Que el PSOE haya formalizado el pasado viernes en el Congreso de los Diputados la petición de que la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ se tramite por la vía de urgencia demuestra hasta qué punto el presidente del Gobierno quiere zanjar este asunto cuanto antes. Y también lo poco que importa ya entre los socialistas que la corrección a una de las leyes estrella de Irene Montero pueda salir con los votos favorables del PP. “Lo que importa es el qué y no el con quién”, defienden varios ministros socialistas, para quienes urge impedir que en futuras sentencias haya más rebajas de condenas a los agresores sexuales, una vez asumido que las revisiones a la baja de las ya dictadas van a continuar.
Los socialistas están dispuestos a priorizar, no obstante, la negociación con sus habituales aliados parlamentarios. Y en eso andan ya -después de que la fase de negociación gubernamental con sus socios de Unidas Podemos se haya dado por superada- tanto Félix Bolaños como María Jesús Montero. Las ministras de Igualdad y de Justicia no han vuelto a hablar desde que el lunes el PSOE registrara la proposición de ley de forma unilateral porque la negociación ha pasado ahora al ámbito estrictamente parlamentario.
Las conversaciones ya han empezado y con ERC, PNV, Más País o Bildu fluyen “a buen ritmo”, en palabras de la dirección del Grupo Socialista, si bien ninguno de sus portavoces ha dado por sentado el sentido de su voto a pesar de que todos demandan una solución urgente. Los efectos indeseados de la norma han supuesto hasta el momento que el número de condenados por delitos sexuales beneficiados por el nuevo marco de penas asciende al menos a 507, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la ley. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado también la excarcelación de 42 personas.
En el PSOE dan por hecho que la reforma, pese a la tensión provocada en el seno de la coalición de gobierno, contará con los votos suficientes para superar la primera votación en el pleno del Congreso, incluso en el hipotético caso de que Unidas Podemos votase en contra, algo que el grupo confederal aún no ha explicitado y que en Moncloa descartan por completo. Vox ha garantizado por su parte que no obstaculizarán la tramitación mientras que PNV o Ciudadanos han adelantado su voto a favor de la toma en consideración. En coherencia con su ya manifestada voluntad de reformar la ley y de que se eleven las penas, UP deberían votar a favor de la tramitación de la reforma según Moncloa, que no prevé lo contrario. Cuestión distinta es cuál es su alternativa -hasta ahora desconocida- a la hecha pública por Justicia que tendrán que hacer pública en el trámite de enmiendas.
De momento, en el PSOE no ven “más que atrincheramiento” e “ideas preconcebidas”, pero también creen que a medida que avance la tramitación su espacio “se irá haciendo más pequeño de lo que ya es porque la pregunta, más allá de tecnicismos, será sólo si están a favor o en contra de impedir el goteo de excarcelaciones y las rebajas de condena de los abusadores sexuales y los violadores”.
En el equipo de La Moncloa no ocultan el profundo malestar del presidente con sus socios y tampoco la dificultad para abrir espacio a otros asuntos en el debate público. “Es algo insufrible y, sin duda, no es la situación ideal para un Gobierno que tiene una acreditada hoja de servicios en lo económico y en lo social”, lamentan en el entorno de Pedro Sánchez, dónde por otra parte prefieren ver la botella medio llena y creer que “la ley ya no tiene coste para el PSOE, sino para quienes están más bien a su izquierda”.
El mismo interlocutor defiende que el presidente “ha reconocido el problema y dado muestras de querer minimizarlo” y eso es algo que “en la opinión pública ha quedado acreditado” con la orden de Sánchez de reformar la ley sin apoyo de sus socios y sus sucesivas intervenciones públicas. “El problema ahora es de Podemos y de la ministra de Igualdad, que son quienes están cerrados en banda, y aún más de Yolanda Díaz, que tendrá que abandonar su habitual posición de equilibrio antes de la votación”, añade un ministro socialista.
La vicepresidenta, que hasta el momento ha evitado pronunciarse, salvo para llamar al acuerdo entre los socios y pedir “discreción” en la negociación, está contra las cuerdas, más bien ante una compleja disyuntiva: situarse del lado de las responsables de Igualdad o del de la reforma sin ambages que plantea el PSOE para incluir el subtipo de la violencia e intimidación para ajustar al alza las nuevas penas. Haga lo que haga, si finalmente UP no se aviene al acuerdo, tendrá un coste para el espacio que aspira a representar en el futuro inmediato. Si opta por apoyar a Irene Montero, temen en el Gobierno, se retratará ante la opinión pública “con quienes no dan soluciones para frenar este goteo insufrible”. Y si se desmarca de ella, tendrá dificultades para “la construcción de Sumar porque Podemos no se lo pondrá fácil”, aseguran. Un socialista lo resume del siguiente modo: “Si se aparta de la posición de Montero, con quien los afectos ya son de por sí frágiles, dinamitará ese espacio y si la respalda, quedará desacreditada ante una opinión pública mayoritariamente favorable a esta reforma”.
Todo lo que debilite a Díaz, debilita a Sánchez
Lo cierto es que la polémica de la ley del 'solo sí es sí' ha llegado justo en el momento en el que entre Díaz y Montero y Ione Belarra había empezado un tímido deshielo para construir un espacio compartido con la vista puesta en las generales y para que la izquierda a la izquierda del PSOE no se presente con distintas candidaturas a las elecciones.
Hay veces que lo que caracteriza al equidistante no es la cobardía, sino la voluntad de crear un marco de encuentro y diálogo, y en este momento es esto lo que los más entusiastas con la vicepresidenta sostienen que trata de construir Díaz entre la parte morada y la socialista. Sea como fuere, desde el punto de vista electoral, todo lo que debilite a Podemos es un problema para la líder de Sumar y todo lo que debilite a Díaz es un problema para Sánchez y para el futuro del gobierno progresista.
La única certeza es que el tiempo corre y que, aunque los plazos con la tramitación por la vía de urgencia se acortan a la mitad, el primer debate en pleno sobre la reforma tendrá lugar el 7 de marzo y que podría envenenar la celebración del 8-M, además de fracturar otra vez al movimiento feminista.