Las afirmaciones realizadas en la mañana de este miércoles por Pedro Sánchez dando a entender que la Fiscalía ha seguido sus instrucciones al emitir la euroorden para la extradición de Carles Puigdemont han soliviantado a sectores del Ministerio Público. Por la tarde, la Fiscalía del Tribunal Supremo destacó en un comunicado que todas las actuaciones desarrolladas en la causa del procés “se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del ministerio fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”.
Las primeras reacciones del día llegaron de las asociaciones profesionales, que reiteraron el carácter “autónomo” de la institución. En un comunicado, la Asociación de Fiscales, mayoritaria y de carácter conservador, asegura que esta institución es “independiente”, solo depende de la “legalidad” y “no cumple órdenes del Gobierno”. El colectivo también lamenta el “desconocimiento” de Sánchez sobre las funciones del Ministerio Fiscal y asegura que esas declaraciones “no se ajustan a la realidad” y generan en la ciudadanía una “confusión inaceptable”.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), segunda en representación de la carrera y a la que pertenece la fiscal General del Estado, María José Segarra, también ha reaccionado a las palabras de Sánchez. “El Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes a la Fiscal General, que quede claro”, ha difundido el colectivo a través de un mensaje en Twitter.
Sánchez aprovechó el debate de este lunes para cuestionar que Puigdemont huyera de España tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy. “Me comprometo aquí y ahora a traerlo y que sea juzgado por la justicia española”, dijo con toda solemnidad. La afirmación fue polémica y el independentismo se revolvió. “¿Me va a secuestrar?”, ironizó el expresident de la Generalitat desde Bélgica.
En una entrevista en RNE este miércoles, Sánchez ha sido interpelado por esa cuestión y ha defendido la labor de su Gobierno en esa dirección. “Lo estamos haciendo”, ha dicho sobre el compromiso de traer a Puigdemont y, a partir de ahí, ha explicado que el juez Pablo Llarena ha solicitado la euroorden contra él y otros exconsellers a instancias de la Fiscalía.
“Eso es el Estado”, le ha contestado el entrevistador. “¿La Fiscalía de quién depende?”, ha rematado Sánchez. “Estamos esperando a ver cuál es la decisión de la justicia belga (...). Estamos haciendo que más pronto que tarde responda ante la justicia”, ha añadido después.
El líder del PP, Pablo Casado, en un acto en Barcelona, también se ha referido a estas declaraciones. “Cuando dice que es el Gobierno el que manda sobre la Fiscalía. ¿Entonces por qué no está actuando ya contra el señor Torra?”, se ha preguntado. “Si no es así como dicen los fiscales espero que el Gobierno respalde la acción de la Fiscalía General del Estado”, ha añadido, informa Iñigo Aduriz.
En la polémica ha terciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha remarcado que el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno, al tiempo que ha negado de forma tajante injerencias políticas en las decisiones judiciales, informa Esther Palomera. “Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que está escuadrado en el ámbito del poder judicial, pero no es poder judicial”, ha asegurado antes de emplear, como Sánchez, una figura retórica: “¿El fiscal o la fiscal general del Estado, quién lo nombra, según dice el artículo 124 de la Constitución? ¿Quién lo nombra? El Gobierno”.
Otra declaración de Carmen Calvo que mezclaba el poder judicial con el legislativo ya causó polémica hace unos días. La número dos del Gobierno de Sánchez advirtió a Bélgica de las medidas que tomaría España si sus jueces no responden afirmativamente a la nueva solicitud de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont, y que fue ampliada ayer martes a otros tres exconsellers. “Tomaremos nuestras medidas”, dijo Calvo.
“Sorpresa” en la Fiscalía del Supremo
Según fuentes fiscales, las palabras de Sánchez “dan munición a la defensa de Puigdemont para defender que todo esto no es más que una persecución política cuando no es así”. Estas mismas fuentes aseguran que con sus declaraciones, el presidente en funciones “está interfiriendo en el sistema judicial” y concluyen que lo dicho es “un brindis al sol”. La defensa de Puigdemont va a utilizar en su escrito de oposición a la entrega de Puigdemont tanto las declaraciones de Sánchez como las de Calvo.
Las declaraciones realizadas por Sánchez este miércoles contrastan con las realizadas hace poco más de un año, cuando rechazó dar órdenes a la Fiscalía para que modificara su posición en el juicio del procés, tal y como le reclamaban ERC y PDeCAT y abogó por respetar la “autonomía” del Ministerio Fiscal. “El Gobierno va a a respetar la legalidad y también la autonomía de la Fiscalía”, aseguró entonces.
De hecho, en la causa del procés, la Fiscalía calificó el proceso soberanista que desembocó en la declaración unilateral de independencia como un delito de rebelión y reclamó duras penas de prisión para sus promotores. La Abogacía del Estado, que sí depende estrictamente del Gobierno, descartó finalmente el delito más grave de rebelión y acusó a los líderes independentistas por sedición. Este fue finalmente el delito que se les atribuyó en la sentencia dictada el pasado 14 de octubre.