La historia se repite. Cambian los protagonistas, la ubicación geográfica y pequeños detalles del guion; pero con menos de un año de diferencia representantes de la derecha española han traicionado en dos ocasiones al PSOE en su búsqueda de la centralidad en el tablero. Con matices: la moción de censura en Murcia fue una jugada para intentar arrebatar el poder al PP con un Ciudadanos arrepentido de haberse puesto en manos de Pablo Casado en 2019 y la 'traición Navarra' es la respuesta a la necesidad del Gobierno de contar con los apoyos suficientes para sacar adelante la reforma laboral, la medida estrella de la legislatura que se le ha acabado atragantando a la coalición. Si la operación fallida en Murcia provocó un terremoto político con la convocatoria de elecciones en Madrid –que derivó en buena medida en una crisis de Gobierno tras arrasar Isabel Díaz Ayuso y en los comicios en Castilla y León–, la onda expansiva de la operación UPN está aún por determinarse: dependerá sustancialmente de los tribunales a los que ha recurrido tanto Vox como el PP. Antes, los resultados del próximo 13 de febrero en Castilla y León podrían dar algunas pistas.
“La lección que sacamos de la votación es que el PP de [Pablo] Casado y Teodoro García Egea son capaces de cualquier cosa”, afirmó la número dos del PSOE, Adriana Lastra, un día después de que los dos diputados de UPN que les habían garantizado a los socialistas su 'sí' a la nueva normativa laboral decidiesen votar en contra, en lo que Ferraz ve una maniobra orquestada por la dirección del PP. “El PP es capaz de cualquier cosa, incluso de poner en riesgo las instituciones, atacarlas y a la propia democracia para al final intentar dañar al Gobierno”, agregaba Lastra ante la operación de descrédito en el Congreso que han impulsado PP y Vox, que llevarán la votación a los tribunales por el error de un parlamentario que si hubiera elegido bien la opción marcada por el grupo popular habría supuesto la derogación inmediata de la primera reforma laboral que recupera derechos para los trabajadores.
En el PSOE están convencidos de que lo que hay detrás de la jugada para tumbar la reforma laboral es otro caso de transfuguismo. “De compra de voluntades del PP y lo único que nos queda por saber es el precio que ha pagado el PP”, aseveró Lastra este viernes. La preocupación en las filas socialistas, que dan por hecho que no habrá marcha atrás a la votación del jueves es, en buena medida, el daño a la imagen de las instituciones que puede alentar la antipolítica y dar alas a Vox y a esa concepción trumpista de la acción pública. En el cuartel general del PSOE hace tiempo que creen que a Casado dejó de preocuparle el decoro y el respeto a las instituciones, inmerso como está en una lucha interna para sobrevivir como líder del partido. Como ejemplo, citan que haya llegado a abandonar incluso el Pacto Antitransfuguismo que PSOE y PP firmaron hace dos décadas, con Aznar como presidente del Gobierno.
También el propio presidente de UPN, Javier Esparza, ve juego sucio en el viraje de Sergio Sayas y Carlos Adanero, a los que la dirección ha reclamado el acta de diputados mientras prepara su expulsión. “La situación es inadmisible”, señaló en una entrevista en la Cadena SER: “No representan a UPN”. El partido regionalista está sumido en una nueva crisis interna. Esparza sospecha que otras formaciones sabían la decisión de los dos parlamentarios (y él no). “Tengo la sensación de que allí durante todo el día se sabía lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir. El tiempo pondrá las cosas claras”, avisó.
En la retina de muchos dirigentes socialistas continúa la frustrada operación del PSOE y Ciudadanos en Murcia, donde los socialistas pactaron con Inés Arrimadas una moción de censura para expulsar al PP de la presidencia. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, trabajó a fondo entonces y Fernando López Miras consiguió mantenerse al frente del Gobierno gracias a tres diputados de Ciudadanos que rechazaron la iniciativa pese a haberla firmado. Todo se hizo a plena luz del día. A cambio de los votos López Miras reservó a los tres (y a un cuarto por si corría la lista) puestos bien pagados en el Ejecutivo regional. La Comisión del Pacto Antitransfuguismo, un gran acuerdo sellado en 1998 para evitar la compra de voluntades en política, declaró tránsfugas al presidente murciano y los hasta entonces miembros de Ciudadanos. A Casado poco le importó. La reacción del PP fue salirse del pacto antitransfuguismo poniendo fin a más de dos décadas de fair play partidista (al menos sobre el papel). Los socialistas aguardan ahora el siguiente paso de los parlamentarios díscolos de UPN en un momento en el que la formación debate su política de alianzas con el resto de formaciones de derechas con quienes se coaligó bajo el paraguas de Navarra Suma. “Sabremos más pronto que tarde qué les han ofrecido y cómo se va a concretar”, advirtió Lastra.
El propio Félix Bolaños, que tuvo un papel protagonista tanto en Murcia como en la negociación de los apoyos de la reforma laboral, recordaba este viernes que no solo los diputados de UPN votaron contra las directrices de su partido, sino que también hay un diputado en el Grupo Mixto, Pablo Cambronero, que abandonó Ciudadanos. “Son tránsfugas. No hagamos bromas con el transfuguismo, que es torcer la voluntad popular”, dijo en Onda Cero el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes. A pesar de los antecedentes, el PSOE mantiene la confianza en la dirección de Arrimadas, cuyos nueve diputados sí votaron lo acordado.
Tanto en el caso de la moción de censura como en el de la reforma laboral, los socialistas sostienen que no tienen ninguna responsabilidad y que se fiaron de la palabra dada, aunque aún están tratando de reponerse de las secuelas del golpe en Murcia: la derrota frente a Ayuso que conllevó el despegue del PP en las encuestas y cuyo efecto tendrá que determinarse en las elección de Castilla y León y Andalucía como paso previo a las autonómicas y municipales de 2023.
Sin embargo, en Unidas Podemos siempre han cuestionado la estrategia del PSOE de intentar acercarse a Ciudadanos. Esa fue la gran pugna con Pablo Iglesias como vicepresidente en un momento en el que Moncloa soñaba con poder contar con los diez escaños de Arrimadas para los Presupuestos en 2020. El bloque de la investidura se consolidó posteriormente con las segundas cuentas públicas consecutivas, pero se ha quebrado en la reforma laboral.
En la Vicepresidencia de Yolanda Díaz recuperan el mismo mantra. “No se puede confiar en la geometría variable”, señalaban este jueves tras el susto en la votación. Sin embargo, el ala socialista recuerda que fue la fórmula de Ciudadanos la que iba a salvar el decreto –si los diputados navarros hubieran mantenido su intención de votar a favor–.
Si durante meses el PSOE y el entorno del presidente alardeaba de las posibilidades de la geometría variable para pactar a derecha e izquierda, tras el doble fiasco de Murcia y la reforma laboral, ahora lo hace con la boca pequeña, por más que en la negociación de este último decreto la vía de la investidura que intentó Yolanda Díaz tampoco dio sus frutos. Aunque los socialistas mantienen que su voluntad es sumar el mayor número de apoyos posible, se conjuran para mantener a los socios de la investidura que le han dado estabilidad toda la legislatura, salvo en momentos puntuales del confinamiento. “No cambia nada”, aseguraba un ministro durante el Pleno de la reforma laboral. “Estamos convencidos, y no es que lo diga yo es que lo dicen las otras fuerzas, de que a partir de este momento volveremos a encontrarnos en el camino en las distintas votaciones. Lo han dicho ERC y PNV. Es en eso en lo que está trabajando el PSOE”, zanjó Lastra.