Pedro Sánchez empezó su comparecencia del miércoles en el Congreso de la misma forma con que acaban algunos partidos de la Liga de Campeones cuando un equipo consigue clasificarse en el último minuto. Dando rienda suelta a la euforia. Señalando a la grada. Agitando los puños. Oe, oe, oe, oe. ¡¡Precio de la luz!! ¡¡Turismo!! ¡¡Crecimiento!! ¡¡Afiliación a la Seguridad Social!! ¡¡Fondos europeos!! Una pena que no se quitara la camisa y la lanzara a los escaños socialistas. “Mr. Handsome Goes Wild”, habría titulado The Guardian.
Si hasta comenzó refiriéndose a la Semana Santa y al turismo: “Hoteles llenos. Terrazas hasta la bandera”. ¡¡Terrazas!! En medio de tanto éxtasis, el espíritu de Díaz Ayuso se había apoderado de él. ¡¡En el nombre de Dios, abandona el cuerpo de este niño!!
Esta era una comparecencia a petición propia para dar cuenta de la última cumbre europea. Se unía también a la reclamada por el PP para que hablara de la cumbre con Marruecos y de la guerra de Ucrania. El Partido Popular siempre se queja de que Sánchez no cuenta lo que tiene que contar. Pues bien, al comienzo de la sesión casi la mitad de sus 89 escaños no estaban ocupados. Llegaron a tiempo de escuchar a su portavoz. Pero es que hora y media después sólo quedaban 21 en el hemiciclo. No es una errata: veintiuno. Ya había hablado Cuca Gamarra y podían pasar ampliamente de los demás grupos.
Sánchez regresó a la tribuna casi tres horas más tarde con la réplica a todos los grupos. Tiempo de sobra para hacer otras cosas, como ir al baño las veces que sean necesarias.
El presidente se reservó una exclusiva para su discurso unos días después del anuncio del proyecto de ley de vivienda. El Gobierno financiará la promoción de 43.000 viviendas sociales para alquiler que se sumarán a las 50.000 viviendas de la Sareb, una cifra esta última a la que hay que añadir el adjetivo 'presunta' por las dudas razonables sobre su estado o porque ya hay personas viviendo en ellas.
Sánchez destacó varios datos que demuestran el pésimo estado de la vivienda pública en España. “Somos el tercer país de la Unión Europea con más pisos vacíos”. Menos del 3% del parque de viviendas son públicas (la media europea es del 9%). La vivienda “es el origen de las mayores desigualdades”.
Si la situación es tan negativa, es legítimo preguntarse por qué su Gobierno ha tardado más de tres años en enviar un proyecto de ley al Congreso o en dedicar fondos públicos extraordinarios a recuperar el ritmo de construcción de pisos de protección oficial.
Cuca Gamarra se reía de las cifras de nuevas viviendas planteadas por Sánchez. No se las creía. Recordó que el entonces ministro José Luis Ábalos prometió 100.000 viviendas de alquiler asequible en marzo de 2021. Por eso, la portavoz del PP calificó la nueva promesa de “bluff” y “plato recalentado”.
El presidente traía del despacho los números de los antecedentes del PP en materia de vivienda. 62.400 viviendas protegidas de media anual con los gobiernos de Zapatero (una etapa de fuerte expansión económica hasta que todo se vino abajo). 15.800 con los gobiernos de Rajoy (en la Gran Recesión). 4.938 en 2017, el último año completo de Rajoy, el registrador de la propiedad que no mostró mucho interés en dar trabajo a sus compañeros de profesión.
En plan cuchillo clavado en el corazón en el último momento, comentó que la cifra de VPO promovidas por el Ayuntamiento de Logroño fue cero cuando Gamarra era su alcaldesa y endosó toda la responsabilidad al Gobierno autonómico.
Los socialistas han descubierto la importancia de la vivienda en este año electoral. En las larguísimas negociaciones del PSOE con Unidas Podemos, los primeros habían preferido hasta ahora apostar por los incentivos fiscales en favor de los dueños de pisos. No parece que con mucho éxito.
En el plano de las prioridades políticas, el PSOE debería haberlo tenido claro hace tiempo. Zapatero dijo en 2002 que la vivienda debía dejar de ser “un bien especulativo” y pasar a ser un “derecho social”. Hace veintiún años.
Para lo que era más difícil tener respuesta era a lo que dijo Inés Arrimadas, pero eso fue porque la portavoz de Ciudadanos entró en un terreno un poco especulativo. Especulativo, pero sugerente. Para criticar lo poco que han hecho los gobiernos del PP y el PSOE, resaltó el impacto hipotético del difícil acceso a la vivienda en la natalidad: “¿Usted sabe los niños que hubieran podido nacer?”. Por fin, se habla de sexo en la Cámara.
Menos divertido fue el tramo del debate sobre Marruecos. Un año después de la sorprendente decisión de apoyar la vía marroquí de la autonomía para el Sahara –y vergonzosa para los aliados del PSOE en la izquierda–, Sánchez pudo presentar un beneficio tangible sobre las ventajas obtenidas por España a cambio de esa cesión, más allá de negociaciones o acuerdos comerciales de futuro incierto. Presumió de que “la Ruta Atlántica (de la inmigración irregular) es la única ruta que decrece en Europa”. Las llegadas a Ceuta y Melilla han descendido un 78% en Ceuta y Melilla y un 63% en Canarias, dijo. Las de Italia han subido un 300%.
Esos datos no permiten buenas comparaciones entre países, porque dependen de múltiples factores, como por ejemplo del incremento de salidas hacia Italia desde Túnez, un país ahora dirigido por un dictador y con una grave crisis económica. Sí es posible que Rabat esté llevando a cabo el papel de gendarme de la frontera sur de España, que abandonó por un tiempo cuando le apeteció a Mohamed VI.
El precio de esa transacción no ha sido pequeño. Aitor Esteban lo expresó de una forma casi brutal, pero cierta. “Ha costado parar la inmigración desde Marruecos a costa de vender al Sahara, a costa de vender los derechos de los saharauis”. Le pidió que “no saque pecho por el descenso de la inmigración”.
Alguien podría pensar que los principios de la política exterior española están en venta. Si se recibe el precio adecuado, se pueden cambiar a gusto del que haga la mejor oferta.