El juez José de la Mata ha frenado el intento de la Fiscalía por que la investigación a Miguel Blesa y otros por las hipotecas infladas de Caja Madrid se limite a seis meses. El mismo artículo de la Ley que invocó Anticorrupción para ahogar la causa en un plazo inverosímil sirve al magistrado de la Audiencia Nacional para extender a 18 meses, a partir de ahora, el tiempo que puede durar la última investigación abierta sobre la gestión de la entidad rescatada con 23.500 millones de dinero público.
La del magistrado es una victoria a medias. Establecer un “plazo máximo”, sin posibilidad de prórrogas, es el único recurso que le deja la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de su reforma del pasado octubre, aprobada con los únicos votos del Partido Popular. El nuevo texto confiere a la Fiscalía la capacidad en exclusiva de solicitar al juez prórrogas más allá de los seis meses. Pero en el último punto del artículo 324 recoge que, “excepcionalmente”, el magistrado “podrá fijar un nuevo plazo máximo” a petición de cualquiera de las partes.
Ese plazo, en cualquier caso, es inamovible. La ambigua redacción del texto hubiera permitido a De la Mata fijar un plazo que, por su extensión, fuera contrario al declarado espíritu de la ley de evitar que los procesos se eternicen. Sin embargo, el magistrado ha optado por los 18 meses. Las limitaciones del texto legal le impedirán, en cualquier caso, prorrogarlo si los acontecimientos de la instrucción lo hacen necesario.
La Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito en la dirección de Caja Madrid por la sobrevaloración de las tasaciones hipotecarias en la antesala y primeros años de la crisis. Por eso se ha opuesto a que la causa que ha originado la querella del Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ), un colectivo con origen en el 15-M, se prolongue más allá de seis meses, según afirma en dos escritos remitidos al magistrado.
La sobrevaloración de las tasaciones hipotecarias fue una práctica de muchas entidades bancarias durante el boom inmobiliario que precedió, y en cierta medida contribuyó, al estallido de la crisis. Precisamente ese argumento, el de la práctica extendida, es uno de los utilizados por la Fiscalía para descartar el delito. No lo ve así el juez, que en su auto de admisión a trámite advierte de que “no se puede justificar cualquier práctica”.
De la Mata, en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, recuerda que el caso presenta varias de las características que recoge la ley para que sea declarada compleja y por tanto prorrogable. Por una parte, investiga graves delitos, como son el de estafa, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita, al tiempo que afecta “a una gran cantidad de investigados”, 24 si se atiende al número de querellados por el TCJ. “La investigación exigirá la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que van a implicar el examen de abundante documentación o complicados análisis, y que precisa la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas”, añade el juez.
Sin embargo, la Fiscalía se opone a la petición del TCJ para que la causa sea declarada compleja, recuerda el juez. En respuesta, De la mata apela al artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “por lo que procede fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción, que se establece en 18 meses adicionales a contar desde el día de hoy, 6 de junio de 2016, de modo que la investigación finalizará el día 6 de diciembre de 2017”.
La misma opción que José Castro
A ese mismo punto del artículo 324 aludió recientemente el juez de Palma José Castro en un auto del caso conocido como Son Espases, por la adjudicación del hospital más grande Baleares a Dragados y su presunta vinculación con la financiación irregular de las obras de la sede central del PP, en la calle Génova. En ese caso, solo la Abogacía del Estado, que representa a la administración autonómica, reclamó ampliar los plazos de la instrucción.
Ante la pasividad de la Fiscalía, Castro acordó prorrogar la causa otros doce meses. En su auto, el que fuera instructor del caso Nóos introduce una crítica a la reforma del Partido Popular por atribuir a la Fiscalía “opciones que le están vedadas a los demás”.