Ana Pastor: Yo le pregunto: a día de hoy, con Pedro Sánchez en Moncloa, ¿las cloacas siguen funcionando?
Pablo Iglesias: Sí
Ana Pastor: ¿Tiene constancia?
Pablo Iglesias: Es un procedimiento secreto.
Las respuestas de Pablo Iglesias a Ana Pastor en de La Sexta el pasado domingo por la noche han provocado un revuelo a la altura de la acusación que ponen encima de la mesa. La periodista pregunta por las “cloacas” y el líder de Podemos vincula su respuesta afirmativa a la pieza separada del caso Villarejo que investiga la aparición de una copia del teléfono móvil de una antigua colaboradora en el archivo incautado al comisario.
Esa es la investigación a la que necesariamente hace referencia Iglesias porque es la única de la que él y su ayudante pueden saber algo más que cualquier otra persona. Ambos fueron citados por el juez del caso Villarejo para explicarles brevemente el motivo de las pesquisas y ofrecerles la personación como perjudicados. Los fiscales les formularon varias preguntas.
Sin embargo, nada de lo que recoge hasta ahora esa pieza secreta, la número 10, hace alusión a trabajos recientes de una brigada política como la que que actuó contra Podemos, entre otros rivales políticos del PP, según ha confirmado eldiario.es en fuentes del caso. Aquel grupo se disolvió con la jubilación de su máximo responsable, Eugenio Pino, y sus agentes fueron a ocupar distintos destinos, algunos altamente remunerados. A eso hay que sumar que todos fueron condecorados con la medalla roja, pensionada con el 10 por ciento del sueldo de por vida. Los que están imputados en la Audiencia Nacional están enfrentados hoy por facciones.
El motivo de la citación de Pablo Iglesias fue, exclusivamente, la aparición en el teléfono de su colaboradora del chat que publicó okdiario.com y que tenía a Pablo Iglesias como principal perjudicado por afirmar éste que “azotaría” a la presentadora de televisión Mariló Montero. De ahí, que se le ofreciera, como a la víctima del robo, la personación como perjudicados.
Cuestión distinta es que los investigadores sospechan que, tratándose de Villarejo, así como por otros contenidos del teléfono y por las fechas en las que se produjo el robo del terminal, noviembre de 2015, se pudiera tratar de un encargo del Ministerio del Interior de la época. En aquel momento, Podemos era una fuerza emergente que enfilaba con grandes expectativas las elecciones generales del mes siguiente.
Por otra parte, ninguno de los protagonistas de las investigaciones policiales prospectivas y sin control judicial durante el periodo de la brigada política continúan en puestos que les permitan realizar un trabajo similar, al menos al servicio del Estado o el Gobierno de turno, como ocurrió en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016.
Esos cuatro años constituyen el periodo de vida de la brigada política que, con Jorge Fernández Díaz, como titular de la cartera, y el comisario Eugenio Pino en el puesto de director adjunto operativo de la Policía, actuó en perjuicio del proceso soberanista en Catalunya, contra Podemos, y en favor del Partido Popular con el espionaje a Bárcenas.
Fuentes de la formación morada contextualizaban este lunes las palabras de Iglesias. Reconocen que este Gobierno no da órdenes a la Policía contra ellos, como hacía el anterior, pero consideran que no ha hecho nada para depurar responsabilidades y acabar con cualquier residuo de aquella actividad. Actúan en sintonía, añaden, con las dificultades que ya pusieron a la comisión de investigación del Congreso, informa Aitor Riveiro.
Además, desde Podemos constatan que la pata mediática de esa trama -los periodistas y medios que publicaban los informes falseados contra la formación- siguen actuando a pleno rendimiento.
Fernando Grande-Marlaska: “Las cloacas no existen en el Ministerio del Interior. Creo que se han tomado medidas claras, determinantes, desde que soy ministro”.
Al ser preguntado este lunes en Cádiz, el ministro del Interior negó la existencia de “cloacas en el Ministerio del Interior” en la actualidad, como afirma Pablo Iglesias. Pero no solo eso, Grande-Marlaska también lo atribuye a las medidas adoptadas por su departamento. Sin embargo, los principales protagonistas uniformados de la guerra sucia contra la oposición ya no estaban en sus cargos cuando triunfó la moción de censura, Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno y él en ministro del Interior.
Los políticos del PP responsables de aquellas maniobras siguen en la vida pública sin consecuencia alguna [como se explica en esta pieza], siete años después de que naciera la brigada política, pero su situación no depende del ministro Grande-Marlaska.
Al actual equipo de Interior solo es atribuible el cese inmediato del comisario José Luis Olivera, jefe de la UDEF en la época de Zapatero y, sin embargo, policía de confianza de Fernández Díaz y de su número dos, Francisco Martínez. Olivera viajó en octubre de 2012 a Catalunya para convencer a los fiscales de registrar la sede de CDC en precampaña electoral. Es un policía muy próximo a Villarejo, al que defiende en público por sus servicios al Estado. Olivera no está imputado en sumario judicial alguno.
En cuanto a los policías protagonistas de la trama, o se han jubilado, o fueron víctimas de cuitas internas o cesados por el anterior Ejecutivo. En la siguiente se lista se encuentra el autor o autores del informe PISA, según señalan desde la propia Policía y sospechan en la Audiencia Nacional.
Eugenio Pino. director adjunto operativo entre enero de 2012 y junio de 2016. Es el policía que eligió el Partido Popular para dirigir la Policía. A él corresponde el diseño y misiones de la brigada política. Solo dejó el cargo cuando llegó el momento de su jubilación. Fernández Díaz le despidió otorgándole la máxima distinción para un policía en vida, recompensada con una paga del 15% extra del salario de por vida. Pino se sentará en el banquillo por haber intentado introducir información robada en la causa contra los Pujol y está imputado en la Pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga el espionaje con dinero público de los fondos reservados a Luis Bárcenas.
José Manuel Villarejo Pérez. La jubilación le llegó dos meses después que a Pino, en agosto de 2016. En el último tramo de su carrera profesional había sido condecorado con una medalla pensionada por su participación en la Operación Catalunya, como reveló eldiario.es en marzo de 2015. No fue hasta más de un año después de su jubilación que fue detenido por liderar presuntamente una organización criminal sirviéndose de su puesto de funcionario público, destinado en la Dirección Adjunta Operativa desde 2011, en tiempos aún del Gobierno de Zapatero. Las últimas revelaciones del caso que lleva su nombre apuntan a que, además de enriquecerse de forma ilegal, realizó encargos políticos para el Ministerio del Interior, entre ellos, el espionaje al extesorero del PP.
Enrique García Castaño. Se ha jubilado recientemente después de un periodo prolongado de baja por razones médicas. García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, escuchas y captación de fuentes, entre otros cometidos. Fue destituido por el anterior equipo de Interior, el que dirigía Juan Ignacio Zoido. La excusa fue la aparición en publico.es de una grabación sin su consentimiento en la que aludía a un chantaje al CNI y el rey emérito conocido por Villarejo. En la grabación también insultaba a un superior. El director adjunto operativo que sustituyó a Pino, Florentino Villabona, le comunicó que era cesado por su relación con la prensa. Está imputado en el caso Villarejo acusado de suministrarle desde su puesto información confidencial al otro comisario.
Marcelino Martín-Blas. El que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos fue el único de esta primera línea de la policía política que fue cesado, pero no por sus actividades parapoliciales contra el proceso soberanista sino por su enfrentamiento con Villarejo. El Ministerio del Interior se posicionó a favor del hoy acusado de liderar una organización criminal y dejó sin atribuciones a Martín-Blas, a pesar de ser un policía históricamente vinculado al Partido Popular y haber participado en la Operación Catalunya de forma intensa. Se jubiló antes de ser imputado en la Audiencia Nacional por el espionaje a Bárcenas.
José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. A pesar de ocupar otra plaza, ambos actuaron como jefes de gabinete de Pino. Los dos están imputados por la Operación Kitchen después de haber disfrutado de destinos dorados a los que les envió Pino como recompensa. En el caso de Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto al director adjunto operativo en el caso del pendrive de los Pujol. El departamento de Grande-Marlaska les cesó en sus puestos en las embajadas, pero Díaz Sevillano ha estado ejerciendo hasta hace poco por ser necesario para su relevo, según argumentan desde Interior. Fuentes Gago fue relegado a tareas burocráticas en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Andrés Gómez Gordo. El policía asesor de Cospedal participó presuntamente en la captación y manejo del confidente Sergio Ríos, chófer de los Bárcenas, y por eso está imputado en la Audiencia Nacional. El laxo reglamento policial incluye la apertura de un expediente por las imputaciones, pero éste se archiva de forma provisional hasta que hay sentencia firme, esto es, hasta que se pronuncia el Tribunal Supremo. Por este motivo, Gómez Gordo juró recientemente su ascenso a comisario y recibió destino. Gómez Gordo es hoy jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la provincia de Alicante.