“No puedo ni debo tomar esa decisión en solitario”. Con esa frase, Mariano Rajoy daba a entender este miércoles que había descubierto las bondades de la democracia interna. A pesar de que lidera un partido donde se presume de disciplina y adhesión ciega, el presidente en funciones se escuda en que necesita discutir con los suyos tanto las condiciones de Albert Rivera como sus “implicaciones”. El comité que el líder del PP ha convocado para el próximo miércoles 17 no se ha visto en otra igual, ya que nunca ha tenido que votar una decisión de ese calado. El sí se da por descontado.
Miembros del PP admiten que no recuerdan haber sido requeridos para votar una decisión similar ya que la mayoría absoluta de Rajoy no hizo necesario negociar nada. Ni siquiera cuando José María Aznar logró ser investido en 1996 gracias a su acuerdo con los nacionalistas catalanes (Pacto del Majestic), PNV y Coalición Canaria. En el caso de Cataluña, las contrapartidas fueron la cesión de competencias, el desarrollo de una mejor financiación y un mayor entendimiento entre el partido de Jordi Pujol y el PP catalán.
De esta forma, Rajoy ha ganado una semana de tiempo para redoblar su presión sobre Pedro Sánchez. En una conversación informal con los periodistas, el presidente quiso convencer a sus interlocutores de que “reblandecerlo” hasta la abstención no es su único objetivo. “También tengo que negociar con Ciudadanos”, comentó, en alusión a la necesidad de un mínimo plazo para negociar la letra pequeña y evaluar las consecuencias de las condiciones. Las peticiones de Rivera pasan por eliminar los aforamientos –lo que obliga a reformar la Constitución para lo que necesita el visto bueno del PSOE–, así como cambiar la ley electoral, que es una ley orgánica.
Como se recoge en la web del PP, el presidente es el máximo responsable y puede “asumir las competencias que estime necesarias y proporcionadas para la solución de emergencia de que se trate, con carácter temporal, hasta la reunión del Comité Ejecutivo o la Junta Directiva correspondiente, a los que dará cuenta a efectos de control y eventual ratificación de las medidas adoptadas”. Así, las votaciones se limitan a refrendar las decisiones, muchas veces anunciadas previamente, como son los nuevos cargos, candidaturas y listas electorales.
Aunque entre las competencias de este órgano de gobierno y administración del partido figuran las de “definir la estrategia general y definir sus pronunciamientos políticos y programáticos así como establecer las líneas maestras de la acción política”, no se espera que el resultado sea contrario a los deseos de Rajoy. De hecho, varios de los miembros de su dirección declaran estar dispuestos a conceder a Rivera lo que pida. Javier Maroto, como es habitual, fue más allá y declaró un día antes de la reunión PP-Ciudadanos que su jefe estaba decidido a dárselo “todo”.
El Comité Ejecutivo Nacional está integrado por 78 miembros, varios de los cuales han tenido problemas con la justicia o están imputados. El caso más polémico es el de Rita Barberá, cuyo aforamiento ha retrasado que sea investigada por el Supremo por causa de corrupción.
Preguntado por esa contradicción, ya que una de las exigencias de Ciudadanos es el fin de los aforamientos, Rajoy evitó contestar. A pocos metros de distancia, durante su rueda de prensa, pudo verse cómo Carlos Floriano y María Dolores de Cospedal sonreían y comentaban que la exalcaldesa aún no está investigada formalmente gracias a que Rajoy la designó miembro de la Diputación Permanente del Senado.
Imputados por corrupción y sospechosos
No es la única, también Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, que sí está investigado formalmente por el caso de su ático. Anticorrupción también investiga a Vicente Martínez Pujalte por cohecho y falsedad documental, ya que cobró de empresas que contrataban con la Administración pública. A ellos se suma la tesorera, Carmen Navarro, imputada por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas.
Lucía Figar también está investigada por la trama Púnica, por lo que dimitió de sus cargos en la Comunidad de Madrid y en el partido, aunque sigue figurando como vocal electa en la web del PP. Otro caso es el de Ana Mato, que tuvo que dejar su cargo de ministra de Sanidad al concluir el juez que se había lucrado gracias a la Gürtel. Gerardo Camps, sospechoso de cobrar mordidas por la adjudicación de contratos, también tiene derecho a votar la decisión ya que las sospechas sobre el comportamiento del exconseller valenciano no bastaron para dejarlo fuera de la lista por Alicante.
Se prevén ausencias
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tampoco está imputado aunque la Guardia Civil así lo ha solicitado en un informe que remitió a la Audiencia Nacional por sus contrataciones con empresas de la trama Púnica.
Fuentes del PP recuerdan que la asistencia al Comité Ejecutivo no es obligatoria, por lo que se prevé que los nombres más polémicos, como el de Barberá, no se presenten el próximo miércoles en la sede de la calle Génova.
La ratificación del PP será el paso previo a que se conozca la fecha de la investidura, según han asegurado tanto Rajoy como Rivera. El líder de Ciudadanos ha insistido que quiere que se celebre en agosto o “en la primera semana de septiembre”. El presidente en funciones ni siquiera ha anunciado si se someterá aunque el no del PSOE se mantenga. “Ya veremos” ha sido su respuesta.