Manuel Moix era partidario de poner fin en marzo a las escuchas a los investigados por el caso Lezo, según ABC. Así lo hizo saber el pasado día 13 de ese mes, recién llegado a la fiscalía Anticorrupción, cuando debía decidirse si se solicitaba al juez Eloy Velasco una prórroga para realizar grabaciones, como recomendaba la UCO de la Guardia Civil, o se consideraba que ya llevaban demasiado tiempo y debían terminarse.
Moix defendió esta segunda opción ante los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, que se opusieron frontalmente, según el mismo diario. Yáñez y García Cerdá argumentaban, además de la recomendación de la UCO, que creían que todavía se podía extraer información de los teléfonos. Para entonces, la fecha de las detenciones ya estaba fijada (19 de abril), por lo que los móviles era la mejor forma de tener controlados a los investigados los días previos.
Los tres fiscales llegaron a un acuerdo por el cual el jefe de Anticorrupción aceptó prorrogar las escuchas durante un mes y así se lo hicieron saber en un escrito a Velasco. Pero finalmente, este prorrogó las escuchas por un mes y medio en lugar de por un mes, orden que los investigadores de la Guardia Civil cumplieron.
Se produjo la situación de que durante los 30 primeros días, los móviles de los sospechosos no aportaron ninguna información. A partir de que concluyó ese periodo, volvieron a tener una mayor comunicación. La investigación considera esto un indicio de que los investigados pudieron recibir algún chivatazo de que sus móviles estaban siendo controlados, según relata ABC.
De este modo, los investigadores pudieron saber de la reunión entre Casals, Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino el día antes de la Operación en la suite de hotel en la que se alojaba el primero. La UCO pudo grabar la cita, aunque solo supo de ella con un día de antelación por lo que los audios no son de buena calidad.