La ministra de Economía, Nadia Calviño, compró su casa en Mirasierra (Madrid) junto a su marido en el año 2000 utilizando una sociedad instrumental creada ad hoc, según publica este viernes ABC.
Calviño y su marido, el economista Ignacio Manrique de Lara, crearon la sociedad Aldael Consultores en el año 2000 específicamente para la adquisición de la vivienda. Según este diario, ocultaron su nombre como propietarios de la sociedad en el Registro Mercantil a través de dos intermediarios: fueron María José Fernández Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Díaz quienes aparecen nombradas como administradoras solidarias el 8 de junio de 2000 en el escrito de constitución, aunque realmente quince días después dieron de baja a estas personas y Nadia Calviño y su marido las relevan en el cargo.
El 20 de julio de ese mismo año, esta sociedad compra la casa en Mirasierra (Madrid) con una hipoteca de 60 millones de pesetas. El matrimonio reside hasta el año 2006. ABC asegura que en 2004, la ahora ministra causa baja como administradora y el cargo de administrador lo recoge su hermano Iván. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron a ABC que “la ministra no tiene ninguna relación con la sociedad desde 2004”.
El matrimonio se habría beneficiado supuestamente del ahorro de impuestos a lo largo de los años, una práctica que es legal, como afirma ABC, si las deducciones se hacen de acuerdo al criterio de la Agencia Tributaria. Pedro Sánchez rechazaba este tipo de operaciones en una entrevista en 2015, cuando aseguró que si alguien en el partido tenía una sociedad para pagar menos impuestos estaría fuera “al día siguiente” al ser preguntado por el caso de Juan Carlos Monedero, que presentó una declaración complementaria para regularizar su situación con Hacienda en 2013.
Es la cuarta ministra de la que se conoce algún tipo de sociedad instrumental o está en entredicho por presuntos intentos de pagar menos impuestos. Pedro Duque tiene sus viviendas en Madrid y Alicante a nombre de una sociedad patrimonial, pero asegura que esto no le ha supuesto “ningún ahorro real de impuestos”. El anterior ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, utilizó una casa en la playa para rebajar irregularmente su factura fiscal durante tres ejercicios entre 2006 y 2008. Dimitió cuando se supo que llevó a los tribunales las reclamaciones de la Agencia Tributaria por dejar de pagar 218.322 euros a Hacienda con una sociedad que montó en el año 2006 y la Justicia no le dio la razón, por lo que tuvo que pagar una multa de 365.928 euros.
Además, en la declaración de bienes que publicó el BOE el pasado 29 de septiembre la ministra de Educación, Isabel Celaá, no incluía en la valoración de sus bienes inmuebles dos pisos unidos en uno que posee en un palacete en Getxo (Vizcaya).