Madrid, Valencia y Baleares: el “eje de la prosperidad” del PP era un nido de corrupción
La Ciudad de la Justicia, Palma Arena, el Palau de les Arts. Tuneladoras; Fórmula 1, autopistas e inauguraciones a todo trapo... ¿Quién da más? Los Gobiernos de Madrid, País Valencià y Baleares presumían de ser el motor económico de España, frente al izquierdismo amigo de nacionalistas que mandaba en España y reformaba el Estatut de Catalunya poniendo en riesgo la “igualdad de todos los españoles”.
Esperanza Aguirre, Jaume Matas y Francisco Camps presumían de ser la vanguardia económica de España. Tan seguros de sí mismos se sentían en aquella orgía de dinero, poder y propaganda, que llegaron a programar actos públicos para celebrarlo. En julio de 2004 en Palma, los tres dirigentes del PP sellaron con gran estruendo mediático un acuerdo para fortalecer el “eje de la prosperidad” que decían encarnar.
La derrota electoral de Rajoy en 2004 hizo que los líderes regionales del PP se engallaran y se convirtieran en verdaderos barones, cuando no contrapoderes, con una ingente capacidad de influencia, que emanaba de sus mayorías absolutísimas, y dinero. Corrían los años de la burbuja inmobiliaria -los desarrollos urbanísticos y los precios del metro cuadrado inauguraron una nueva dimensión en Madrid, Valencia y Baleares- y había fondos públicos para repartir a través de unos presupuestos que engordaban año a año. Con la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP desalojado del Gobierno central, los poderes fácticos de los populares pasaron de la Moncloa a Madrid, Valencia y Palma.
La arrogancia fue tal que los otrora todopoderosos Esperanza Aguirre, Francisco Camps y Jaume Matas bautizaron las autonomías que gobernaban como el “eje de de la prosperidad”, frente a otros territorios donde el hambre de ladrillo no fue tan voraz. El propio Rajoy puso a Camps y a Matas como ejemplo de los Gobiernos que él aspiraba a liderar en mítines y actos públicos que las televisiones repiten cada vez que estalla un nuevo escándalo en el PP.
En 2008, con el estallido de la crisis financiera internacional y la caída de Lehman Brothers aquella fiesta se acabó de golpe. Se apagaron las luces. Y la factura de tantos años de desenfreno presupuestario se convirtió en déficit público.
Catorce años después de aquellos actos en los que se hacía de menos a las comunidades pobres, en mayo de 2018 y con el expresidente valenciano Eduardo Zaplana en prisión; con la carrera política de Esperanza Aguirre hecha trizas por los escándalos de sus personas de confianza; y con Matas condenado y Camps imputado por delitos muy graves, aquel eje de la prosperidad del que presumían los populares se ha convertido en una ciénaga de corrupción.
Aquella denominación que pactaron los presidentes de las tres comunidades populares prósperas en lo económico y que confrontaban a la socialista Andalucía y al tripartito catalán contrasta ahora con la situación judicial de aquellos líderes políticos. El expresidente balear Jaume Matas ya ha pasado por prisión, medio Gobierno de Esperanza Aguirre está a la espera de entrar o ya lo ha hecho y Francisco Camps está imputado en dos causas y uno de cada tres consellers de los gobiernos del PP valencianos están investigados judicialmente o en la cárcel. El último, Eduardo Zaplana, que también fue ministro en el Ejecutivo de José María Aznar. Más que un “eje de la prosperidad”, el de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y las Illes Balears fue una autopista para la corrupción.
Ruina y escándalo en Valencia
La Comunidad Valenciana se convirtió en las dos décadas de gestión popular en un lodazal donde la mitad de juzgados de Valencia investigan en estos momentos casos de corrupción vinculados con el PP de Camps y Zaplana, pero juzgados de Alicante, Orihuela o Castellón también se han visto colapsados por escándalos políticos del partido conservador. Esta semana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recordaba en el Parlamento valenciano que “el 34 % de todos los consellers del PP están ya en una causa judicial o en prisión”. Cifras que desmontan la teoría de los “casos ailados” y que han condicionado y condicionarán todavía más la política valenciana de los próximos años.
Y es que en 2018 y 2019 -año electoral- las investigaciones de los casos Taula, Visita del Papa y Fómula 1 seguirán instruyéndose, mientras que habrá juicios del caso Brugal y Blasco y sentencias como la de Emarsa, que corresponde al saqueo de más de 23 millones de euros de la gestión pública de la depuradora de Valencia.
La corrupción valenciana fue a caballo entre la burbuja inmobiliaria, la especulación urbanística y los grandes eventos. El primer factor estuvo motivado por las competencias de ayuntamientos y Generalitat para diseñar el planeamiento urbanístico, lo que generó numerosos casos de sobornos y pago de comisiones. En el segundo, las grandes obras como el Palau de les Arts, la Feria de Valencia o Terra Mítica y los grandes eventos como la visita del Papa o la Fórmula 1, sirvieron para que se inyectara gran cantidad de dinero público que en parte fue pasto de la corrupción. El PP dejó la comunidad prácticamente en quiebra y el Gobierno socialista que preside Ximo Puig trata de combatir ahora la herencia recibida.
La Comunitat Valenciana y Balerares se unieron en este huracán de casos de corrupción gracias a la Fundación Nóos y al cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín. Eso sí, mientras en este caso pendiente de sentencia firme se condenó al expresidente balear Jaume Matas, los altos cargos valencianos que regaron con millones de euros a la ONG real salieron indemnes y sin condena.
Baleares fue un calco de la Comunitat Valenciana ya que la corrupción se coció al calor de la burbuja inmobiliaria y el boom urbanístico de una autonomías que, como la valenciana, tiene como fuente importante de ingresos el turismo. Más de 30 antiguos responsables públicos del PP y Unió Mallorquina han sido condenados por prácticas corruptas.
Desde que estallara el caso Andratx en noviembre de 2006, se han juzgado más de 40 casos ya juzgados y ha habido 37 condenas de las que 30 son firmes. La nómina de políticos y antiguos cargos públicos que han pasado, están ingresados o tienen pendiente entrar en la cárcel está encabezada por personas que ocuparon las más altas responsabilidades en la comunidad: el expresidente del Govern Jaume Matas, la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar y los exconsellers autonómicos Josep Juan Cardona (Comercio), Miquel Nadal (Turismo) y Francesc Buils (Turismo).
Madrid y las ranas de Aguirre
A diferencia de los otros participantes en los actos del Eje de la prosperidad Esperanza Aguirre se ha librado de momento de condenas o imputaciones judiciales. Pero la sombra de la sospecha persigue a todos sus Gobiernos, después de que dos dirigentes de su máxima confianza, y enemigos entre sí, Ignacio González y Francisco Granados, entrasen en prisión acusados de cobrar comisiones ilegales, malversar fondos públicos y liderar organizaciones criminales.
Una traducción del apellido Granados sirvió a la Guardia Civil para bautizar la Operación Púnica, una red criminal que logró 250 millones de euros en contratos públicos de distintas administraciones. El exsecretario general del Partido Popular pasó más de dos años en la prisión de Estremera, que él mismo había inaugurado como consejero de Aguirre. El sumario constituye un auténtico tratado de delincuencia kisch.
En uno de los pasajes más sonados de los interrogatorios, su exsocio y constructor David Marjaliza, contó al juez que cuando Granados supo que los investigadores le seguían la pista le ordenó prender fuego a varios carritos de documentación con pruebas durante “un día de niebla”.
No había salido de una cárcel Granados y entraba en otra el que fuera su enemigo íntimo Ignacio González, este por el sumario Púnica, una investigación que destapó el cobro de comisiones ilegales en la compra de sociedades en el extranjero a través del Canal de Isabel II, una empresa pública con mil millones de presupuesto anual.
Al ver caer a su sucesor, Aguirre escenificó su tercera dimisión en política, esta vez la definitiva. A González lo sucedió en la presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que también está de vuelta en la vida civil. El escándalo de su máster falso la forzó a abandonar la actividad pública después de dejar a su partido hundido en las encuestas.
Hasta la eterna promesa de la derecha española ha acabado fuera de la carrera. El expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de la capital, exministro de Justicia, y ex casi todo en el PP, Alberto Ruiz Gallardón, ha acabado imputado por una antigua compra de una sociedad del Canal de Isabel II en América. El caso apenas ha dado sus primeros pasos en la Audiencia Nacional.
El que se ha cerrado definitivamente es el de Gürtel, una organización criminal que operó entre el PP y determinadas instituciones públicas inflando precios de contratos para obtener comisiones y pagar campañas. Ya hay condenas por las prácticas de Correa y cía y en Valencia y en Madrid.
Casi quince años después, las cifras macroecónomicas de Madrid resisten en todo caso mejor que las de Valencia y Baleares. El PP conserva a duras penas el Gobierno en Madrid gracias al salvavidas de Ciudadanos y con el tercer presidente en tres años, Ángel Garrido, un líder interino.
En Valencia y Baleares dos gobiernos de izquierdas llevan tres años intentan lidiar con la resaca de aquella orgía de poder y dinero público. Catorce años después de aquel eje de la prosperidad no quedan ni las cenizas.
