El careo que enfrentará este viernes en la Audiencia Nacional al ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez, tiene reservado un espacio para las acusaciones mutuas de control de los fondos reservados con los que se pagó el espionaje a Luis Bárcenas. elDiario.es ha tenido acceso a un mensaje de Whatsapp, incorporado a la causa, del pasado 9 de febrero en el que Martínez se refiere así a su antiguo jefe: “Es un idiota integral. Dice que no controla los fondos reservados… entonces por qué comparece en el Congreso”.
Martínez alude a las dos comparecencias de Fernández Díaz ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, donde él y otros ministros rinden cuentas del uso de los fondos reservados ante los portavoces parlamentarios. El contenido de esas comisiones es secreto. La asistencia del exministro del Interior en ambas ocasiones durante la X legislatura (2011-2016) constaba en la página web del Congreso si bien este miércoles esa información no estaba disponible.
La pieza 7 del caso Villarejo investiga el uso de fondos reservados en una “operación parapolicial” para, de espaldas a la causa judicial de la caja B, recuperar información comprometedora para dirigentes del Partido Popular. Está acreditado que con cargo a los fondos reservados se pagaron más de 50.000 euros al confidente Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas, durante dos años. Uno de los delitos que se atribuye a los imputados, entre ellos Jorge Fernández y Francisco Martínez, es malversación de fondos públicos, precisamente por el uso desviado de esos gastos reservados.
El comentario en el que Francisco Martínez llama “idiota integral” a Fernández Díaz es la respuesta a un mensaje previo que un antiguo colaborador le envía el 9 de febrero a las 6 en punto de la mañana. En el Whatsapp se enlaza a una entrevista con el exministro en La Razón que aparece publicada en la edición de ese día. “Desde Belloch, el ministro no controla los fondos reservados”, reza el titular. La entrevista versa principalmente de Catalunya, pero al tratarse la Operación Kitchen es Fernández Díaz quien introduce por iniciativa propia el tema de los fondos reservados.
La periodista Carmen Morodo pregunta al exministro si alguien pudo actuar “por debajo” de él sin autorización. Esta es la respuesta que ofrece Fernández Díaz: “Con ocasión del escándalo del uso de los fondos reservados, en la época de Belloch como ministro del Interior, se estableció un modelo de gestión muy estricto que yo heredé, y que se mantuvo exactamente así. En él, el ministro no tenía ninguna participación, y nunca en mis cinco años al frente del Ministerio me preocupé de los mismos por dos razones: porque el sistema era muy estricto en controles internos y porque confiaba en quienes lo gestionaban. Salvo que se demuestre lo contrario, mantengo esa confianza en que se hizo un uso plenamente adecuado a los fines legalmente establecidos”.
Jorge Fernández, como hizo Francisco Martínez en su declaración el pasado 29 de octubre, se escuda en la Ley 11/1995, “reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados”. Aquel texto fue la respuesta del Congreso de los Diputados a la trama de los GAL, la financiación con fondos reservados de la guerra sucia contra ETA.
El texto de la Ley fue desarrollado en una orden que el ministro Belloch firmó en septiembre de 1995 a modo de manual de utilización de los fondos reservados y que ha permanecido protegida por el secreto oficial hasta el caso Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción solicitó su desclasificación para ser incorporada a la causa. Su contenido y las afirmaciones de distintos mandos policiales imputados revelan el descontrol que sobre el dinero público de los fondos reservados ha reinado durante 30 años en el Ministerio del Interior.
Los fiscales del caso Villarejo pusieron el foco en tres cargos policiales, alejados de la primera línea de investigación del caso Villarejo, cuyo testimonio le permitió concluir que el dinero público destinado a la Policía para sufragar operaciones especiales, los denominados fondos reservados, sufre de “disfunciones e irregularidades” en su control, cuando no provoca el “enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.
Ante el juez, Francisco Martínez se explayó en su versión del funcionamiento de los fondos reservados para concluir que él solo supervisaba la cantidad total que se expedía a cada Cuerpo y que solo en una ocasión tuvo que advertir al Servicio de Información de la Guardia Civil de que se estaba excediendo.
Según la exposición del antiguo secretario de Estado, la citada instrucción que regula la Ley de Gastos Reservados recoge que al Ministerio no deben llegar detalles de cantidades dedicadas a un confidente concreto ni sus identidades y que ese control se hace en cada Fuerza de Seguridad y sus estructuras correspondientes. El mecanismo establece, concluyó, que sea la “confianza” de los policías en sus subordinados la que rija el uso de los fondos reservados estableciéndose así “una cadena de avales”.
El texto de la Ley del 95 establece que debe ser “el titular del departamento”, en este caso el ministro, quien acuda a la comisión del Congreso dedicada a controlar los gastos reservados y que esa comparecencia tendrá carácter semestral, una periodicidad que viene incumpliéndose durante las distintas legislaturas.
García-Castellón: “La explicación de Martínez es minuciosa”
En el escrito por el que solicitó la imputación de Fernández Díaz, la Fiscalía Anticorrupción concluía que la documentación remitida por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal, pero que desde el órgano del Ministerio que dirigía Francisco Martínez tampoco se comprobaba la documentación necesaria antes de librar los fondos.
El juez del caso, Manuel García-Castellón, ha calificado la explicación de Francisco Martínez como “minuciosa” y ha citado como testigo al director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado en esa época, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, por ser “quien verificaba el destino” de los citados fondos reservados.
En el careo del viernes, aflorará igualmente la principal discrepancia entre Martínez y Fernández Díaz acerca de si el ministro conocía o no la Operación Kitchen. El secretario de Estado de Seguridad evitó tirar de la manta durante su declaración y dijo que todo lo que él conoció se realizó de acuerdo a la legalidad, por lo que Fernández Díaz no supo de ninguna actividad irregular. Pese a ello, el exministro insistió al día siguiente en negar la veracidad de los mensajes incautados a Martínez y que demuestran que conocía y fue informado de los avances del espionaje a Bárcenas.