Pedro Sánchez encara un laberinto de trámites y pactos para revertir las políticas del PP

Pedro Sánchez comienza su etapa como presidente del Gobierno sin que la composición del Congreso haya cambiado lo más mínimo. Su primera tarea será nombrar un Ejecutivo para iniciar la senda de reformas que quiere dejar implantadas antes de las próximas elecciones. Sin embargo, el PSOE va a encontrar dificultades en una cámara con las mismas mayorías y con el control de la Mesa aún en manos de PP y Ciudadanos.

El propio Sánchez así lo reconoció durante el debate de la moción: “Lo difícil es encontrar la concreción numérica para la reversión de lo hecho por las mayorías absolutas del PP”. Ha conseguido derribar el Gobierno de Mariano Rajoy sumando apoyos de siete partidos distintos, un complicado equilibro que deberá repetir para las reformas que planea.

En su discurso, Sánchez trazó las líneas de lo que será su Ejecutivo, que tendrá una duración máxima de dos años. El nuevo presidente del Gobierno apuesta por invertir este tiempo en llevar a cabo reformas que “han generado amplios consensos parlamentarios”. Durante su discurso fijó dos prioridades: el cambio en RTVE para garantizar su independencia y la derogación de los “aspectos más virulentos” de la Ley Mordaza.

El PSOE no lo va a tener fácil. Cuenta tan solo con 84 diputados, por lo que para impulsar los cambios necesitará aglutinar mayorías tan dispares como las que garantizaron el éxito de la moción. Es cierto que algunas de las reformas que Sánchez se ha puesto como prioridades aglutinan a buena parte del arco parlamentario, pero que no haya habido unas elecciones de por medio con cambios en las mayorías del Congreso hace que persistan algunas dificultades.

Dos propuestas para cambiar la Ley Mordaza

Es el caso de la reforma de la Ley Mordaza. Todos los grupos, salvo el PP, han coincidido desde el inicio de la legislatura es la necesidad de cambiar esa ley, pero hasta ahora no se han puesto de acuerdo en el contenido ni en las formas. Tanto es así que ahora mismo en la cámara baja hay dos propuestas distintas para cambiar la norma con la que el Gobierno del PP respondió a la ola de movilizaciones sociales que protestaban contra sus recortes.

Una de esas propuestas es del PNV, el partido que el viernes pasado hizo posible el éxito de la moción de censura. Los nacionalistas vascos abogan por retoques puntuales en la Ley Mordaza, adecuando la cuantía de las multas a la capacidad económica de los sancionados, y que se permita fraccionar el pago. Los socialistas, por su parte, proponen una derogación completa de la ley eliminando buena parte de las sanciones, incluyendo las que se imponen por faltar el respeto a la Policía. En lo que sí hay consenso entre ambos grupos es en acabar con las devoluciones en caliente, permitidas por esta ley.

Los dos textos iniciaron su camino legislativo a principios de 2017 sin que por ahora haya habido avances importantes. Las normas, tramitadas hasta ahora en paralelo, tienen que ser fundidas en un solo texto. Un informe de los letrados del Congreso avisó hace un par de meses de que esa iba a ser una tarea compleja que exigirá crear dos ponencias distintas que luego combinen sus trabajos. Ese método de trabajo retrasará la reforma de una ley que luego tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta.

Una reforma en RTVE atascada desde hace meses

Tampoco está más despejado el camino para cambiar RTVE. Sánchez se ha marcado como objetivo recuperar la independencia en la televisión pública porque considera que “la manipulación también es corrupción” y “en un medio público representa una amenaza que nuestra democracia no puede tolerar”.

Esta reforma tiene que empezar a superar etapas en tan solo un par de días. El próximo martes se reúne la Mesa del Congreso para revisar el nuevo documento que han elaborado los letrados de la cámara sobre el concurso público para renovar al Consejo de Administración de RTVE. El proceso de renovación lleva bloqueado desde el pasado septiembre ante la imposibilidad de los grupos de ponerse de acuerdo en las bases del concurso público que, por ley, debían consensuar antes de que acabase 2017.

Culminar esa reforma también plantea problemas con la actual composición de la cámara. Según la ley actual se necesitan dos terceras partes de la Cámara en una primera vuelta, o una mayoría absoluta con el concurso de cuatro grupos, en segunda. Esta segunda opción es la más viable.

Hasta entonces, para desatascar el proceso tendrá que haber consenso con la nueva propuesta y que el PP no encuentre ningún nuevo resquicio para dilatar todavía más los trámites. Aún así, el proceso aún tiene un camino de meses por delante en los que el PSOE teme nuevas maniobras de los populares.

Control de la Mesa del Congreso y del Senado

Y es que el PP mantiene un poder en el Congreso que le permite dificultar la labor legislativa del nuevo Gobierno de Sánchez. Tiene más representantes que nadie en la Mesa del Congreso donde suma la mayoría con Ciudadanos. Eso no va a cambiar, porque el reglamento del Congreso establece que los miembros del órgano que lo gobierna son elegidos para toda una legislatura. Solo hay cambios cuando hay dimisiones.

Ese poder en la Mesa ha servido para permitir que el Gobierno de Rajoy haya bloqueado en menos de dos años más de 60 proposiciones de ley de la oposición. Además han impedido la tramitación de otras alargando de forma artificial el proceso de enmiendas. Aquí Ciudadanos ha jugado un papel decisivo con sus constantes prórrogas para enmiendas.

El PP también mantendrá un poder absoluto en el Senado, donde suma 149 de los 266 escaños. Ese poder se ha traducido hasta ahora, por ejemplo, en una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos para contrarrestar a la iniciada en el Congreso sobre el PP.

El Senado, concebido como una cámara de segunda lectura, tiene un papel menor en la tramitación de las leyes aunque puede dilatarla. Si una norma que proviene del Congreso sufre modificaciones en el Senado tiene que volver a ser votada de nuevo en la cámara baja. No es determinante, pero puede añadir más trabas a la complicada labor legislativa del PSOE: puede presentar enmiendas, retrasar plazos o forzar nuevos debates en el Congreso.

Con ese escenario se enfrenta el nuevo Gobierno de Sánchez a su tarea autoimpuesta de revertir algunas de las reformas del PP antes de convocar elecciones. Sí que ha despejado uno gran escollo para aprobar nuevas leyes: el control presupuestario. Aunque se ha comprometido a respetar las cuentas aprobadas por PP, Ciudadanos y PNV, la distribución de esos caudales queda ahora a su disposición.

Además, alcanzando la Moncloa el PSOE ha sorteado uno de los muros más importantes que han impedido revertir las leyes de los Gobiernos del PP: los vetos presupuestarios. El Ejecutivo de Mariano Rajoy echó mano de esta facultad hasta tal punto que el Constitucional intervino para frenarle. Ese tribunal desbloqueó la reforma de la LOMCE, paralizada por el Gobierno con el argumento de que alteraba los presupuestos. Los socialistas ahora podrán dar vía libre a algunas de las reformas que hasta ahora se habían paralizado con esta herramienta.