Abogado y militante de IU desde hace más de 25 años, el diputado madrileño Mauricio Valiente (Madrid, 1966) mira ya al Palacio de Cibeles, sede de la Alcaldía de Madrid, tras un trienio como diputado autonómico y una meta: llevar la “movilización social” a los gobiernos de Ayuntamiento y Comunidad.
Vinculado desde la juventud a los movimientos sociales y sindicales, Valiente es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense y profesor asociado adscrito al Departamento de Derecho Social e Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, y ejerce como abogado especializado en asilo, inmigración y derechos humanos.
Durante toda su vida ha sido activista de movimientos antirracistas, de solidaridad y de defensa de los derechos de los inmigrantes, con participación en misiones de observación en Colombia, Honduras, Mauritania, Cabo Verde, Mali y Marruecos.
El ya candidato de IU a la Alcaldía de Madrid es coordinador desde 2003 del informe anual “La situación de los refugiados en España” y fue coordinador entre 2000 y 2010 del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Miembro de la presidencia regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y del comité ejecutivo del PCE, Valiente es un “pata negra” de IU: desde 1984 participa en el movimiento estudiantil universitario y se alistó en la juventud comunista desde 1985.
Para Valiente, la confluencia de las candidaturas de base que a día de hoy representa, en el nivel municipal, la plataforma Ganemos Madrid -en la que participan IU y otras fueras de la izquierda-, no “tendría sentido” si no existe un proceso paralelo a nivel autonómico.
En su propuesta para el Ayuntamiento de Madrid, aboga por “democratizar” la vida municipal, descentralizar y revitalizar las juntas de distrito y llevar a cabo presupuestos abiertos a la participación ciudadana.
También expone que la deuda municipal -más de 6.000 millones de euros- no puede llevar a que el Ayuntamiento deje de cumplir su papel en la vida pública como prestador de servicios, por lo que plantea llevar adelante una “auditoría ciudadana” para renegociarla.
Finalmente, propone “remunicipalizar” servicios privatizados, con una nueva política de contratación que evite adjudicar a empresas con “intereses de personas vinculadas a políticos” y “vergüenzas” como la situación de la limpieza.