La negociación entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se ha enfrentado este jueves a uno de los hitos que estaba marcado en rojo en los calendarios de las dos delegaciones: la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. La sentencia constituye un varapalo para el Tribunal Supremo y confirma los peores presagios para el gabinete del presidente. Conocido el fallo, los socialistas tratan de que no haga descarrilar unas conversaciones que estaban muy avanzadas con los republicanos, de cara a una investidura para la que todavía no hay fecha, entre otras cosas porque falta superar un segundo escollo, el congreso que la formación independentista celebra este sábado. “No tiene vinculación una cosa con la otra. No tiene por qué retrasar”, aseguran fuentes socialistas.
El fallo de Luxemburgo era el peor de los escenarios en los que se había situado Moncloa, donde se cruzaban los dedos para que el tribunal no entrara en el fondo de la cuestión, la inmunidad de Junqueras y su toma de posesión en la Eurocámara, y pasara de puntillas aduciendo que se trata ya de un caso juzgado. Pero no ha sido así y la que se ha producido es una de las dos opciones negativas que se había planteado: la corrección al Tribunal Supremo, en cuyo tejado está ahora la decisión sobre qué hacer con Junqueras tras confirmar la Justicia europea que se conculcaron sus derechos al negarle acceder a su acta de eurodiputado.
El Supremo, de momento, ha pedido a las partes personadas en el juicio que se pronuncien sobre qué debe hacer ahora. Y es ahí donde está el quid de la negociación. ERC ve insuficiente el comunicado que ha emitido Moncloa tras anunciar que suspende las conversaciones. Quiere garantías del PSOE a 48 horas de un cónclave que ya se antojaba complicado. Los republicanos sostienen que retomarán la negociación si la Abogacía del Estado se pronuncia en sintonía con sus intereses. “Si dice lo mismo que la Fiscalía [que preparó un escrito en un par de horas que niega cualquier rectificación sobre la situación del líder de ERC], el acuerdo será imposible”, aseguran. Oriol Junqueras ha defendido en una entrevista que la negociación “no se tiene que parar en ningún caso”, con independencia de que se encuentre en prisión o no. Estas declaraciones fueron previas a conocerse la postura de ERC sobre la Abogacía del Estado.
La Fiscalía no tardó ni tres horas en analizar el fallo de Luxemburgo y pronunciarse en contra de la excarcelación de Oriol Junqueras al entender que ya pesa sobre él una condena firme. El ministerio público reclama que se ejecute de manera inmediata su inhabilitación como europarlamentario. Pese al malestar, ERC no echó en cara al Gobierno esa posición de los fiscales del Supremo, que hace muchos meses que actúan por libre, y se centró en la posición que mantendrán los servicios jurídicos del Estado.
“La Abogacía está trabajando con rigor y profundidad la situación planteada por el TJUE y a petición del Tribunal Supremo”, señalan fuentes gubernamentales. En el Gobierno destacan que la Abogacía “está estudiando con el debido detenimiento la sentencia” –marcando distancias con los fiscales– antes de presentar “su escrito en los próximos días”. Los servicios jurídicos del Estado ya se mostraron favorables en junio a que Junqueras pudiera coger el acta de la Eurocámara, en línea con lo que se ha sentenciado este jueves en Luxemburgo. “La Abogacía del Estado tendrá que ser sensible”, señalan fuentes socialistas, que consideran que ERC necesita tranquilidad antes de su congreso.
Sánchez trasladó a los presidentes autonómicos que su voluntad era pisar el acelerador después de ese cónclave para ser investido. Sin embargo, la pregunta que Moncloa y Ferraz dejan sin responder es si da tiempo a que la Abogacía presente un escrito que satisfaga las expectativas de ERC para que el acuerdo esté suscrito entre el lunes y la mañana del martes, que es la fecha límite para que Meritxell Batet convoque la sesión de investidura para el 27 de diciembre y cumplir así con el deseo de los socialistas de que Sánchez salga investido la víspera de Nochevieja.
A pesar de que ese es el calendario que manejaba con más precisión Moncloa en los últimos días y que algunas fuentes sostienen que el plan se mantiene, nadie se atreve a darlo por cerrado. De hecho, las puerta está abierta para que la sesión se produzca la siguiente semana –entre el 2 y el 5 de enero–. No obstante, en las filas socialistas cunde la preocupación por que se pueda alargar el proceso y que cada vez vayan surgiendo imprevistos que puedan dinamitar la negociación. “Los malos tragos, rapidito”, pone a modo de ejemplo un destacado dirigente del PSOE.
“Todo el ámbito judicial, que en este momento tiene esta situación pero vendrán otras situaciones, no puede que este país alcance lo que este país más necesita para hacer poder política con plenitud de funciones y con las necesidades que España tiene planteadas, incluida la situación en Catalunya, que necesitamos afrontar con diálogo”, advirtió este jueves la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en la misma dirección. A través de Calvo, el Gobierno ha enfatizado que se tiene que dejar atrás la vía judicial “heredada” de Mariano Rajoy y comenzar una nueva etapa: “el momento de la política”.
En esa misma línea se han pronunciado sus socios de Unidas Podemos. En un mensaje en Twitter, Pablo Iglesias aseguraba este jueves que se “ha alejado un escenario de resolución” y que se “ha deteriorado la imagen de nuestra Justicia”. “Ahora toca una nueva etapa de diálogo e inteligencia política para caminar hacia la reconciliación que necesita nuestro país”, zanjaba Iglesias en su tuit.
La tesis en el grupo confederal es que la sentencia del TJUE y los movimientos que haga Carles Puigdemont condicionarán el voto de ERC en una hipotética sesión de investidura, informa Aitor Riveiro. Así lo aseguraban diversos dirigentes durante la copa de Navidad ofrecida por la presidenta del Congreso este jueves. En la dirección de Unidas Podemos temen que si ERC pospone su decisión todo se complique y apuestan por una resolución rápida de la negociación y una votación cuanto antes. A poder ser, antes de fin de año.