El Tribunal Supremo, un juzgado de Barcelona y jueces escoceses, belgas y alemanes tratan de determinar cómo pagó la Generalitat los gastos de organización del referéndum del 1-O, sin que hasta ahora se haya podido concluir de dónde salieron esos fondos. La Guardia Civil apunta al desvío de dos millones de euros de dinero público, pero el ministro de Hacienda lo niega públicamente. Tras descartar la rebelión, Alemania plantea dudas sobre el delito de malversación, el único que ahora podría motivar la entrega de Carles Puigdemont a España. El expresident de la Generalitat declaró que el referéndum se pagó con fondos de una caja de resistencia y con ayuda de algunas empresas que renunciaron a cobrar por sus trabajos.
El primero que comenzó a seguir el rastro de ese dinero fue el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Apuntó a un desvío de 6,2 millones, el resultado de la suma de 5,8 millones incluidos en los presupuestos de la Generalitat para “procesos electorales y participativos” y otros 400.000 euros incluidos en otras dos partidas con ese mismo fin. La Fiscalía incluyó esa cifra cuando presentó su querella por rebelión contra los miembros del Govern y la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la usó para imponer una fianza a los investigados.
Los problemas llegaron cuando el caso pasó al Tribunal Supremo. Pablo Llarena anuló esa fianza con el argumento de que no existía “ninguna base probatoria” de que la cantidad malversada alcanzase los 6,2 millones de euros. De hecho, la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ha sostenido siempre que esas partidas no se ejecutaron porque estaban suspendidas por el Tribunal Constitucional, y así se lo certificó a Lamela y a Ramírez Sunyer.
Desde entonces, Llarena ha intentado acreditar que el Govern utilizó dinero público para pagar el referéndum y para ello ha contado con la ayuda de la Guardia Civil. En un primer informe, el instituto armando apuntó al uso de 1,6 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat para sufragar la compra de material y la publicidad del referéndum. El juez pidió entonces más datos, los documentos y pruebas que sustentasen ese primer informe. La respuesta ha sido un documento de nueve páginas en el que la malversación se eleva a 1,9 millones de euros.
La mayoría de ese gasto es el destinado a pagar a Unipost por sus “servicios” para el referéndum. En total, 980.313,76 euros que se habrían repartido entre las conselleries de Presidencia, Vicepresidencia, Cultura, Salud y Trabajo. El problema es que los agentes, que encontraron estas facturas en la sede de Unipost, no han localizado su reflejo en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat, ni tampoco constan como pagadas. Los propios responsables de la empresa declararon en Barcelona que no habían cobrado. Es decir, casi la mitad del dinero presuntamente malversado no se llegó a pagar.
El informe también alude al supuesto pago de 152.578,63 euros en material electoral. Esta partida también presenta un problema, porque la Guardia Civil obtiene esa cifra gracias a una estimación que toma como referencia un acuerdo marco para el suministro de material para elecciones ordinarias. Se reseñan otros 47.365 euros destinados a pagar a los observadores internacionales, pero la Guardia Civil también admite que no sabe si finalmente se abonaron. Sobre los 40.591,22 euros que los agentes dicen que la Generalitat se gastó en hoteles y vuelos para esos observadores no hay facturas.
Del informe se desprende que sí hay constancia documental del gasto de 502.639,61 euros en publicad para el referéndum y los 119.700 euros pagados al The Hague Centre for Strategic Studies, la fundación holandesa que habría enviado los observadores internacionales. También está claro que se pagaron los 17.690 euros por un acto en el Teatro Nacional de Catalunya, que fue abonado por Jordi Turull “en calidad de presidente” del grupo parlamentario de JxSí. El propio grupo informó en julio que había asumido ese gasto para ahorrárselo al Govern.
El informe, además, contiene dos errores en sumas referentes a las cantidades supuestamente gastadas en los observadores internacionales de la votación. Las transferencias para The Hague Center -119.700 euros- y el “compromiso de pago” de 47.365 euros para observadores se elevan a 177.965 euros en el informe policial, 10.000 euros menos que la suma real.
En una tabla referente a los gastos de alojamiento y de viaje de los observadores, los agentes sostienen que la cifra asciende a 40.591,22 euros, cuando la suma de todos los conceptos que aparecen en la tabla es de 25.303,86 euros. Con todo, de confirmarse los errores no supondrían grandes cambios en los 1.932.757,42 euros presuntamente malversados: apenas 25.287,36 de diferencia.
Montoro, convertido en argumento de las defensas
Por su parte, el titular del Juzgado 13 de Barcelona apuntó en un auto que parte de los fondos procedían del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de los que la Generalitat se había nutrido durante los últimos años. Sin embargo, no aportaba pruebas, sino que se trataba de una deducción: puesto que ese fondo era la principal fuente de ingresos, parte del gasto para el 1-O tenía que venir de ahí.
En medio de esta farragosa investigación ha irrumpido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha convertido en argumentos de las defensas para negar el delito de malversación. Durante un pleno del Congreso en agosto dijo que no se había usado un euro del FLA para el 1-O, pero en una entrevista reciente amplió su afirmación: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”.
Llarena le ha pedido los argumentos que sustentan esa afirmación, y que ponen en duda los informes de la Guardia Civil. Ante eso, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, se ha apresurado a decir que el control que ejerce Hacienda sobre las cuentas catalanas -el argumento de Montoro para negar el desvío de fondos- no es total. La Generalitat tenía fondos disponibles de sus impuestos propios, ha dicho, y ha deslizado la posibilidad de que se falsearan facturas. Durante una comparecencia en el Congreso, se ha reafirmado en la primera afirmación de Montoro: del FLA no salió nada.
Puigdemont alude a la caja de resistencia
La disputa entre Montoro y Llarena se produce en un momento delicado del proceso, cuando está pendiente si Alemania entrega a Carles Puigdemont por el delito de malversación, una vez rechazado el de rebelión. El tribunal de Schleswig Holstein ha pedido más datos al Supremo porque, aunque ve al expresidente “corresponsable” de esos gastos, no tiene la certeza de que se abonase con dinero público.
Esas dudas nacen en parte de la declaración del propio Puigdemont ante el tribunal alemán. Durante la vista, aseguró que parte de los gastos no se habían llegado a pagar, y que otra parte se abonaron con la caja de resistencia que pusieron en marcha ANC y Òmnium, según fuentes de la defensa. La propia Guardia Civil apuntó a que estas organizaciones habían aportado 1,5 millones de euros para financiar el 1-O.
Además, Puigdemont indicó a los jueces alemanes que el referéndum también fue posible porque algunas empresas rechazaron cobrar por sus trabajos. Esta tesis cuadra con que Unipost no haya cobrado los 980.000 euros que se recogen en el informe, y solo haya reclamado el importe que se corresponde con el IVA.
¿Hay delito si no se pagó?
Las defensas de los exconsellers confían en poder tumbar el delito de malversación. Las palabras de Montoro son solo una de sus armas, a las que van a sumar los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que se negó a imputar este delito a Artur Mas cuando le investigó por la consulta del 9-N, que costó 5,1 millones. El tribunal dijo que el dinero no se había empleado para “usos ajenos a la función pública” y que los compromisos de gastos de la Generalitat se habían adquirido antes de que el Constitucional los suspendiese.
Además, las defensas de los exconsellers cuentan con la baza del testimonio favorable de algunos empresarios. Responsables de Unipost, de empresas de publicidad y de la nave de Bigues y Riells donde se incautaron las papeletas han asegurado ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona que no han cobrado de la Generalitat por los trabajos realizados. ¿Si no hay factura y no se ha cobrado, hay delito? Fuentes jurídicas consultadas apuntan a la posibilidad de que si el juez y la Fiscalía descartan la malversación –una hipótesis en la que no trabajan las defensas– se podría perseguir a los exconsellers por tentativa de malversación, lo que aligeraría las eventuales penas de cárcel.