Un año del borrador de la ley canaria de alquiler vacacional: aún sin norma, pero con 13.000 pisos turísticos más

El proyecto de ley canaria de alquiler vacacional cumple un año desde su presentación con un balance poco halagüeño. La norma todavía no está aprobada (llegó hace pocas semanas al Parlamento regional) y, en todo este tiempo, la oferta de pisos turísticos ha aumentado en un 25,4%, según los datos oficiales del Registro General Turístico de Canarias.

El texto ha gustado poco a los ayuntamientos, las corporaciones públicas que más tendrán que hacer cuando la normativa entre en vigor, y muy poco a la patronal del alquiler turístico del Archipiélago. Tampoco ha sentado bien dentro de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. E incluso alteró el consenso hasta ahora inquebrantable dentro del Consejo Económico y Social (CES).

La legislación se encuentra en estos momentos en el trámite de enmiendas al articulado después de que la Cámara autonómica rechazara dos enmiendas a la totalidad, una del PSOE y otra de Vox. La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, del Partido Popular, ha defendido que la norma llega con “el mayor consenso” posible al último paso antes de su aprobación. Por el momento, su principal defensor (o al menos el que más lo ha expresado así) es la patronal hotelera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel.

Desde que el Ejecutivo regional acordó sacar a consulta pública el primer borrador de la ley, la oposición solicitó una suspensión temporal de licencias ante el previsible efecto llamada. El presidente canario, Fernando Clavijo, alegó “dudas jurídicas” y posibles indemnizaciones económicas para no hacerlo. Y durante el tiempo de tramitación del anteproyecto, que dura ya un año, la Comunidad Autónoma ha ganado 13.000 viviendas vacacionales más, una media de 35,6 al día.

El número total de pisos turístico en las Islas asciende ya a 67.700. Poco antes de que empezara el trámite de audiencia de la normativa, con casi 54.000 viviendas vacaciones, el Gobierno canario reconocía que “en algunos núcleos de población se sufren ya las consecuencias de procesos de gentrificación y turistificación”, como la expulsión de la población local o el incremento de los precios de la vivienda. Esos efectos no han hecho más que aumentar en los últimos meses.

La norma, en líneas generales, ha cambiado desde su presentación. El texto obliga a los ayuntamientos a regular en un plazo de cinco años el alquiler vacacional mediante ordenanzas de planeamiento que pueden elaborarse en pocos meses. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, por ejemplo, anunció la suya en octubre del año pasado. Mientras los consistorios no muevan ficha en ese sentido, no podrá aprobarse ninguna licencia de vivienda turística. Y si no lo hacen en un lustro, entrarán en vigor unas normas subsidiarias como última salida.

La medida más relevante de la ley es la fijación de un límite al alquiler turístico en cada municipio o barrio de Canarias. Es el famoso 10%, es decir, que una de cada diez casas de las Islas pueda explotarse, como máximo, con fines turísticos. En las Islas Verdes, estas son La Palma, La Gomera y El Hierro, el porcentaje asciende al 20%. Los ayuntamientos podrán elevar o rebajar ese umbral con informes justificados. Ocurre que, en algunas localidades del Archipiélago, como La Oliva o Yaiza, las viviendas turísticas ya representan más del 20% del parque inmobiliario total.

Una novedad de la normativa (introducida después de su consulta pública) es la posibilidad de que las personas que sean propietarias y explotadoras al mismo tiempo de pisos turísticos puedan continuar con esa actividad de manera indefinida. Quienes se encuentren en esa situación tan solo tendrán que solicitar una “declaración responsable de uso turístico consolidado” y cumplir con algunos requisitos.

Toda la oferta actual podrá continuar en el mercado al menos cinco años más desde la aprobación definitiva de la ley. El Ejecutivo otorga ese plazo, que puede elevarse a diez años, como una especie de compensación para los propietarios que corren el riesgo de perder su licencia si no se ajustan a los nuevos condicionantes. Eso significa que, al menos hasta 2035, el parque actual de viviendas turísticas en Canarias podría permanecer inmutable, sin cambios.

Los requisitos para obtener una licencia de piso turístico se han rebajado un poco entre el primer y el último borrador. Por ejemplo, el que salió en abril del año pasado exigía que las viviendas contaran con una toma de corriente homologada para recargar vehículos eléctricos y también establecía en 39 metros cuadrados la superficie mínima del domicilio. Ese primer condicionante ya no es obligatorio. Y el segundo, el de la superficie, ha sido aminorado hasta los 25 metros cuadrados.

Las exigencias más importantes para hacerse con un permiso tienen que ver con la habilitación expresa por el planeamiento urbanístico, es decir, que el ayuntamiento dé el visto bueno; que los vecinos no se opongan a ello; que la vivienda tenga un mínimo de diez años de antigüedad y que la ubicación del inmueble no esté dentro de una zona de mercado residencial tensionado. Tampoco podrán explotarse turísticamente viviendas que hayan sido VPO en la última década o que se encuentren fuera de ordenación.

En caso de obtener la licencia, esta durará cinco años. Pasado ese tiempo, el propietario deberá seguir cumpliendo con todos los requisitos si quiere renovarla cinco cursos más. Para “facilitar la verificación” de las declaraciones responsables, los cabildos insulares podrán intercambiar información del Registro General Turístico con el Registro de la Propiedad. Y para inspeccionar a las viviendas vacacionales ya existentes, Turismo ha pedido a los ayuntamientos que realicen un plan de comprobación que ellos mismos han dicho que es casi imposible de cumplir por falta de medios.

El proyecto de ley canaria de alquiler turístico tiene 90 páginas y más de la mitad de ellas conforman la exposición de motivos. La palabra “sostenibilidad” es utilizada treinta veces. Entre sus objetivos está, entre otras cosas, “establecer una ordenación urbanística (...) acorde con las exigencias del principio de desarrollo sostenible” y “garantizar la efectividad del derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles”.

Sin embargo, tal y como advirtieron geógrafos a Canarias Ahora, resulta complicado cumplir con tales propósitos si la norma abre la puerta a seguir aumentando la oferta del alquiler vacacional, pues en Canarias hay casi un millón de casas, según el INE, y a partir de la entrada en vigor de la mencionada ley, uno de cada diez inmuebles podrán dedicarse a esta actividad.