Montero apuesta por abordar la subida del salario mínimo en el segundo semestre de 2021

La parte socialista del Gobierno trata de aplacar por ahora el debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional por la que apuesta Unidas Podemos y cuya negociación ha puesto en marcha la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que no es el momento de acometer ese incremento dada la “situación económica” que deja la pandemia de la COVID-19 y su “incertidumbre” y ha defendido que se reconsidere esa posibilidad en el segundo semestre de 2021, cuando el panorama esté más despejado gracias a la vacuna.

“No podemos ignorar la situación económica que está viviendo nuestro país como consecuencia de la situación sanitaria”, ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que ha recordado que el próximo semestre va a estar plagado aún de “incertidumbre” por las restricciones que se tengan que acometer por la circulación del coronavirus. Por eso se ha mostrado partidaria de de actuar con “prudencia” y aplazar la subida del salario mínimo, que está encima de la mesa del diálogo social. Los sindicatos son partidarios de la congelación mientras que los sindicatos apuestan por un incremento de entre el 1,8% y el 5%. En plena división del Ejecutivo, Trabajo aún no ha hecho una propuesta formal.

La parte socialista del Gobierno se ha plantado en esta ocasión ante la presión de Unidas Podemos y abre una vía intermedia que es “reevaluar” la situación en el segundo semestre de 2021. “Caso de que en este momento no estemos en condiciones de poder hacer una previsión cierta de lo que va a ocurrir el próximo semestre tenemos la posibilidad y la oportunidad de que se pueda reevaluar a partir del próximo semestre que esperamos que la vacunación haya alcanzado a una cobertura de la población suficiente y estaremos en mejores condiciones de poder determinar cómo va a ser el devenir el próximo semestre para poder tomar la decisión más correcta en relación con esta materia”, ha afirmado la titular de Hacienda.

Montero ha defendido el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el incremento de los sueldos más bajos -cuya subida es una prerrogativa del Ejecutivo de la que tiene obligación de informar a los agentes sociales, aunque el Ejecutivo siempre sostiene que quiere hacerlo fruto del acuerdo-. “Tenemos que actuar con inteligencia política”, ha expresado la portavoz, que ha asegurado que es necesario “acompasar” el “momento tan grave que atraviesa el tejido productivo” haciendo un “equilibrio” con los compromisos adquiridos para la legislatura -que el SMI suba hasta el 60% del sueldo medio en España- “persiguiendo que no se produzca destrucción de puestos de empleo” al tiempo que se “acompañe a las empresas en este difícil tránsito”.

Yolanda Díaz: “Ya nadie habla de congelar”

“Las posiciones son conocidas y lo que pongo en valor es que ya nadie habla de congelar el salario mínimo interprofesional”, ha respondido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta tarde sobre las declaraciones de Montero acerca de la revisión del SMI en el segundo semestre del año, informa Laura Olías. La responsable de Trabajo ha recordado que el diálogo social sigue abierto, que está previsto que mantenga otra reunión sobre este tema antes del próximo Consejo de Ministros, previsiblemente el día 28. Díaz ha añadido que “será el diálogo social el que responda a esta cuestión”. En realidad, el Gobierno es el que tiene la competencia de acordar el salario mínimo cada año, que debe simplemente someter a consultas de los sindicatos y la patronal, pero este año ha decidido que sea objeto de negociación, como ha ocurrido en algunos ejercicios previos.

La subida del SMI es uno de los últimos conflictos en el seno de la coalición. No obstante, la portavoz ha tratado de rebajar esas tensiones justo el día en que se han aprobado los que han sido los focos de disputa en las últimas semanas: el decreto de paralización de los desahucios y la prohibición del corte de los suministros de luz, agua y gas a personas vulnerables. Montero ha enmarcado las discusiones en la necesidad de que las iniciativas se aprueben con “todas las garantías” y ha asegurado que aquello que tenga que ver con los pronunciamientos de algún miembro del Gobierno“ o de las fuerzas políticas que lo sustentan se quedan ”un segundo plano“. ”Estamos en la política de las cosas más que en las cosas de la política“, ha expresado la ministra, que ha insistido en que el gabinete está ”a tiempo completo dedicado a resolver los problemas que tienen los ciudadanos en el día a día“, entre los que ha puesto como ejemplo la vivienda, la preocupación sobre la salida de los ERTE, la estabilidad de su entorno laboral, etc.

La portavoz ha comparecido junto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para explicar los detalles del decreto anti-desahucios. En paralelo, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha explicado también las medidas aprobadas.

Preguntada por si la presión del socio minoritario de la coalición hace avanzar o retroceder al Gobierno, Montero ha respondido que el Ejecutivo está “trabajando en el compromiso” de la recuperación económica “más allá de que alguien se haga o no padre o madre de una determinada idea o que algún sector critique o pueda contribuir a que el Gobierno pueda seguir avanzando en sectores tan importantes para que nadie se quede atrás”.

En ese punto ha intervenido Calvo: “El trabajo de un Gobierno es coral. en muy pocas ocasiones hay un elemento del Gobierno que sea producto de una situación de solista”. La vicepresidenta primera ha asegurado que en el funcionamiento normal en cualquier Ejecutivo, aunque esté formado por dos partidos, es “casi imposible encontrar” una medida “que sea de una sola área”.