La apuesta más arriesgada de cuantas ha hecho el Gobierno para la cúpula judicial se le ha vuelto contra a los 87 días. Ese es el tiempo que Manuel Moix ha sido jefe de la Fiscalía Anticorrupción, una institución a la que apenas habían rozado las críticas en el pasado y cuyos conflictos internos han competido por primera vez en los titulares con los escritos de acusación que firman sus integrantes. De los siete candidatos que se presentaron al puesto, solo Moix hacía fruncir realmente el ceño a los que iban a ser sus subordinados, pero el Partido Popular tenía claro cuál era su candidato y no se echó atrás. Este jueves pagó las consecuencias.
El Gobierno se desentiende ahora de la elección de Moix y el Partido Popular esquiva el asunto de su dimisión por carecer de “connotación política”. El propio Mariano Rajoy, con el jefe de Anticorrupción recién dimitido, pidió este viernes centrarse en lo “verdaderamente importante”, es decir, la buena marcha de la economía y la gestión del problema catalán. Para el presidente del Gobierno, atender a la polémica de Moix es “ocuparse por los chismes, que es algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados en los últimos tiempos”.
El ‘caso Moix’ es, sin embargo, una cuestión política desde antes incluso de que se votara su nombramiento. Consuelo Madrigal no repitió como fiscal general del Estado porque no cedió a los cambios que Rafael Catalá le quiso imponer en puestos claves de la Fiscalía, entre ellos las jefaturas de Anticorrupción y la Audiencia Nacional.
Con el nuevo fiscal general del Estado, el nombramiento venía asegurado. José Manuel Maza quiso dar a la elección el barniz del Consejo Fisal y la asociación mayoritaria y conservadora votó en bloque al candidato Moix. La crítica no es que fuera un “fiscal del PP”. El problema es que era percibido como un fiscal “cómodo” para el poder. Entre los fiscales ya se había difundido que Ignacio González decía en una grabación de la Operación Lezo que Moix era “un tío serio” y su candidato para Anticorrupción. A Maza le habían informado desde la propia fiscalía especializada y por la Unión Progresista de Fiscales.
El ministro de Justicia, por su parte, resaltó ayer que no hay “ningún motivo de legalidad para promover su cese más allá de la renuncia personal”. Catalá explicó que Moix le comunicó que sufría “una presión personal que le impedía continuar ejerciendo sus funciones” momentos antes de poner su cargo a disposición del Fiscal General.
Se va Moix, persiste la estrategia
La marcha de Moix no implica necesariamente el fin de los conflictos en Anticorrupción. La estrategia de control de la fiscalía especializada es incluso anterior a la llegada del que ahora ha renunciado. Las fiscales del caso Púnica se negaron a firmar el escrito en el que Anticorrupción exculpaba al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general, con el apoyo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, les impuso su criterio, facultado como está para ello. Pero no sirvió de nada. El juez Eloy Velasco propuso finalmente al Tribunal Superior de Justicia de Murcia investigar a Sánchez, hoy ya imputado.
El juez Velasco también se puso del lado de los fiscales del caso Lezo cuando éstos, por indicación de Moix, no acusaron a Ignacio González y al resto de detenidos el 19 de abril de organización criminal. El juez los envió a la cárcel por ese delito, entre otros. Pero Velasco ya no está. El magistrado insistía en dejar el juzgado, según él, por no contar con medios suficientes para perseguir la corrupción. Después de un primer amago con un puesto mejor remunerado, finalmente ha sido elegido para la Sala de Apelaciones, a través de un concurso organizado por el CGPJ, de mayoría conservadora, que al final revisara el Tribunal Supremo.
A Velasco le va a sustituir el titular de la plaza del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien no ha querido ni oír hablar de su juzgado en los 16 años que lleva como juez de enlace en París y Roma, puestos ansiados por su remuneración y escasa carga de trabajo.
García Castellón decide volver a los 64 años. Así, el juez que pidió Ignacio González para sustituir a Velasco en las grabaciones del caso Lezo, evita que la plaza salga a concurso y lo gane el más antiguo de los jueces que aspire a ella. Cuando el CGPJ sacó a concurso la plaza de Ruz, el magistrado de la caja B del PP, lo acabó ganando un juez que había sido director general con el PSOE.
PP: “Asunto completamente zanjado”
El PP ha querido pasar página rápidamente del 'caso Moix'. “Es un asunto completamente zanjado”, aseguró el vicesecretario general de Coordinación del PP, Fernando Martínez Maillo. El dirigente popular insistió en que “no hay connotación política” en la decisión de Moix y la situó en el ámbito de la judicatura.
Existe la posibilidad de que el próximo jefe de Anticorrupción no ponga las trabas que Moix a la investigación a la etapa de Alberto Ruiz Gallardón en el Canal. El siguiente dique será entonces el juez de instrucción, García Castellón. En segunda instancia, la Sala de lo Penal, de mayoría conservadora y nueva presidenta, Concepción Espejel, elegida la pasada semana a pesar de haber sido apartada de los juicios de Gürtel. El otro magistrado recusado por el mismo motivo es Enrique López, elegido junto a Velasco para la Sala de Apelaciones, la que revisará todas las sentencias de los casos que se instruyan a partir de su creación. El caso Lezo queda fuera.
La marcha de Moix, por tanto, supone solo un retroceso, al menos momentáneo, en la apuesta clara de un Gobierno asediado por la corrupción, de controlar la cúpula judicial. El próximo episodio aguarda en los próximos meses, con la renovación de tres plazas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los aforados. De mayoría conservadora, el rodillo del PP en el CGPJ puede decantar todavía más el tradicional objeto de deseo para los partidos mayoritarios dentro de la alta esfera judicial.
En público, el Partido Popular se desvincula de cualquier estrategia. “Hay que dar libertad a los fiscales para que hagan su equipo”, aseguró Martínez Maillo. El de Moix, añadió, “es un tema que afecta exclusivamente a la Fiscalía y donde el Gobierno no tiene nada que decir”. El exministro José Manuel García-Margallo declaró: “Parece evidente que, por el bien de la imagen y la credibilidad de la institución, no había otra salida que la Moix ha tomado”.
El relevo de Moix
Es previsible que Maza vuelva a buscar el apoyo del Consejo Fiscal para el nombramiento del sustituto de Moix. Este fue elegido con los votos de los seis vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritaria y conservadora, y el de Maza. Los otros dos miembros natos del Consejo Fiscal se decantaron por Alejandro Luzón, quien, como todos los candidatos a excepción de Moix, tenía experiencia en la Fiscalía Anticorrupción.
Luzón también consiguió el voto de dos vocales de la progresista UPF; el tercero se decantó por el veterano Antonio Romeral. Así las cosas, Luzón, el fiscal del caso Bankia, el de Gescartera y el que encarceló a Luis Roldán fue el segundo más votado. Habrá que esperar a que en la situación actual los candidatos vuelvan a optar al puesto y a cómo se reparten los apoyos que tuvo Moix. Por el momento vuelve a hacer cargo de la jefatura de Anticorrupción, de forma interina, otra de las candidatas en ese concurso, la teniente fiscal, Belén Suárez.