Moncloa ordena al Grupo Parlamentario Socialista frenar la comparecencia de fiscales en comisiones de investigación

Aunque la impulsó el PSOE en el Congreso, la comisión de investigación sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia ha provocado un encontronazo interno entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista. Tras varios días de negociación, este martes fue acordada entre los socios de investidura de Pedro Sánchez una lista de comparecientes que incluye al Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a dos fiscales europeos: Ignacio de Lucas y la fiscal jefa Croduta Kovesi. Una iniciativa de EH Bildu que los socialistas acabaron por respaldar y que salió adelante tras la votación de la Mesa de la propia Comisión.

La inclusión de Luzón y los otros dos fiscales en el listado de los llamados a comparecer ha provocado el rechazo expreso de gran parte de la judicatura e incluso del propio Fiscal General del Estado, que ha llegado a remitir un escrito al Congreso de los Diputados para que se replantee su citación. Y la respuesta del Gobierno ha sido exigir a su propio Grupo Parlamentario, el socialista, que dé marcha atrás e impida esas comparecencias.

Con la lista de comparecientes ya votada y aprobada formalmente por el Congreso, fuentes parlamentarias del PSOE consultadas por elDiario.es admiten que la idea ahora es convencer a EH Bildu para que la Mesa de la Comisión acabe por no citar nunca al Fiscal Jefe Anticorrupción ni a sus dos colegas europeos, sin descartar incluso que sea algo que tengan que llevar a la práctica con el respaldo de los votos del PP.

“A nosotros aún no nos han pedido cambiar nada. Cuando lo propusimos no pusieron ninguna pega. No entendemos ahora por qué motivo dan marcha atrás”, explican fuentes parlamentarias de EH Bildu a este periódico. Esas mismas fuentes añaden que, en cualquier caso, “si quieren retirarlo tendremos que volver a hablar y volver a votar, si es que no lo quieren hacer con el PP”. Y en plena ofensiva de los socialistas por la campaña electoral vasca, apuntalan: “Se han metido en este lío ellos solitos”.

Este miércoles, tras ser preguntado por las quejas del Fiscal General del Estado, el propio ministro de Justicia arremetió contra la decisión de citar a comisiones de investigación a jueces y fiscales con procedimientos en marcha. “No tiene ningún sentido”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas desde Valencia.

La orden de Moncloa al grupo parlamentario socialista llega después de la desautorización pública del ministro Bolaños. En los últimos meses, el titular de Justicia también ha venido rechazando la asistencia de jueces y magistrados a estas comisiones de investigación. “No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo. Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales”, ha añadido el ministro.

Este asunto se puso sobre la mesa el pasado otoño, tras difundirse el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, que abría la puerta a que los casos que el independentismo considera 'lawfare' —o persecución judicial por motivos políticos— se pudieran abordar en comisiones de investigación en el Congreso en una especie de juicio político a los jueces. El asunto soliviantó a amplios sectores de la judicatura y la Fiscalía, lo que obligó a Bolaños a emplearse a fondo para tratar de pacificar esas relaciones.

La decisión de los socialistas de votar a favor de la propuesta de EH Bildu que incluía citar al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y dos fiscales europeos suponía una quiebra de esa estrategia. También añadió presión la carta que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, envió este mismo martes al presidente de la comisión creada en en el Congreso para que reconsiderara la decisión de llamar a comparecer a Luzón. En su carta, García Ortiz alega que la Fiscalía Anticorrupción está directamente involucrada en muchos de los procedimientos que se tratarán en esa comisión y que eso podría “perturbar” el trabajo del departamento que dirige.

Desde el Ejecutivo admiten que la citación de los fiscales y la posterior marcha atrás es un error político respecto a una comisión de investigación en la que los socialistas se han volcado en las últimas semanas como contrapeso a la que el PP ha diseñado en el Senado con la carta blanca de su mayoría absoluta.