“Convocatoria Cívica” es el nombre la plataforma que, impulsada entre otros por el juez Baltasar Garzón, se ha presentado hoy en sociedad con el objetivo de aglutinar todas las sensibilidades progresistas para plantear una alternativa que saque a España del “pozo ciego” en el que encuentra.
No se trata de un partido político ni de una plataforma electoral como tal, pero sus impulsores han dejado claro que, en su “clara voluntad de cambiar las cosas”, la Convocatoria Cívica puede evolucionar hacia una candidatura política que concurra a los comicios, aunque en ningún caso a los más próximos: los europeos.
“Hartos de estar callados” los promotores se han decidido a hablar para atraer a los ciudadanos que quieran participar en una alternativa “plural, abierta, de izquierdas o simplemente progresista”.
Además de Garzón, forman parte de esta iniciativa el exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza; la periodista Pilar del Río, viuda del escritor Jose Saramago; o el economista Juan Torres, así como un número considerable de catedráticos, juristas, artistas y políticos que se han adherido al manifiesto con el que ha arrancado la Convocatoria Cívica.
Su presentación en rueda de prensa, que se ha prolongado dos horas, ha servido a Garzón para asegurar que no se presentará a las elecciones, pero ha insistido en que “obviamente” su intención es participar en política y no como candidato, sino a través de plataformas como ésta, cuya “intención política es clarísima”.
La iniciativa está abierta a todos los movimientos, partidos, sindicatos y organizaciones de carácter progresista que quieren aportar en la web que se acaba de abrir en internet las propuestas que estimen oportunas para la regeneración democrática y para repeler la “agresión” que están sufriendo los ciudadanos como consecuencia de la crisis económica.
El objetivo de los promotores es abrir un proceso de diálogo y convergencia social para la regeneración política y la recuperación económica, desde el convencimiento de que esto es posible con medidas progresistas y de izquierdas.
Con las propuestas y el debate abierto, la plataforma podría convertirse en una candidatura electoral que necesariamente no tendría que estar encabezada con los impulsores de la Convocatoria Cívica, aunque podrían ser elegidos por los participantes en el proceso.
Una vez realizados los diagnósticos, es momento ya, ha dicho Mayor Zaragoza, de dar paso al tratamiento, que en España pasa por una revisión del título VIII de la Constitución que diseña el estado autonómico y una nueva ley electoral que evite los “rodillos de las mayorías absolutas que, como la del PP, permiten aprobar leyes de educación sin consensos”.
Ha reclamado una “gran movilización popular”, que dé origen a cambios “radicales” en la manera de proceder en nuestra democracia, una idea que ha compartido Juan Torres, quien ha recordado que ningún país ha salido de una crisis como la actual con las políticas que impone la UE y que el Gobierno del PP “aplica como un alumno obediente”.
Garzón, por su parte, ha reprochado las decisiones que el Ejecutivo está tomando “a espaldas de los ciudadanos” y, entre ellas, ha citado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha tachado de “vergonzosa” porque no ha contado con nadie y no garantiza la independencia del poder judicial.
Como experto jurista, ha subrayado el derecho que asiste a los ciudadanos de tener una justicia ágil y ha asegurado que los procesos de investigación de ocho o diez años se convierten en “impunidad” y eso “ya no es justicia”.
Después de hacer un llamamiento a la movilización y alabar la que se está produciendo en Brasil, ha defendido protestas ciudadanas y ha contrapuesto los escraches a políticos con los “oficiales” que persiguen a jueces y fiscales cuando investigan casos de corrupción.
La plataforma quiere acabar con la corrupción, que los políticos que gobiernen se identifiquen con personas honradas, que la Justicia sea igual para todos y que se pida responsabilidades a los que han “depredado” los bienes y las esperanzas de millones de personas.
Y es que, según ellos, es posible mantener los servicios públicos de salud universal, educación, pensiones o atención a la dependencia, así como a garantizar el derecho a la vivienda o disponer de un “potente” sistema de ciencia y tecnología.