Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid gracias a la intervención de José María Aznar y que se sentará en el banquillo por el caso de las tarjetas black, ha enviado un escrito al juez Elpidio Silva en el que le reclama 500.000 euros de indemnización por su paso por la cárcel. El exbanquero considera que la nulidad del auto emitido por el entonces juez Elpidio Silva, que fue inhabilitado precisamente por este caso, le convierte en víctima y, por lo tanto, tiene derecho a reclamar una compensación económica.
Blesa ingresó dos veces y pasó un total de 15 días en la prisión, del 16 al 17 de mayo, día que salió tras abonar 2,5 millones de euros de fianza, y del 6 al 20 de junio de 2013. Por lo tanto, reclama 33.333 euros por cada noche que pasó entre rejas. Lo habitual es que una persona que permanezca en prisión por error reciba una indemnización de 50 euros diarios.
Miguel Blesa, que ganó 20 millones de euros durante sus últimos ocho años en Caja Madrid, tuvo una vida de lujo -con safaris y vinos de lujo- pero muchos de esos gastos los abonó con las tarjetas black, según se desprende la exclusiva de los correos de Blesa que publicó eldiario.es.
Las razones que esgrime Blesa para solicitar 500.000 euros de indemnización, y a las que ha tenido acceso eldiario.es, son los 15 días que estuvo en prisión “en virtud de sendos autos judiciales declarados prevaricadores”, según reza el escrito del abogado de Blesa, Carlos Aguilar. Además, el letrado del expresidente añade que su defendido sufrió perjuicio por “los daños económicos derivados tanto de la obtención como de la constitución de una fianza por importe de 2,5 millones de euros”, “los daños morales y la lesión del honor y la pública consideración” de Miguel Blesa, y añade los “gastos de defensa y representación”.
Lucro cesante por tener que dejar los consejos
A las cuatro razones anteriores, el abogado Carlos Aguilar añade el lucro cesante, el dinero que Blesa dejó hipotéticamente de ganar por su entrada en la cárcel, como motivo para reclamar más de 33.000 euros por cada día que su defendido durmió en prisión. El texto del letrado solicita que Blesa sea compensado por “los daños irrogados y el lucro cesante sufridos por mi representado como consecuencia de la actividad profesional que no pudo continuar desarrollando a causa de su indebida imputación y encarcelamiento, especialmente los ceses en los consejos de Administración de los que era miembro, provocados como consecuencia de las prevaricadoras resoluciones judiciales por Vd. dictadas”.
Cabe recordar que tras la anulación de esta causa, Miguel Blesa está acusado por el caso de las tarjetas black y deberá sentarse en el banquillo junto a Rodrigo Rato.
Pero, además de los 500.000 euros reclamados por Miguel Blesa, su abogado, Carlos Aguilar, también solicita ser indemnizado con 50.000 euros. El argumento, en este caso, es la también imputación del letrado en el caso y, al haberse anulado el auto, los daños y perjuicios causados.
Blesa, en los papeles de Panamá
Miguel Blesa ha sido protagonista esta misma semana ya que se ha desvelado gracias a los papeles de Panamá que tuvo el control de una sociedad creada en un paraíso fiscal por el bufete panameño Mossack Fonseca, según desveló El Confidencial. Los papeles de Panamá vinculan el nombre de Blesa con la empresa se llamaba Danforth Investment que había sido creada en 1989 para tener su sede en las Islas Vírgenes Británicas. En esa época, Blesa trabajaba en Madrid como asesor fiscal y por tanto conocía perfectamente la legislación española en esos asuntos y las repercusiones de contar con una sociedad localizada en un paraíso fiscal.
Gracias a sus poderes sobre Danforth Investment, Blesa creó en 1992 Danforth Ibérica, empresa que tiene en la actualidad un capital social de más de 700.000 euros. Blesa figuró como administrador de esa empresa durante solo un año, ya que fue sustituido por José María Montoto Cañas, que había sido en las elecciones generales de 1986 candidato por Córdoba de Alianza Popular en el número 3 de la lista.
Según desvela El Confidencial, en 1991 las inversiones de la firma opaca de Danforth, registrada en las Islas Vírgenes, compró el 45% del capital social de la sociedad española Construcciones Aeronavales SA (CANSA) por unos 315.000 euros. Los consejeros eran entonces José María Montoto, Pedro Rodríguez Pla y la empresa armamentística EINSA. Esta firma, según se desprende de los correos de Blesa destapados por eldiario.es, utilizó a Blesa como intermediario con Aznar para la venta de armamento a Libia y Argelia con la que el expresidente obtuvo jugosas comisiones.