El Gobierno de Pedro Sánchez da un giro radical en su política respecto a la Fiscalía General del Estado. De nombrar a una fiscal al frente de la institución, María José Segarra, que ha evitado imprimir un sesgo progresista a ninguna de las más relevantes actuaciones del Ministerio Público, carrera por otra parte mayoritariamente conservadora, pasa a sustituirla por su hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Con su elección, el Ejecutivo abandona el criterio que se ha impuesto en la mayoría de los Gobiernos de la democracia, consistente en buscar un fiscal o un juez afín ideológicamente para el cargo de Fiscal General del Estado, pero sin una carga partidista tan fuerte como proceder de su propio Consejo de Ministros. Delgado, aunque no afiliada, se ha implicado de forma decidida en la campaña electoral para satisfacción de la Federación Socialista Madrileña, confiesan desde su dirección. El anuncio de que Sánchez propondrá a Dolores Delgado se ha producido sin que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hubiera tenido tiempo de tomar posesión.
El malestar con María José Segarra era conocido tanto en el Gobierno y el PSOE como entre algunos destacados compañeros de la Unión Progresista de Fiscales, si bien la asociación siempre la ha defendido en público. Segarra era uno de los cuatro representantes de la UPF en el Consejo Asesor, que eligen todos los fiscales en votación. Otra era Dolores Delgado. Fue precisamente la campaña previa a la votación de ese órgano elegido por todos los fiscales de la carrera y miles de kilómetros de viaje compartidos lo que acercó a ambas. El nombramiento de Segarra fue una decisión de la que ahora va a ser su sustituta.
El asunto más espinoso de cuantos han ocurrido durante el mandato de Segarra ha sido el informe de conclusiones de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el juicio del procés. Los cuatro fiscales solicitaron condenas por rebelión y llegaron a hablar de “golpe de Estado” sin que se conociera si su posición era compartida por la fiscal general, que decidió no intervenir. El tribunal finalmente no condenó por rebelión y se alineó con las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado, partidaria de la sedición, y que debía obediencia al Ministerio de Justicia, dirigido en ese momento por Dolores Delgado.
Precisamente, Delgado había sido criticada por el cese del jefe de Penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, tras las discrepancias sobre la postura de quien debía mantener en la causa del procés la parte que actúa en representación de la Administración. La destitución de Bal fue decisión de la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Delgado.
La primera gran decisión que provocó polémica fue la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de oponerse a la imputación del líder del PP, Pablo Casado, en el caso Máster, sin que Segarra interviniera. Tres compañeras del político, en una situación idéntica a la de Casado, declararon en condición de investigadas ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel con el aval de la Fiscalía de Madrid. Sin embargo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, enmarcado en el sector conservador, informó de que no había motivos suficientes para llamarle siquiera a declarar como investigado, pese a reconocer que el político había tenido un “trato de favor”. Con ese posicionamiento de la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo, ante el que está aforado Casado, rechazó actuar contra él.
Durante el mandato de Segarra ha habido otros posicionamientos del Ministerio Público que han terminado por beneficiar al Partido Popular y en los que la fiscal general no ha intervenido. El caso de los ordenadores de Bárcenas es uno de ellos. La Fiscalía no veía siquiera argumentos para juzgar al PP como persona jurídica y pidió su absolución. En la vista, la fiscal Carmen Luciáñez fue mucho más dura con Luis Bárcenas, que comparecía como testigo, que con los acusados.
Durante el mandato de Segarra, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo de la causa contra Alberto Ruiz-Gallardón en el caso Lezo y ha evitado presentar querellas por delitos de odio por las afirmaciones de Vox contra colectivos desfavorecidos, como los menores migrantes no acompañados, en contra de una corriente favorable a tomar esa iniciativa dentro del Ministerio Público.
La sustituta de Segarra tendrá opción de dejar su impronta en breve. Delgado deberá decidir si recurre los permisos penitenciarios que autorice la Administración catalana a los presos del procés o el tercer grado que les conceda el juez. El próximo día 20 arranca en la Audiencia Nacional el segundo juicio más importante en relación con el procés, que sentará en el banquillo al major de los Mossos Josep Lluís Trapero, acusado por el Ministerio Público de rebelión.
El PP arranca su oposición en los tribunales
La elección de la próxima fiscal general ha dado pie a Pablo Casado para refrendar su promesa de hacer oposición en los tribunales. El líder del PP ha anunciado al poco de conocer el nombramiento que lo recurrirá por vulnerar dos artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Ministros.
Casado, que calificó a Sánchez durante el debate de investidura de “presidente fake” o “sociópata”, ha dicho que la elección de Dolores Delgado “es de extrema gravedad” y que la próxima fiscal general del Estado será “la ministra 23”. El presidente de los 'populares' ha recuperado la afirmación de Sánchez en campaña de que la Fiscalía depende del Gobierno, afirmación de la que después se desdijo el jefe del Ejecutivo.
Por su parte, Vox, que tiene a punto una querella contra Sánchez, Delgado y tres abogados del Estado por el informe sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, ha aprovechado la noticia sobre la elección de la próxima fiscal General anunciando que ampliará su escrito al nombramiento y que incluirá en la calificación de los hechos un nuevo delito de tráfico de influencias.
Ciudadanos ha aprovechado para registrar este lunes en el Congreso su propuesta sobre la reforma de la ley del Ministerio Fiscal, precisamente “para evitar casos como el de Delgado”. Así se expresaba Edmundo Bal, el abogado del Estado cesado por Dolores Delgado que ahora es diputado de la formación tras comprometerse con Albert Rivera. Según él, la elección de la exministra es “un caso flagrante de puertas giratorias” y “una absoluta falta de vergüenza” que traspasa “las más mínimas reglas del decoro”.
Los tres partidos de derechas ya habían sumado sus votos para reprobar a Delgado en el Congreso durante el año y medio que duró el Gobierno de Sánchez.
Las asociaciones profesionales también han criticado la elección de Delgado, salvo la UPF, a la que pertenece. “Quieren a la Fiscalía sometida”, sostuvo la portavoz de la Asociación de Fiscales, acostumbrada a que sus asociados se conviertan en fiscales generales cuando Gobierna el PP. La asociación conservadora fue una de las que salió en defensa de Segarra durante la actuación de la Fiscalía en el proceso por su postura no intervencionista.
El Gobierno es el encargado de elegir al Fiscal General del Estado y puede dirigirse a él para pedir que actúe en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación, pero la institución no está obligada a obedecer. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ministerio Público sí tiene que responder a cualquier petición del Gobierno con una exposición razonada. La institución se rige por el principio de jerarquía: los fiscales deben obedecer a sus jefes directos y en caso de discrepancia, pueden someter la decisión a votación en la junta de fiscales, cuyo resultado no es vinculante.
El Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovar pero que conserva por ahora su mayoría conservadora, elaborará un informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la elección de Delgado. La previsión es que pueda estar en la mesa del Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes.