Miguel Ángel Rodríguez maniobra para culpar al Gobierno de un supuesto hackeo a los abogados de la pareja de Ayuso

Tras denunciar en falso un hipotético acoso de periodistas a familiares y vecinos de Isabel Díaz Ayuso, después de acusar a dos redactores de elDiario.es de intentar entrar “por la fuerza” y encapuchados en el piso que comparte la presidenta de Madrid con el comisionista Alberto González Amador, imputado por dos delitos de fraude fiscal que él mismo ha reconocido, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña participa ahora en una maniobra para culpar al Gobierno central de un supuesto hackeo al bufete que defiende a González Amador.

El rastro de Rodríguez figura en los metadatos de un documento remitido a la prensa en el que se denuncia un supuesto ataque cibernético a los abogados de González Amador. El comunicado lo ha enviado a varios medios José Luis Carreras, jefe de prensa de la Comunidad de Madrid a las órdenes de Rodríguez, y dice lo siguiente: “Hackeo de los emails del bufete que lleva la defensa de Alberto González”. En la nota pública que distribuye el mismo equipo de comunicación de la Comunidad de Madrid que ha rehusado responder a las preguntas de elDiario.es sobre la vivienda de la presidenta y el fraude fiscal del comisionista alegando que se trata de un ciudadano particular, añade: “Comprobado por perito informático, el sistema de entrada es muy sofisticado y solo al alcance de los Estados”.

Según esa comunicación del Gobierno regional, los terminales del abogado y la asesoría fiscal de Alberto González Amador sufrieron un ciberataque el 2 de abril con el objetivo de hacerse con los correos electrónicos que intercambia el comisionista y pareja de Ayuso con su equipo jurídico. El departamento de Comunicación de la presidenta remite también a los medios la denuncia que los letrados de González han presentado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

En las propiedades del documento, figura que los últimos cambios se realizaron desde el ordenador del propio Miguel Ángel Rodríguez.

Ni la Comunidad de Madrid ni ninguna otra persona ha explicado cómo justifican sus sospechas ni quién ha llegado a la conclusión de que ese supuesto ciberataque “solo está al alcance de los Estados”, pero el argumento coincide con la tesis inicial de Ayuso cuando elDiario.es desveló el fraude fiscal de su pareja. La presidenta madrileña dijo entonces que todo era fruto de un ataque de “todos los poderes del Estado” contra su pareja, alegó que era Hacienda la que debía 600.000 euros a González Amador y que todo quedaría en nada.

Solo unas horas después, Miguel Ángel Rodríguez filtró un correo manipulado a algunos medios de comunicación dando a entender que el fiscal que denunció el fraude había intentado llegar a un acuerdo con González Amador pero que órdenes de arriba en el Ministerio Público lo habían frustrado. Era falso. Lo que había sucedido, tal y como explicó la Fiscalía en un desmentido, fue que el propio González Amador había reconocido ya los dos delitos fiscales por escrito antes de que estallase el caso a través de un correo en el que afirmaba estar dispuesto a asumir la condena.

La elaboración de esa nota pública para desmentir la información falsa proporcionada por Rodríguez que algunos medios de comunicación publicaron sin ningún contraste llevó a Rodríguez y al Gobierno de Madrid a acusar al Ministerio Público de provocar indefensión a la pareja de Ayuso. La realidad es que desde el 2 de marzo, González Amador es un defraudador confeso. Lo explicó él mismo a través de sus abogados en un correo remitido a la Fiscalía de Madrid para tratar de que su caso no derivase en un juicio público: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

Esta misma semana González Amador presentaba una denuncia contra la Fiscalía por revelación de secretos en la que la pareja de Ayuso echaba por tierra las tesis del propio Miguel Ángel Rodríguez.

Desde que se conoció la confesión de los delitos de su pareja, la estrategia de Ayuso cambió y la presidenta pasó a considerar a González Amador un “ciudadano particular”. El pasado jueves trascendió la reunión del comisionista en un bar de Barajas con el número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien trató de atribuir esa cita a una coincidencia.

En las últimas horas la maquinaria de la Comunidad de Madrid se ha puesto al servicio de la estrategia de defensa de González Amador, quien sigue imputado por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental en un juzgado, donde deberá comparecer el próximo 20 de mayo.

Casi a la misma hora, en la que su equipo de Comunicación urdía esta maniobra en defensa de su pareja, Isabel Díaz Ayuso trató de escapar a las preguntas de la prensa sobre las irregularidades de su pareja: “Los madrileños no me han elegido para que me comporte como novia”.

Pero a renglón seguido, Ayuso ha argumentado: “Sí que puedo mostrar mi preocupación y lo puede hacer mi Gobierno, todos los gobiernos, las administraciones y cualquier ciudadano, su preocupación porque se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario. No se trata de un particular. Se trata del Estado de Derecho. La sensación que tengo es que todo ciudadano incómodo para el Gobierno tendrá que tener contra él a todos los poderes del Estado y será despojado de sus derechos, como estamos viendo”.

La presidenta, que sigue negándose a responder preguntas sobre las razones que la llevaron a denunciar una supuesta conspiración contra su pareja después de que esta ya hubiera confesado los delitos, o sobre las viviendas que comparte con González Amador, recuperó la tesis del supuesto ataque de varios poderes del Estado que van “más allá de un particular”.

Lo justificó Díaz Ayuso con estas palabras: “Se trata de qué está sucediendo para, por ejemplo, ver cómo se ha esparcido el expediente de un particular, se ha revelado su defensa. Ha promovido que incluso el Colegio de Abogados ponga el grito en el cielo porque se vulnera el derecho a defensa de un particular, que está siendo condenado sin un juicio y se están vertiendo difamaciones mientras no ha pasado por un juzgado. La Fiscalía no ha protegido un expediente que se ha esparcido convenientemente. La ministra de Hacienda, lejos de cumplir sus obligaciones de sigilo, lo ha cacareado. Desde las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz, los 22 ministerios, el delegado del Gobierno... han empezado a esparcir informaciones sobre un ciudadano particular al que se niega su derecho a la defensa. No me comporto como pareja, me comporto como representante político que exijo al Gobierno que garantice que los españoles sean tratados igual ante la ley aunque tengan una relación sentimental con un adversario político”.

Ayuso obvia que toda esa supuesta conspiración que denuncia, incluida la exclusiva del fraude publicada por este medio, se produjo cuatro semanas después de que su pareja hubiese admitido por escrito su fraude fiscal con una frase de diez palabras: “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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