El magistrado que lleva las riendas de la causa contra Begoña Gómez ha dado entrada en el procedimiento a varias acusaciones populares vinculadas a la extrema derecha: los denunciantes, Manos Limpias, el partido Vox y el abogado y youtuber conspiranoico Aitor Guisasola serán los encargados de impulsar las diligencias en pleno enfrentamiento del juez Peinado con la Fiscalía. Los aspirantes a llevar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno han pagado fianzas de 10.000 euros por cabeza mientras otras organizaciones ultras como HazteOir o dos partidos políticos hacen cola para formar parte del caso.
Manos Limpias, el pseudo sindicato liderado por el ultraderechista Miguel Bernad que desde hace más de una década impulsa sin éxito acciones penales de forma masiva, fue quien interpuso la primera denuncia. Ocho noticias sobre Begoña Gómez, una de ellas un bulo sobre una falsa subvención, acompañadas de mensajes de WhatsApp de un periodista que firmaba algunas de esas informaciones.
“Pienso que tendría que haber dimitido, allá él, van a aparecer bastantes más pruebas donde no solamente la incriminan a ella sino también a él”. Fueron las palabras de Bernad en la puerta de los juzgados de Majadahonda el pasado 29 de abril, mientras Luis Rubiales declaraba en su interior y minutos después de que Pedro Sánchez anunciara que no abandonaba el cargo después de la apertura de diligencias contra su esposa. Un día después presentó en el juzgado un documento de 17 páginas titulado “tráfico de influencias desde el palacio de La Moncloa” en el que aportaba documentación accesible desde el Boletín Oficial del Estado y la plataforma de contratación del sector público.
El sumario también revela que siguió ampliando su denuncia y que llegó a pedir al instructor que le quitara el pasaporte a Begoña Gómez porque podía “aprovechar sus contactos internacionales para obstaculizar e incluso destruir pruebas”. La organización ultra difundió su petición pero no la respuesta que recibió del juez hace unas semanas: “La pretensión es totalmente infundada y descabellada”.
Manos Limpias pagó el pasado 22 de mayo los 10.000 euros que pidió el juez como peaje para poder ejercer la acusación popular. También lo hizo Vox, que se persona en una nueva causa mientras el Tribunal Supremo inadmite de forma sistemática las denuncias y querellas que interpone contra miembros del Gobierno, del Congreso y líderes políticos independentistas por la ley de amnistía. Con la causa teóricamente parcialmente bajo secreto, las partes –también la defensa de Begoña Gómez– pudieron acceder a parte de las actuaciones “a fin de preservar el principio de igualdad de armas”.
Ese mismo 23 de mayo Manos Limpias, ya como acusación popular y no solo como denunciante, accedió a la única diligencia que se había puesto en marcha: la testifical de dos periodistas que acudieron al juzgado a defender la veracidad de todas sus informaciones. Declaraciones en las que también negaron haber tenido conocimiento de “ningún tipo de presión” por parte de Begoña Gómez para adjudicar contratos públicos a empresarios concretos, y reconociendo que esas cartas de recomendación que se investigan son “un medio frecuente en la adjudicación pública”.
“Hago lo que puedo contra este Gobierno”
Esa documentación también fue remitida a otra de las acusaciones populares que han pagado 10.000 euros para formar parte del proceso. El llamado Movimiento de Regeneración Política de España dirigido por Aitor Guisasola. Un letrado conocido por su canal de YouTube donde acumula más de 400.000 seguidores. Y donde ha conseguido los 10.000 euros para formar parte del proceso contra Gómez, afirmando que incluso le ha sobrado dinero que usará en otros procesos en los que, dice, participa aunque al mismo tiempo asegura que hace todo este trabajo de forma gratuita.
Guisasola y su Movimiento fueron aceptados como acusación popular en el proceso el 22 de mayo, poco después de pagar la fianza. Dos días después, y con la investigación todavía bajo secreto de sumario, el abogado subió un vídeo en el que difundió documentación de la causa: el escrito en el que el juez pedía analizar las vistas que el fiscal hacía al juzgado. “Yo podré transmitiros lo que se pueda, lo que sea secreto obviamente no”, dijo poco antes de pedir “un like” y publicar el documento en pantalla: “Es tremendo lo que nos han notificado”. El secreto de sumario no se levantó hasta varios días después.
En su vida diaria en los juzgados, según la base de datos del Poder Judicial, Guisasola es un abogado especializado en defender los intereses de las aseguradoras. En su vida digital, Guisasola se presenta como un letrado que interpone acciones penales contra el ejecutivo central con un objetivo: tumbar al Gobierno. “Intento hacer lo que puedo contra este Gobierno”, explicaba en un vídeo con 200.000 visualizaciones. “Podemos es un gran cáncer”, afirmaba en otro.
Precisamente Guisasola fue acusación popular en el fallido caso Neurona, que durante tres años indagó las cuentas del partido de Ione Belarra antes de cerrar la causa por no encontrar irregularidades. También ha denunciado sin éxito al propio Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo acusándole de malversar dinero público en la presentación de uno de sus libros. Con dos katanas, un cartel de Batman y un casco de Star Wars de fondo, Guisasola se presenta como “un abogado contra la demagogia” mientras despliega una batería semanal de titulares engañosos, fotomontajes y especulaciones: desde cuestionar la investigación judicial de los atentados del 11 de marzo de 2004 hasta indicar a sus seguidores cómo descubrir la identidad de la víctima de Dani Alves.
“No es una cuestión de conspiranoias, es que las versiones oficiales es obvio que fueron falsas”, dijo sobre la masacre de Madrid. También ha dedicado varios vídeos a especular con que Begoña Gómez sea transexual, uno de los habituales bulos de la extrema derecha y que ha llevado al banquillo a la conspiranoica Pilar Baselga. “La Justicia dicta inconstitucionalidad de la amnistía”, tituló un video aunque la ley no está ni en vigor. “El Estado es una mafia. El Estado tendría que estar simplemente para garantizar la seguridad, la sanidad y la educación, y punto”, dijo cuando contó a su audiencia que Hacienda le reclamaba 33.000 euros por usar dinero de un fondo privado de pensiones para amortizar un préstamo.
“El tema avanza”, explica en uno de sus vídeos para después comentar que el Supremo ha inadmitido una de sus denuncias. “A la cárcel”, reza la imagen de unos de sus vídeos con una foto de Pedro Sánchez, un vídeo en el que explica que, en realidad, la Fiscalía ha pedido inadmitir una de sus múltiples denuncias. En el escrito en el que este abogado pide la personación en el caso de Begoña Gómez aporta un informe pericial de Gabriel Araújo, socio del agitador ultra Luis 'Alvise' Pérez.
Dos partidos políticos y HazteOir
La nómina de acusaciones populares está pendiente de aumentar en las próximas semanas. Dos partidos políticos sin representación parlamentaria han pedido al juez formar parte del proceso, pero por el momento no han reunido la fianza de 10.000 euros exigida de forma transversal por el magistrado. Uno de ellos es el partido “PorTodos”, presidido por la abogada María Girona, una de las responsables de la sección de derechos de los animales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Su partido ha pedido al juez que rebaje la cuantía de la fianza al no tener dinero para afrontarla. Un argumento similar, según explican desde la formación, al usado en otra causa en la que ejercen la acusación popular: las diligencias abiertas contra la exdelegada del Gobierno en Madrid por permitir una manifestación neonazi en Chueca.
Otro partido político que está pendiente de recopilar los 10.000 euros y poder hacer efectiva su personación en los próximos días es Iustitia Europa, liderado por el abogado Luis María Pardo y que se presenta a las próximas elecciones europeas. El letrado, antiguo guardia civil según su página web, afirma ante el juzgado que el caso de Begoña Gómez podría estar relacionado con el 'caso Koldo' de fraude en la compra de material sanitario durante la pandemia. En su página web, añade que también podría estar relacionado con el 'caso Pegasus' de espionaje y acaba de querellarse en el Supremo contra Santiago Abascal por reunirse con Netanyahu.
Durante la pandemia este letrado representó a la asociación Liberum, de la que ahora está desvinculado. Se trata de una organización antivacunas que presentó sin éxito varios recursos en el Constitucional para evitar la vacunación de niños y ancianos y que, en la actualidad, ejerce la acusación del 'caso Koldo', intentando ya por dos veces sin éxito que la Audiencia Nacional llame a declarar a la esposa del presidente del Gobierno.
Después de la aceptación de Vox está por ver el desembarco de la asociación ultracatólica HazteOir en la lista de acusadores populares en el caso de Begoña Gómez. Fueron los primeros en presentar diversas denuncias ante la Fiscalía, tanto la de Madrid como la europea, así como una querella después de que la denuncia de Manos Limpias fuera admitida a trámite. Por el momento han anunciado que van a pedir los movimientos bancarios de Gómez y han anunciado una nueva denuncia contra Sánchez en el Supremo por malversación.
La apertura de diligencias ha recibido esta semana el aval parcial de la Audiencia Provincial de Madrid. Los jueces han rechazado el recurso de la Fiscalía en su mayor parte pero han pedido al magistrado que se centre en el único aspecto de la denuncia de Manos Limpias que, según su criterio, supera el filtro de la mera especulación: las adjudicaciones públicas a la UTE del empresario Carlos Barrabés.