las reglas de competición entre candidatos y apostando “sin caretas” por un sistema que anula la proporcionalidad. Pero en su opinión, el gran riesgo de la fragmentación en circunscripciones de un solo diputado es el gerrymandering, la manipulación de las divisiones territoriales en beneficio de una opción política: “Sacas un mapa, cortas y haces dibujos, y eso puede servir para anular el voto en un sentido o en otro. Es muy complicado, tendría que hacerse con el bisturí de un cirujano”. Garrote coincide: “Hay un gran riesgo de manipulación, la única manera de evitarlo es con divisiones neutrales o asépticas, que no estén diseñadas ad hoc para las elecciones”.
Garrote ya ha propuesto en un artículo académico una división basada en la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS), una división creada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, y que darían como resultado seis circunscripciones. “Están hechas en Bruselas, alejadas de manipulación, son fijas y están consolidadas, son bastante funcionales aunque haya que hacer alguna modificación”, sostiene.
Penadés cree que el actual sistema, con una sola circunscripción, garantiza una mayor proporcionalidad y es partidario incluso de bajar la barrera del 5% de los votos para obtener representación –que ya dejó fuera en su momento a IU y amenaza con hacer lo mismo con Ciudadanos–. Insiste en que no está a favor de una división en pequeñas zonas: “Un sistema así le iría bien al PP, la competición personal le va bien, tiene líderes mucho más eficaces, son gente que sabe competir en la escala local, ajustando favores”. Y añade: “Las comunidades autónomas que han manipulado su sistema siempre es para obtener una ventaja a corto plazo”.
Garrote dice que se puede garantizar la proporcionalidad si el número de circunscripciones es limitado y se les dota de un mínimo de diputados. Su propuesta contiene unas cinco o seis circunscripciones con más de 20 diputados cada una: “Con cuatro escaños no es proporcional, pero si subes a nueve lo es más, y si es 18 es totalmente proporcional. Llega un punto, sobrepasados los 23 escaños, que ya no va a ser más proporcional por mucho que sumes diputados”.
Además, insiste en que por calidad democrática, los electores tienen derecho a unas circunscripciones más pequeñas que obliguen a los diputados a preocuparse por ellos. “Al no dividir excluyes las áreas con pocos electores, ¿para qué van a hacer campaña ahí los políticos si ese puñado de votos no va a decantar nada? Con una división por circunscripciones les obligas a visitarlas y a interesarse por sus problemas”.
Un parlamento sobredimensionado
María Garrote insiste en que el debate sobre la circunscripción va unido al del tamaño de la Asamblea de Madrid. En estos comicios se elegirán 136 diputados, cuatro más que en 2019, lo que sitúa el parlamento regional como el más grande de España y superior al de países con más población, como Holanda o Israel.
“Las listas de candidaturas son auténticas sábanas, cuando esta lista, además, es cerrada y bloqueada el elector no tiene más remedio que escoger una lista y votarla entera, 136 personas de las que puede que conozca como mucho a cinco”, argumenta. “La oferta queda en manos de los partidos”, añade Paloma Román, que recuerda que el problema es que el Estatuto de Autonomía no fijó un número máximo de parlamentarios y dijo que debían ir adecuándose a la población.
Además, Román incide en que se trata de un mecanismo cómodo para los partidos, a los que permite “pagar favores” a algunos políticos colocándoles en las listas para que se aseguren un escaño. “Hay que poner coto al crecimiento de la Asamblea de Madrid, ha habido ya dos o tres obras de reforma para acomodar a los diputados porque no caben”, comenta Garrote.
En Madrid, esos diputados han dejado de ser legisladores para ser “controladores”. Es decir, la cámara madrileña apenas tramita leyes –Ayuso solo ha aprobado una ley– y se dedica únicamente a controlar la acción del Gobierno y a debatir sobre los decretos que parten del Ejecutivo. “El número diputados va en función de las cámaras, si la función legislativa es fuerte hay muchas comisiones que exigen tener un número importante de diputados. ¿Pero que sentido tiene si apenas hay labor legislativa?”, se pregunta Garrote.
Como con las circunscripciones, los partidos madrileños han debatido en alguna ocasión la posible reducción del número de diputados. Pero modificar el Estatuto de Autonomía requiere una mayoría cualificada, esto es, un acuerdo entre partidos que nunca se ha dado. Garrote insiste en que es una de las urgencias democráticas en la Comunidad de Madrid: “Con tantos nombres se desapodera al elector, que solo vota al partido y es el partido quien selecciona a los diputados, daría lo mismo que estuvieran sus nombres o que no. Me parece de pésima calidad democrática”.