Los altos cargos no pagan sus multas de tráfico como el resto de los ciudadanos. Aparcar en zona prohibida o exceder los límites de velocidad tiene consecuencias diferentes a las habituales para quien viaja a bordo de un coche oficial. Es habitual que diputados, ministros y otros altos cargos aludan a “razones de seguridad” cada vez que reciben una sanción por el uso de sus vehículos. En el Congreso viajan en conche oficial con conductor los portavoces parlamentarios y miembros de la Mesa. El resto de diputados viajan en sus vehículos particulares o en los medios de transporte que el Congreso les abona al efecto de sus desplazamientos (avion, tren y taxi). A la hora de pagar las multas de los coches de autoridades, algunas instituciones como el Congreso de los Diputados tienen en sus presupuestos partidas especificas para abonar las sanciones con dinero público, como adelantó el diario.es el pasado mes de septiembre.
En el Congreso se han establecido dos modos para enfrentar las denuncias que afectan a los vehículos de su parque móvil. Según fuentes del Congreso en caso de que la sanción recibida comporte la pérdida de puntos, la cámara baja elude ofrecer la identidad de quien conduce el coche sancionado y abona la multa pagando todos los recargos. Si la sanción no supone la pérdida de puntos para el conductor, el Congreso se limita a recurrir aludiendo motivos de seguridad. La Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones es el departamento encargado en el Congreso de los Diputados de responder a las denuncias. El siguiente documento refleja uno de los recursos presentados por el Congreso. Corría el año 2009 cuando un agente de la policía municipal de Madrid decidió multar al vehículo de uno de los miembros de la Mesa por aparcar en zona reservada para minusválidos. Las excusas planteadas por el Parlamento: razones de seguridad.
El vehículo al que se refiere el documento es un Audi A6 propiedad de una empresa de renting catalana a la que el Congreso contrata parte de su flota de vehículos oficiales. Un coche similar al que usa la ahora la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, y con el que protagonizó este vídeo de impaciencia en las puertas del Congreso mientras esperaba la llegada de su chófer.
En España hay más de 20.000 coches oficiales, de los cuales 800 corresponden a la Administración General del Estado. Los criterios de uso del vehículo oficial han venido determinados en las últimas décadas por el riesgo de la amenaza de ETA, pero a día de hoy es incomprensible el uso tan generalizado que hacen los altos cargos de estos vehículos pagados con dinero público. En uno de sus reportajes, el periodista de la Sexta Gonzo marcaba el umbral de lo ridículo al lozalizar en una calle de Madrid a Ana Botella en su coche oficial. Misión: ir a la peluquería.