Lo esencial para cerrar el día

La sede del antiguo diario Madrid, en la calle Larra, ha sido el escenario del primer gran encuentro celebrado entre el sector crítico de Ciudadanos, al que han asistido más de doscientas personas, entre ellos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que pese a la expectación que ha despertado su presencia sigue sin dar un paso adelante para anunciar una candidatura alternativa a Inés Arrimadas para la presidencia del partido. Informa Carmen Moraga.

“No somos un rebaño”, ha sentenciado. Igea ha reivindicado un partido totalmente distinto al que ha presidido hasta el pasado mes de noviembre Albert Rivera y que su previsible sucesora, Inés Arrimadas, parece dispuesta a que no cambie en lo sustancial. “Yo quiero estar en un partido –ha proseguido–, en el que no se expulse a los discrepantes” y en el que no se les diga “cómo eres tóxico te vas”.

Además, ha hecho un repaso a algunos de los errores que, a su juicio, ha cometido el partido en los últimos meses. “El barco iba a toda vela y no fue así”, ha afirmado. “Yo mismo fui participe de decisiones equivocadas”, ha añadido, entonando el mea culpa. “Soñamos que podríamos alcanzar el poder y pecamos de egoísmo”. “Nos olvidamos de la gente”.

En el acto han intervenido también la exdiputada Orlena de Miguel, la diputada de la Asamblea de Madrid Marta Marbán, el exdiputado de Canarias Raúl Ramirez y la exsecretaria de Programas de Galicia, Mari Ángeles Fernández-Ramil, que han reivindicado a Ciudadanos como un partido de centro. El acto lo han cerrado los afiliados asistentes con un coloquio en el que han manifestado sus quejas con el partido.

Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano Mayor, ha dimitido este viernes como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid y volverá a su “anterior actividad” por la “enorme demanda de atención” que requieren “tantas familias en el país”.

Ha asegurado tomar esta decisión por “propia convicción”: “Durante la última década, mi vocación y profesión han estado vinculada a la resolución de conflictos dentro del ámbito del hogar, derivados muchos de ellos del consumo de alcohol y otras drogas”, ha remarcado.

En su carta de dimisión, ha calificado de “intensos, fructíferos y muy satisfactorios” los cerca de cinco meses que ha ostentado el cargo. Este 30 de enero fue su última aparición con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo presentando un acto por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha señalado que “cualquier decisión que afecte a España, a la unidad nacional, al Estado de las Autonomías y a la igualdad de los españoles, debe ser producto de un acuerdo en el que, al menos, estén involucrados el Partido Socialista y el Partido Popular”. Lo ha dicho en Murcia, donde ha firmado ejemplares de su libro este viernes, según informa Europa Press.

Rajoy se ha mostrado así preocupado porque “lo peor que se puede hacer es que las decisiones de lo que es España, la soberanía nacional o la igualdad de todos” se estén adoptando “entre un partido nacional, en este caso el PSOE, y partidos que en este momento están defendiendo la independencia”.

“Lo que es España se decide entre todos y no entre partidos independentistas y un partido nacional”, ha dicho.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado un recurso de súplica contra el auto mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó abrirle una nueva causa por negarse a retirar una pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”. Informa EFE.

Se trata de un recurso de súplica contra el auto del 3 de febrero, en el que el TSJC acordó abrir una nueva investigación a Torra por desoír una orden de quitar del balcón del Palau de la Generalitat esa pancarta, finalmente retirada por los Mossos d'Esquadra.

En su recurso, Torra pide “revocar” el auto por “falta de imparcialidad y por constituir una injerencia ilegítima en el derecho fundamental a la libertad de expresión”.

El primogénito del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, se ha desmarcado de la venta en 1991 de la empresa Grand Tibidabo y de las supuestas mordidas que se pagaron por esta operativa, y ha atribuido el ingreso de 8,5 millones de pesetas (unos 51.000 euros) en una de sus cuentas en Andorra, que los investigadores vinculan con esta operación, a un producto bancario que él denomina “láminas financieras” y que le reportó beneficios. Informa Europa Press.

Así lo ha manifestado Pujol Ferrusola en la declaración que ha prestado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el origen de la fortuna de la familia, una investigación en la que está imputada una treintena de personas, entre ellas todos los miembros de la familia Pujol, por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

Las fuentes consultadas han explicado que Pujol Ferrusola no ha querido contestar a las preguntas del abogado de Grand Tibidabo, que fue quien solicitó su comparecencia, ni a la acusación que ejerce el partido Podemos, mientras que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado han planteado ninguna cuestión. Sí ha respondido a su letrado, Cristóbal Martel.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado una serie de medidas paliativas a las comunidades autónomas por el efecto de haber dejado de cobrar la parte que les correspondía del IVA de diciembre de 2017, 2.500 millones de euros que han puesto en pie de guerra incluso a las CCAA del PSOE, algunas de las cuales, como Castilla-La Mancha, se han unido a las amenazas de acudir a los tribunales.

Según fuentes presentes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero ha reiterado que el problema de la liquidación del IVA de 2017 fue generado por su antecesor, Cristóbal Montoro, y que PP y C's impidieron solucionar al rechazar la propuesta del Gobierno en los presupuestos de 2019.

Pero igualmente ha defendido que no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que han gastado ese dinero. Por lo tanto, el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.

Escribe Marina Estévez Torreblanca.

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Una magistrada de San Sebastián ha condenado al exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel como autor en calidad de cooperador necesario de tres delitos fiscales en el marco de la investigación en torno a la mercantil Glass Costa Este Salou, por lo que la suma alcanza los siete años de cárcel.

Asimismo, deberá afrontar una multa de 3.118.987 euros euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.559.493,60 euros de manera solidaria con el segundo acusado también condenado, su socio el empresario Fernando Isidoro González Enfedaque (ex de Air Madrid), que ve rebajada su pena a 11 meses y 29 días por haber devuelto ya 1 millón de euros durante el juicio. La Fiscalía pedía seis años de prisión para Bravo, mientras que la Abogacía del Estado elevaba la solicitud hasta los nueve años.

Escribe Iker Rioja.

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Anticapitalistas, una de las familias políticas que participó en el lanzamiento de Podemos, está a punto de decidir que no participará en la tercera Asamblea Ciudadana del partido liderado por Pablo Iglesias. El próximo 16 de febrero, en vísperas de concluir los plazos para la presentación de las candidaturas, el grupo de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán tomarán una decisión definitiva, según ha adelantado Cuarto Poder.

La siguiente decisión que tomará Anticapitalistas, después de decidir sobre su participación en la Asamblea estatal, se producirá a finales de marzo, en un congreso en el que debatirá su presencia en Podemos. Y hay tres opciones sobre la mesa: la de seguir es la que menos apoyos tiene en estos momentos en los que se plantea no acudir siquiera a Vistelegre III. Las otras dos son: de salir de Podemos pero intentar permanecer en Unidas Podemos como un actor político más dentro de un frente electoral; o, directamente, salir de todos los espacios orgánicos y electorales.

Escribe Andrés Gil.

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El Ministerio de Hacienda ha comunicado este viernes a las Comunidades Autónomas la nueva senda de estabilidad para los próximos años, por la que establece un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo ha comentado a los consejeros de Economía y Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no tiene lugar desde 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

La mayoría de comunidades autónomas que han acudido esta tarde al Consejo han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo al déficit del 0,2% del PIB que les va a ofrecer Hacienda para este año, porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar.

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El pleno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este viernes la propuesta de la Alcaldía de contratar a un 'city manager'. El punto ha salido adelante con los 14 votos a favor de los grupos que conforman el gobierno de coalición y con el rechazo en bloque de toda la oposición, que ve en esta contratación “una medida para esquilmar los recursos públicos y contratar a sus amigos”. Informa Europa Press.

El city manager percibirá 86.000 euros anuales, un salario superior al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

El concejal de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha detallado que entre los requisitos que debe cumplir el funcionario que ocupe el puesto está desarrollar la superior coordinación y la jefatura administrativa del área de la Alcaldía, desarrollando trabajos fundamentalmente de gestión (como la redacción de pliegos o proyectos, entre otros) y de carácter ejecutivo que redunden en el mejor funcionamiento del Ayuntamiento.

El alcalde de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome, ha defendido la contratación de esta figura al afirmar que “su sueldo va a beneficiar con creces a la ciudad de Ourense”. Entre las ventajas de disponer de esta figura, el regidor de la ciudad de As Burgas ha destacado que “podrán hacer cantidad de cosas de forma autónoma y sin necesidad de auditorías externas que producen cientos de miles de euros de gastos”.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este viernes que trabajará con Estados Unidos para tratar de resolver “con diálogo” y con “diplomacia discreta” el problema que los aranceles comerciales de este país suponen para España, según recoge Europa Press. Este viernes tiene programada, de hecho, una conversación con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Según ha dicho, el objetivo de la reunión es precisamente entablar un diálogo y estrechar lazos entre los dos países, lo mismo que en la que ha mantenido con el embajador de Estados Unidos, en España, Duke Buchan.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este viernes en Palencia de que actuará con “contundencia” para evitar las “malas prácticas” en la Junta, en alusión a las informaciones de la Guardia Civil en el seno de la Administración regional por subastar como chatarra vehículos que continúan en uso. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente estaba dirigida entonces por el exjuez Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha renovado su cargo en esta legislatura.

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Hacemos una pausa en el relato de este viernes con un resumen de las noticias destacadas de lo que llevamos del día. Recopilamos estos temas:

– El relator de la ONU sobre pobreza recomienda que España explore el control de los precios del alquiler. El representante de Naciones Unidas se ha mostrado “sorprendido” por el nivel de pobreza en España: “He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían”.

– Pedro Sánchez se compromete ante Ada Colau a “cumplir lo pactado” con Unidas Podemos en materia de alquiler. El presidente responde a la demanda de la alcaldesa asegurando que impulsará las medidas del acuerdo de coalición, que prometía “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler”.

– El presidente se lleva a sus ministros de retiro para activar la agenda legislativa de los próximos meses. El Gobierno se reúne en una finca toledana propiedad de Patrimonio Nacional en una sesión de trabajo que servirá para fijar las prioridades de la legislatura.

– Vox asume que no estará en las mesas de las comisiones del Congreso por el veto del PSOE y el desacuerdo con el PP. Los socialistas han llegado a un acuerdo con sus aliados parlamentarios y el PP no cede esta vez votos a la formación de extrema derecha.

Hasta en tres ocasiones, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado este viernes descartar que la fundadora de UPyD, Rosa Díez, vaya a ser la candidata del partido a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas. En rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido el líder de los populares, Pablo Casado, con consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, García Egea ha añadido así más suspense a las especulaciones acerca de un posible recambio al líder del PP vasco, Alfonso Alonso, para los comicios que tiene previsto adelantar el actual lehendakari, Iñigo Urkullu.

“El PP vasco tiene un presidente que es Alfonso Alonso”, ha recalcado el 'número dos' de los populares, que ha insistido en que aún “no hay unas elecciones convocadas” en Euskadi. “Hoy nuestros presidentes son baluarte de la libertad en todos los territorios. Y el PP vasco se ha destacado por la lucha por la libertad”, se ha limitado a responder.

No obstante, cuando ha sido preguntado por la posible candidatura de Díez hasta en tres ocasiones, García Egea ha asegurado “cuanta más gente pueda venir al PP es más positivo”. “Es la casa común del centro derecha”, ha remarcado, para repetir, una vez más que por parte de su partido “no hay candidato en ningún sitio porque no hay elecciones convocadas”.

Informa Iñigo Aduriz.

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Pedro Sánchez se lleva a sus ministros de retiro a Quintos de Mora (Toledo) para una sesión de trabajo con la que pretende activar la agenda legislativa de los próximos meses. La intención de la jornada es que sea un encuentro distendido del gabinete que se prolongará durante todo el día para fijar las prioridades de la legislatura y que sirva para crear un clima de trabajo en el primer Gobierno de coalición.

La jornada comenzará a las 9:30 horas de la mañana, cuando están convocados los miembros del Consejo de Ministros y algunos de sus asesores, como los jefes de gabinete de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –Iván Redondo y Julio Rodríguez, respectivamente–. “Por la mañana se tocarán dos puntos: agenda legislativa del trimestre y contexto económico y estabilidad presupuestaria”, explican en Moncloa.

El gabinete tendrá que ordenar cómo va poniendo en marcha las distintas iniciativas. Por ejemplo, el plan es presentar pronto la nueva ley de educación, que ya está redactada puesto que se llegó a presentar en el anterior mandato pero caducó con la disolución de las Cortes. En el seno del Gobierno también aparecerán diferencias, como la que actualmente existe entre el Ministerio de Igualdad, que quiere impulsar la reforma del “solo sí es sí” a través de una ley para las libertades sexuales, y la vicepresidencia de Carmen Calvo, que aboga por incluir esa medida en la reforma global del Código Penal.

Informa Irene Castro.

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“Ningún tipo de arrepentimiento”, “distorsiones cognitivas resistentes al cambio” o “falta de asunción del delito de asunción”. Estos son algunos de los argumentos expuestos por la Fiscalía de Barcelona para oponerse al permiso de 72 horas que la cárcel de Lledoners propuso conceder al exlíder de la ANC Jordi Sànchez. El Ministerio Público sigue la línea de lo expuesto la semana pasada para pedir a la jueza que impida al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

De hecho, las expresiones usadas por los fiscales respecto ambos internos son calcadas. Califican el permiso para Sànchez, al igual que el de Cuixart, de “prematuro”, “injustificado” e “inprocedente” debido al escaso tiempo de cumplimiento de la pena impuesta de nueve años de prisión por sedición. Señalan además como motivo para oponerse la “falta de asunción de los hechos delictivos” y la ausencia de “arrepentimiento” y de un programa de tratamiento penitenciario específico para “superar los déficits detectados”.

Informa Oriol Solé.

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El Consejo de Estado es el principal órgano consultivo y el Gobierno recurre a él para solicitar dictámenes cada vez que tramita un proyecto de ley o plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional. Se trata de una institución en la que los expresidentes del Gobierno tienen garantizado un puesto vitalicio, a razón de un sueldo de 100.000 euros al año.

A día de hoy, todos los exmandatarios han renunciado a su derecho a formar parte de este órgano consultivo. Aznar se ha convertido en un empresario con múltiples ocupaciones y forma parte del consejo de News Corporation, el gigante de la prensa conservadora creado por Rupert Murdoch. Zapatero abandonó el Consejo de Estado en 2015 para asesorar a una fundación alemana. Felipe González y Mariano Rajoy ni siquiera llegaron a tomar posesión de su cargo.

Informa Gonzalo Cortizo.

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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estudiará la demanda que interpuso el que fuera juez de la Audiencia Nacional y hoy abogado en ejercicio Baltasar Garzón contra España. Tanto el Tribunal Constitucional como el TEDH inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2012 por intervenir las conversaciones de los capos de la Gürtel en prisión.

En el caso del tribunal con sede en Estrasburgo, el recurso de Garzón fue contestado en junio de 2015 con una simple providencia en el que se declaraban inadmisibles sus pretensiones. Ahora, ocho años después de su condena, el Comité de la ONU responde a una demanda del propio exmagistrado contra la justicia española por atacar su independencia como juez al abrir procedimientos penales contra él que le costaron su inhabilitación. En su día, este órgano de la ONU reclamó a las autoridades españolas la presentación de alegaciones, y tras estudiarlas ha resuelto admitir el estudio del caso.

La demanda del que fuera uno de los jueces más populares de la Audiencia Nacional -instruyó la causa contra Pinochet e importantes sumarios contra el entorno de ETA, entre otros-, fue presentada en el Comité el 31 de enero de 2016. En ella se denunciaba ante la ONU que entre el 2009 y 2012, el juez Garzón fue investigado e imputado penalmente “por sus interpretaciones y aplicación de la ley” en el contexto de sus investigaciones judiciales en dos casos: por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco y por su presunta corrupción de personas pertenecientes al PP en el denominado caso Gürtel.

Así, se iniciaron contra él dos causas penales, resultando Garzón absuelto en el caso del Franquismo, mientras que fue inhabilitado durante 11 años por intervenir conversaciones del líder de la trama Gürtel Paco Correa con sus abogados en prisión. Para Garzón, sin embargo, y así lo señaló en su demanda ante la ONU, ello constituyó “un flagrante ataque a la independencia judicial y una violación de los derechos del entonces juez bajo el Pacto ratificado por España”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha arremetido contra el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, por haber vetado la posibilidad de que su grupo, que cuenta con 10 diputados, pudiera ocupar alguna de las presidencias de las Comisiones de las cerca de dos docenas que se están constituyendo este viernes en el Congreso. “Esto es reírse y despreciar a los millones de votantes de centro de nuestro partido que también querrían estar representados en los gobiernos de las mesas”, ha asegurado Bal.

“Sabemos que el señor Simancas ha puesto como condición inexcusable para negociar con el PP el reparto de las presidencias de las Comisiones que no se diera ninguna a Ciudadanos”. Y así, aseguran se lo trasladaron los populares. “A Ciudadanos, nada, nada. Y eso que representamos a más de un millón seiscientos mil votantes”, ha lamentado Bal en declaraciones en el Congreso.

Bal ha atribuido ese veto “a lo que ha publicado algún medio de comunicación”: que es la consecuencia a las “alusiones” que [Arrimadas] hizo en el Pleno de investidura “sobre la falta de currículum de Adriana Lastra”.

Bal ha asegurado que él intentó hablar con Simancas para ver qué les decía y no quiso ponerse ni siquiera al teléfono.

Informa Carmen Moraga.