La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en el último año el foco en tres cargos policiales, alejados de la primera línea de investigación del caso Villarejo, cuyo testimonio le ha permitido concluir que el dinero público destinado a la Policía para sufragar operaciones especiales, los denominados fondos reservados, sufre de “disfunciones e irregularidades” en su control, cuando no provoca el “enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.
El sumario de la Operación Kitchen, cuyo secreto se ha levantado ahora, apunta a que los 250.000 euros que gasta mensualmente la Policía Nacional de los fondos reservados son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario que el Partido Popular eligió para el cargo, imputado por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas y considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016 en diferentes casos, casi siempre para perjudicar a los rivales políticos del partido en el poder y, en el caso del espionaje al extesorero, con el objeto de arruinar la investigación sobre su caja B.
El 10 de septiembre de 2019 compareció como testigo Miguel Ángel Bayo, un funcionario facultativo, no policía, que había trabajado 32 años en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía en el puesto de asesor jurídico. Anticorrupción se fijó en él para conocer cómo se libraban las partidas de los fondos reservados de la Policía. Sus respuestas a las preguntas del fiscal Ignacio Stampa durante 46 minutos desvelan cómo se pudo sufragar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al extesorero del PP, pese a tratarse de una operación extrajudicial. Al tiempo abren el interrogante de qué otras prácticas se han llevado, o se llevan aún a cabo, con la laxitud de un sistema que permite gastar fondos públicos sin apenas controles.
Miguel Ángel Bayo Herranz describe su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”, pero en un documento adelantado por eldiario.es en marzo de 2019, Eugenio Pino propone para él una medalla pensionada como “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.
Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. Ante el juez y los fiscales, el hombre de los maletines habla de “una cosa mecánica, de buena fe” e intenta utilizar el símil del cajero de un banco. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpe el fiscal Stampa.
Fiscal Stampa: “Justifican esas unidades para qué necesitan ese dinero?”
Bayo: “Nada”
Stampa: “¿A la DAO tampoco?”
Bayo: “No, no, no, no. En la DAO es muy sencillo, igual que en la Secretaría de Estado solo hay una carpetita donde no se ve nada, solo unos apuntes contables, que pone solo información de operaciones, pero como muy genérico y yo no miraba nada. Si hay una auditoría cada uno responde, si se la hacen a (la Comisaría General de) Información… Es como muy genérico, está muy desarrraigao. Solo respondes que si a este le das 40 y te da el recibo de que se ha llevado”.
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El facultativo Bayo describe en su declaración cómo se aplica la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y que desarrollaba a su vez de la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. El poder legislativo reaccionaba entonces a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.
Ha sido precisamente una petición de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 7 del caso Villarejo la que ha provocado que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la citada instrucción. La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que solicitó la imputación del ministro del Interior Jorge Fernández, concluía que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye, por ejemplo, el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.
El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño asegura: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”
El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.
Los gastos con el chófer, según han confirmado las pesquisas, salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO.
Felipe Lacasa, comisario jubilado que guardó la caja de los fondos reservados antes que Bayo, declaró que entregó dinero a Gago y Gómez Gordo en respuesta a una orden verbal de Eugenio Pino, una práctica que también reconoció en sede judicial García Castaño. Es Lacasa quien dice al magistrado que el presupuesto de los fondos reservados en la Policía mensualmente es de “240 ó 250.000 euros” al mes. Otro investigado en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el exsecretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. A la declaración de Bayo y Lacasa hay que sumar la de José Manuel Benavides, otro secretario general de la DAO que confirmó la mecánica de entregas de fondos reservados.
Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como las unidades antiterroristas o las de policía judicial, encargadas éstas últimas del narcotráfico o la corrupción.
La Dirección Adjunta Operativa fue la estructura encargada de albergar la brigada política, cuyos miembros están todos imputados por el espionaje a Bárcenas. La Unidad de Asuntos Internos, que también pertenece a la DAO, se vio en aquella época implicada en investigaciones extrajudiciales que nada tenían que ver con policías corruptos, como ocurrió con el trabajo sobre el terreno desplegado en la Operación Catalunya.
A las maniobras policiales contra el soberanismo se refiere brevemente el comisario Enrique García Castaño en una de sus declaraciones al hablar de los fondos reservados. Aunque en el audio se confunde con la pregunta del fiscal, el policía parece decir que el secretario de Estado conoce el reparto de cantidades importantes, como la Operación Catalunya, de un millón de euros, pero no el detalle de otras partidas más pequeñas como la Kitchen.
“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual, afirma el exjefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primero de Rosalía (…) Es lo normal, es que funciona así”, añade García Castaño.
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