Una fundación en Bahamas, cuentas en Suiza, un gestor con experiencia en esconder dinero de dudosa procedencia, una antigua amante que decide tirar de la manta y ahora también un maletín repleto de billetes. Las revelaciones sobre la relación de Juan Carlos I con el dinero sitúan al ex jefe del Estado en el centro del imaginario de la corrupción, con los elementos propios de los grandes casos de corrupción que afloran en las investigaciones de los tribunales españoles.
Por el momento, los instrumentos y protagonistas del sistema de Juan Carlos I para esconder el dinero al fisco español son objeto de una causa secreta de la Fiscalía del Cantón de Ginebra donde hay al menos tres imputados: la empresaria alemana Corinna Larsen, expareja del rey y receptora de parte de sus fondos; el gestor financiero al que recurrió el monarca, Arturo Fasana; y el abogado que trabajaba con éste Dante Canónica.
En el marco de esa causa, Fasana declaró en octubre de 2018 al fiscal del caso, Yves Bertossa, que Juan Carlos I le llevó en un maletín a Ginebra 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) en billetes para que los guardara. La Banca Mirabaud no tuvo problema en aceptar hacer el ingreso por la relación que tiene con el gestor financiero, según ha declarado también al fiscal su responsable de entonces. El contenido de estas declaraciones judiciales fueron adelantadas este viernes por El País.
Para poner en valor la escena hay que recordar que en ese momento, en el año 2010, Juan Carlos I era el rey de España y jefe del Estado. Los 1,7 millones de euros procedían de una supuesta donación que había hecho al monarca español el sultán de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa. Según se desprende de la declaración de Fasana, que habla de una entrega en mano, Juan Carlos I tendría que haber aprovechado su condición de jefe de Estado para evitar los controles aduaneros y en los que un maletín con tantos billetes habría sido detectado.
“Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa a Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones [de dólares] del sultán de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar un ingreso del cliente] y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí”. Fasana explicó en su declaración judicial que el rey emérito acudió a su domicilio particular con una maleta donde el entonces rey de España guardaba el dinero.
Arturo Fasana comenzó a ser conocido en España por su detención en el caso Gürtel cuando estalló en 2009. El juez Antonio Pedreira le tomó declaración y decretó su libertad. Ha estado diez años imputado, pero el mes pasado la causa contra él quedó archivada. En el auto que pone fin a la instrucción, el magistrado José de la Mata asegura que “no han quedado debidamente acreditados los delitos que se le atribuían” y que no hay “indicios bastantes” de que participara en las operativas de ocultación de fondos que se le atribuían.
Fuentes jurídicas vinculan el archivo de la causa contra Fasana en Gürtel a su colaboración con la justicia y a haber aportado documentación para sostener la acusación contra los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, y contra los empresarios Ramón Blanco Balín y Fernando Martín. Fue Blanco Balín, expresidente de Repsol y amigo personal de José María Aznar, quien presentó a Correa al gestor de fondos que también se encargaba del dinero del rey de España.
Precisamente, ese cliente de Fasana, Juan Carlos de Borbón, era la garantía que ofrecía el gestor suizo a sus clientes españoles para blindarles de posibles investigaciones. Según la confesión de Correa que eldiario.es reveló en noviembre de 2015, Blanco Balín le dijo: “La importancia de los clientes (de Fasana) y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, me dice que me quedase muy tranquilo”. En el juicio de la pieza principal de Gürtel, celebrado hace casi cuatro años, Correa dijo sobre la identidad de esa relevante personalidad: “No lo digo porque si lo hago salgo esta tarde en todos los periódicos”.
Ya con decenas de años de condena a sus espaldas, el líder de la trama Gürtel se volvió a sentar el pasado marzo en el banquillo de la Audiencia Nacional por la pieza del viaje del Papa a Valencia y en su declaración del día 12 aseguró que en la cuenta Soleado del Credite Suisse de Ginebra, a nombre de una sociedad de Fasana llamada Rhone Gestion, estuvo su dinero como también han pasado por ella “las grandes fortunas del país, incluida la del rey de España”.
Correa declaró a eldiario.es que en uno de los viajes que realizó a Ginebra con Blanco Balín, Arturo Fasana, con quien había adquirido “cierta confianza”, le “acreditó visualmente la realidad” de lo que le había explicado el expresidente de Repsol sobre el blindaje que suponía tener en una misma cuenta a un cliente tan importante. De ser cierto, Fasana ha utilizado más de una entidad bancaria para esconder el dinero de Juan Carlos I de la Hacienda española ya que ha declarado que ingresó los 1,7 millones de euros del maletín en la Banca Mirabaud y no en el Credite Suisse.
Suiza informó de Granados por ser “persona expuesta”
A diferencia de lo ocurrido con acusados de corrupción en los tribunales españoles, a Juan Carlos I no le perjudicó ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP), la denominación financiera que atribuyeron las autoridades suizas a Francisco Granados y el motivo por el que informó de una cuenta del político del PP en un banco del país. Lo peor que le ocurrió al rey emérito es que en 2012, tras el escándalo de Botswana, la banca privada Mirabaud le recomendó que retirara el dinero que había ingresado a nombre de la fundación Lucum en una cuenta abierta en 2008 procedente de Arabia Saudí, 100 millones de dólares.
El dinero viajó entonces de Suiza a Bahamas, concretamente a una cuenta de Corinna Larsen en el país caribeño. En Bahamas también está el domicilio fiscal de la fundación Lucum, cuya legislación permite esconder a los titulares de las sociedades. El diario británico The Telegraph desveló el pasado 14 de marzo que el actual jefe del Estado español, Felipe VI, es el segundo beneficiario de los fondos de la fundación Lucum.
La noticia del rotativo londinense provocó que la Casa Real hiciera público un comunicado anunciando que Felipe VI renuncia a cualquier herencia de su padre y que le quita la asignación anual de casi 200.000 euros de dinero público. Zarzuela admitía que tomaba esa última decisión pese a que conocía desde hacía un año los hechos porque así le había informado un abogado de Corinna Larsen.
Felipe VI también es beneficiario de una segunda fundación, de nombre Zagatka y radicada en Leichenstein, al frente de la cual está Álvaro de Orléans, un primo de Juan Carlos I. Según expertos en Derecho Civil, la renuncia de Felipe VI es simbólica porque no se puede renunciar a la herencia de una persona que aún vive. El rey de España acudió a un notario para dejar por escrito la renuncia y después informó al Gobierno.
Las “ocho cajas negras” de Corinna
Juan Carlos I se enfrenta así a la documentación que guarda Corinna Larsen de la relación comercial que ambos tenían y que ella guarda en “ocho cajas negras”, según informó la empresaria alemana al juzgado de Madrid que resolverá la querella del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, contra el comisario encarcelado José Manuel Villarejo. Larsen también ha anunciado acciones legales contra Juan Carlos I en Reino Unido por la campaña de amenazas que asegura sufre desde que dejó la relación con él y que encabeza supuestamente Sanz Roldán.
La información que acumulan las antiguas amantes se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para algunos investigados por corrupción. Es el caso del hijo mayor de Jordi Pujol con Victoria Álvarez, cuya declaración está en el inicio de la investigación de la Audiencia Nacional contra el empresario y otros miembros de la familia del expresident. Con una diferencia, Larsen está siendo investigada en la causa por blanqueo de capitales agravados del fiscal suizo Yves Bertossa.
La inviolabilidad del rey en el momento de los hechos dificulta la imputación de Juan Carlos I –ahora aforado ante el Tribunal Supremo– en Suiza y más aún en España, aunque expertos jurídicos ven posibilidades de investigar al rey emérito si el delito fiscal se ha prolongado más allá de su abdicación. Otros indican que la inviolabilidad que protege al monarca por hechos anteriores a 2014 no alcanza a la justicia de Reino Unido o Suiza.