La inmoralidad no tiene reproche penal pero la descripción de aquella que cometieron Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón en marzo de 2020 sirven al juez y a la fiscalía para explicar su acusación por estafa agravada, falsificación de documentos –públicos y privados– y delito fiscal a la que se enfrentan los dos miembros de la clase privilegiada de Madrid. En el momento más crítico vivido en España desde la Guerra Civil, con 74.839 muertos por Covid solo ese año, los dos acusados engañaron al Ayuntamiento de Madrid para obtener 6 millones de euros en comisiones por unos productos de protección sanitaria que salvaban vidas y cuyo valor real era de hasta un 80% menos.
Medina y Luceño serán los dos primeros “empresarios”, de acuerdo a cómo ellos mismos se califican, que se sentarán en el banquillo de los acusados por aprovechar el caudal de fondos públicos que obligó a liberar la pandemia. El caso mascarillas, como se denominó cuando elDiario.es desveló su existencia el 31 de marzo de 2022, es una de las pocas investigaciones que han prosperado hasta ahora. El auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Adolfo Carretero el pasado jueves apunta a que la vista en la Audiencia Provincial de Madrid se celebrará, como pronto, en la segunda mitad de 2024, si el retraso de los juzgados no la posterga a 2025.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción, que nunca probó a variar su criterio inicial, como el juez Adolfo Carretero, han concluido que el Ayuntamiento de Madrid fue engañado por los dos acusados. En el relato de los hechos exponen que ambos recurrieron a su privilegiada posición social para ofrecer las mascarillas, los guantes protectores y los test de antígenos a la responsable de compras del Consistorio madrileño.
La Fiscalía Anticorrupción precisa que Madrid fue, “con diferencia”, la ciudad de más de 300.000 habitantes que más pagó por el material sanitario en aquellos momentos de desesperación. La compra a Luceño y Medina supuso también el mayor desembolso realizado por el Ayuntamiento de la capital. Elena Collado, responsable de compras en pandemia del Consistorio, escribió el 23 de marzo de 2020 a Matilde García Duarte, mano derecha de Almeida: “Habría que dar varias medallas a Medina y Luceño. Han renunciado a comisiones”.
Anticorrupción había abierto en noviembre de 2020 unas diligencias de investigación secretas a partir de un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España, que a su vez había sido alertado de los voluminosos ingresos de Medina y Luceño por sus respectivas entidades bancarias, tal y como obliga la ley en estos casos.
Sin embargo, la investigación de la presunta estafa se había atascado en Anticorrupción durante 17 meses con el argumento de que Malasia, país donde tiene su sede la empresa suministradora, no contestaba a las solicitudes de información. Al día siguiente de que elDiario.es revelara la existencia de esas diligencias de investigación, Anticorrupción presentó una querella ante el juzgado con los datos obtenidos hasta entonces, sin aguardar ya a la respuesta de las autoridades malasias.
Este periódico había intentado obtener el testimonio de Medina y Luceño antes de publicar su primera información, pero ninguno de ellos quiso responder. Solo Medina, a través de terceros, trasladó que él no tenía ningún problema con la justicia pese a que, como se sabría después, había declarado ante el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol casi un año antes. O mintió o esperaba que aquello hubiera quedado en nada.
Luis Medina Abascal es hermano del duque de Feria, título que ostentó su padre hasta que falleció. Su madre es Naty Abascal, antigua modelo y exponente de la 'jet set' española desde tiempos del franquismo. A Luis, el hijo pequeño del matrimonio, siempre le han acompañado las crónicas deslumbradas de la prensa rosa, ocupada en glosar la vida sentimental del pequeño de la aristocrática familia. Ante el juez, ya en condición de imputado, Luis Medina se presentó como un “broker de las materias primas”. Adolfo Carretero le pidió que se explicara y él respondió: “Compraventa de minería, alimentación, carne, pollo, cerdo…”
El empresario figuraba entonces como administrador único en dos sociedades: una no presentaba cuentas y la otra estaba inactiva. Tula Creative Studio, con sede en Barcelona, se dedicaba a la consultoría en el ámbito de la publicidad. La empresa fue creada en 2014 y bautizada con el nombre de una perra de Medina. A día de hoy sigue sin constar actividad. En mayo de 2020, dos meses después del pelotazo, Luis Medina creó Sextante Trade Mark, dedicada a intervenir en el comercio de productos diversos.
Los secretos de Luceño
La vida transparente de Luis Medina encuentra su contrapunto en la figura de Alberto Luceño. Un absoluto desconocido hasta el caso mascarillas, su perfil ha ido creciendo a lo largo de la instrucción hasta descubrir que detrás del ático en Pozuelo de Alarcón y los coches de lujo hay un aspirante a estafador profesional. Luceño convenció al Ayuntamiento de que era un empresario con gran experiencia en la importación de productos de Asia, el fabricante mundial de productos sanitarios, pese a que no tenía ninguna experiencia en el sector.
En un registro por sorpresa en su empresa y su domicilio, los policías encontraron una colección de carnets de la Policía, el Ejército y el CNI que Luceño había fabricado con su rostro. En el juicio, para poder ser condenado por ello, habrá que demostrar que los utilizó para consumar la estafa. Al irrumpir en la actualidad en abril de 2021 emergió un vídeo de Alberto Luceño ante los alumnos de la Escuela Europea de Dirección y Empresa en el que defendía los valores a mantener cuando se hacen negocios: “la honestidad, la generosidad, la humildad, la integridad”.
Luceño engañó hasta a su socio con un documento de reparto de ganancias falso. Le dijo que iban a medias en las comisiones, pero él se llevó cinco veces más. No consta cuando se conocieron los dos “empresarios”, que, pese a todo, han unido sus estrategias de defensa. Estas pasan por defender que si el Ayuntamiento de Madrid entregó 12 millones de dólares a San Chin Choon y que de esa cantidad proceden sus comisiones de 6 millones, no hay engaño posible al Consistorio.
En el juicio tendrán enfrente al fiscal Rodríguez Sol, quien en su escrito de acusación concluyó: “La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Medina.
“Obtuvo el teléfono del primo de Almeida por su condición”
Pese a no encontrar responsabilidad punible en el Ayuntamiento madrileño fue el propio juez del caso quien describió cómo y por qué Luceño y Medina llegaron hasta la responsable de compras. “Medina, valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del [fallecido] duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión, (…) obtuvo el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, abogado y primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida”.
La persona que facilitó a Medina el contacto del primo del alcalde fue María de la Cebosa, la directora de la elitista universidad privada donde estudió Luis Medina Abascal, College for the Intenational Studies. El caso mascarillas trazaba una línea invisible que atravesaba el Madrid donde anida el privilegio.
El familiar del regidor le facilitó entonces a Medina la dirección de correo electrónico de la persona encargada de la compra de material sanitario en el Consistorio, Elena Collado, antigua secretaria de Estado de Función Pública con Cristóbal Montoro. El alcalde de Madrid asegura que se enteró de que su primo le había pedido la dirección de la responsable de compras a su mano derecha en el Ayuntamiento, Matilde García Duarte, cuando estalló el caso, que ninguno de los dos le comentó nada.
El juez Carretero prosigue: “De este modo tan rápido y eficaz —al margen del correo general de ofertas del Ayuntamiento y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes—, Medina proporcionó los datos necesarios a su amigo Luceño para que iniciase las gestiones de la oferta del material sanitario”.
El 30 de marzo de 2020, Alberto Luceño escribió un correo electrónico a Luis Medina a las 17:18 con un fichero adjunto y el asunto “2 transfer”. En el cuerpo del mensaje, escribe: “Pa la saca”. Medina recibió al día siguiente, 31 de marzo, dos transferencias en su cuenta por valor de 750.000 y 250.000 euros. Ese mismo día, Luceño recibió cuatro ingresos por un valor total de tres millones de euros, aunque terminaría embolsándose cinco. Aquel 30 de marzo fallecieron por Covid en Madrid 211 personas.