El Tribunal Supremo ha dictaminado que las administraciones públicas están obligadas a aportar información creada antes de la entrada en vigor. De esta forma, la justicia ha dado la razón a la Fundación Civio y falla a favor de un recurso en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional, que establecía que las administraciones públicas no tienen por qué revelar información anterior a la entrada en vigor de la Ley. Con este nuevo fallo, se elimina el límite temporal que impuso esa sentencia. Y permite que toda la ciudadanía pueda pedir información anterior a diciembre de 2014.