Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.
Más de una decena de denuncias, acusaciones policiales e imputaciones se amontonan en los archivos de los juzgados sin que ninguna haya reunido pruebas para llegar a juicio. El caso Neurona, después de tres años de investigación y centenares de titulares de prensa radio y televisión, es el último en seguir ese camino después del informe PISA, la persecución a la jueza Victoria Rosell y últimamente las denuncias de Vox por delito de odio.
“Podemos tiene cuatro casos de corrupción sin haber gestionado un solo euro público”. Pablo Casado, entonces portavoz del comité de campaña del PP, se pronunciaba de ese modo en una entrevista en Onda Cero en febrero de 2015, aun con Mariano Rajoy en La Moncloa. Para entonces, dos personas que saben bien a qué huele el banquillo de los acusados habían abierto fuego judicial contra el partido con pólvora mojada: Emilio Rodríguez Menéndez y Miguel Bernad.
El primero es un abogado que se hizo famoso por fugarse varias veces de la Justicia y ser condenado, recientemente, por estafa. El segundo lideraba un pseudosindicato, Manos Limpias, condenado por participar en extorsiones judiciales. A finales de 2014 acudieron al Tribunal Supremo para denunciar que Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros de Podemos blanqueaban dinero del chavismo por haber trabajado para la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). También por la facturación supuestamente ilegal de la productora con la que gestionaban el programa ‘La Tuerka’, donde se dio a conocer el exlíder del partido.
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, dictó entonces un auto cuyos argumentos se han reproducido en una docena de ocasiones para archivar este tipo de pleitos. Esa primera querella, afirmó el Supremo, “se limita a transcribir un artículo periodístico” sin aportar “datos objetivos y accesibles”. Un principio, un nudo y un desenlace que, casi una década después del nacimiento del partido, se siguen repitiendo: acusaciones basadas en informaciones periodísticas o documentos policiales que nunca pasan el filtro de una investigación judicial.
La munición con la que se disparaba al partido era de fogueo pero suficiente para lanzarse al contraataque contra una formación que, en poco más de dos años de vida, había planteado una moción de censura contra Mariano Rajoy, había buscado capitalizar políticamente el descontento del 15M e, incluso, había sacado un ‘tramabús’ a la calle señalando a políticos y periodistas como integrantes de una estructura corrupta. El entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, también presentó sin éxito una querella contra Iglesias tras ver su cara en ese ‘tramabús’ que circuló por distintas ciudades españolas.
Parte de esa munición surgió de las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior que entonces dirigía el hoy procesado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces y amigo íntimo del presidente Mariano Rajoy. Una estrategia que había comenzado casi en cuanto el partido logró su primer triunfo electoral en las europeas de 2014, tal y como reveló años después el diario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los actores clave de la guerra sucia contra la formación. El mismo grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya tenía ahora en Podemos un nuevo enemigo al que combatir de forma prospectiva y sin control judicial.
Años después, las anotaciones de Villarejo desvelaron que a los cuatro meses de aquellos comicios ya estaba manteniendo encuentros con periodistas para facilitarles información del partido. Pero la mayor evidencia de la guerra sucia contra Podemos por parte de aquella cúpula policial llegó tras las generales de 2015, cuando los 69 diputados que logró la formación —que se convirtió en tercera fuerza política— podían imposibilitar un nuevo Gobierno del PP. Okdiario y El Confidencial informaron del contenido del llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima): un texto sin firma ni sello que pretendía demostrar la financiación irregular del partido con dinero procedente de Venezuela e Irán.
Su contenido fue despreciado, primero, por la Audiencia Nacional y, después, por el Tribunal Supremo. Pero en ese momento, cualquier información que vinculara a la marca de Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y los enemigos del partido. Tanto es así que uno de sus miembros, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, llegó a trasladarse a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Hugo Chávez, al que ofreció ayuda para él y su familia a cambio de supuestas pruebas sobre los vínculos de Podemos con Caracas. El informe policial que resultó de aquel encuentro nunca llegó a un juzgado pero fue publicado por el diario ABC.
La investigación del caso Villarejo ha acreditado la participación del comisario en aquellas maniobras junto a otros miembros de ese grupo de mandos policiales. Sin embargo, los funcionarios serán únicamente juzgados por la operación para favorecer al PP a través del sabotaje de la más grave causa de corrupción de la formación: el caso Gürtel. Pero, entretanto, esos informes apócrifos, sin atribución a una unidad policial, ni firma de funcionarios sí han servido durante años para alimentar las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos en el debate político.
Por ejemplo, esa misma brigada política filtró en mayo de 2016 a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño.
De forma más reciente, en 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón intentó resucitar las diligencias abiertas en su día a raíz del citado informe PISA para tratar de poner en marcha otra investigación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal’. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acusó al juez de utilizar “artificios” para intentar sortear los límites legales y seguir adelante con las pesquisas. Según los jueces, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez solo pretendía “retrasar” su extradición a Estados Unidos. El juez acató esa orden y detuvo la investigación.
García Castellón es el mismo juez que reconvirtió una investigación sobre la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a una excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham, en un caso sobre el entonces vicepresidente del Gobierno. El magistrado estableció como prioridad determinar si él había dañado su tarjeta del móvil a pesar de que ella lo exculpaba. Durante dos años, ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró incluso una comisión rogatoria internacional. El Supremo rechazó la exposición razonada contra Iglesias. Ante la imposibilidad de imputarlo, el juez cerró la instrucción del caso.
Al margen de la brigada política, uno de los principales casos de guerra sucia contra Podemos fue el que afectó a Victoria Rosell, jueza de profesión y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hasta hace unos días, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. El Supremo confirmó en noviembre de 2021 la existencia de una conspiración para tumbar a quien, en ese momento, era diputada de Podemos a través de la manipulación de una causa judicial que ella había instruido cuando estaba en activo.
La persecución, otra vez a medio camino entre la política y los tribunales, comenzó tras las elecciones de 2015. El juez que la ejecutó, Salvador Alba, está en la cárcel desde hace poco más de un año. Pero, entre medias, la admisión en el Supremo de una querella contra la diputada presentada por el que fuera ministro del PP José Manuel Soria provocó que Rosell dimitiera de su cargo electo y que no concurriera en las elecciones de junio de 2016, convocadas ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. A partir de entonces las bases de la conspiración comenzaron a tambalearse, pero el objetivo de apartar de la política al que era uno de los perfiles más relevantes de Podemos se había logrado.
Tres años de caso Neurona
El caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: la macrocausa judicial que arrancó hace más de tres años en un juzgado de Madrid para investigar las cuentas de Podemos, que llegó a tener una decena de piezas separadas y que ha quedado sobreseída hace apenas unos días.
El caso arrancó a finales de 2019, cuando Podemos negociaba su entrada en el Gobierno de coalición y cuando un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, acababa de ser despedido bajo acusaciones de acoso sexual que la formación nunca pudo probar. El letrado acudió a la Guardia Civil para denunciar irregularidades de todo tipo en la contabilidad de Podemos: una ‘caja B’, sobresueldos ilegales, dinero negro en la reforma de la sede central y miedo entre los trabajadores para no decir nada.
Para la formación de Ione Belarra, tal y como han dicho en público todos sus dirigentes en repetidas ocasiones a lo largo de estos tres años, el caso Neurona es uno de los mayores ejemplos de ‘lawfare’ contra un partido que ha vivido la política española reciente. Tanto por el desarrollo de la causa, que mantuvo imputado al propio partido durante más de dos años, como por su capitalización por parte de la derecha, que llegó a hablar de ‘la Gürtel de Podemos’ y, en el caso de Vox, a personarse como acusación popular.
El propio Calvente reconoció en su primera declaración judicial que una parte de sus acusaciones venían de “rumores” que había escuchado cuando trabajaba en el partido, y que muchos de sus testimonios no querían ir al juzgado para evitar represalias. Aún así el instructor, Juan José Escalonilla, puso en marcha batería tras batería de diligencias, abriendo y cerrando piezas separadas a medida que las imputaciones se sustentaban en las palabras de Calvente o en informes policiales que el tiempo ha desvelado como dudosos.
Las piezas centradas en aspectos como la contabilidad o las entradas y salidas del dinero se fueron archivando, dando paso a otras que afectaron al ámbito personal de los dirigentes de Podemos, como el conocido como ‘caso Niñera’. La investigación penal a varias colaboradoras de la entonces ministra Irene Montero por si habían malversado dinero público al cuidar de una de sus hijas cuando era un bebé. Al final, más allá de unas fotos donde alguna de ellas sujetaba a la pequeña, el propio juez reconoció que ni siquiera había pruebas de que esos cuidados hubieran existido.
Todo esto ha servido para que Podemos denuncie desde hace años que Escalonilla se lanzó a una “investigación prospectiva”. El último en hacerlo ha sido el exdiputado Juanma del Olmo, uno de los imputados, en esta entrevista con El País. El partido entiende que la causa no ha conseguido demostrar ninguna irregularidad pero sí ha relacionado su imagen con la de episodios más populares y reales de la corrupción española, como la ‘caja B’ del PP cuya existencia sí ha sido demostrada judicialmente.
Del Olmo estuvo imputado hasta hace unos días, cuando el instructor del caso decidió dar carpetazo al asunto. Lo hizo cuando ya solo quedaba una pieza separada, la que daba nombre a la causa: la que investigaba si Podemos había pagado más de 300.000 euros a la consultora mexicana Neurona por trabajos no realizados, o que en realidad habían resultado más baratos, en las elecciones generales de 2019. Esa pieza se atascó durante más de un año a la espera de que alguien quisiera hacer un informe pericial para ver si, efectivamente, habían existido sobreprecios. El perito Aleix Sanmartín confirmó que, incluso, Podemos había pagado ese trabajo por debajo del precio de mercado y el caso ha ido al sobreseimiento provisional, todavía pendiente de posibles recursos.
Todos estos casos se han cruzado con otras querellas y pleitos sin recorrido judicial pero con mucha estela mediática y política. Por ejemplo, las varias denuncias por delito de odio que el Tribunal Supremo ha rechazado contra dirigentes de partido, entre ellos la propia Ione Belarra, por relacionar al partido de extrema derecha con el nazismo. O la querella, de la que nunca más se supo tras el acto de conciliación, que presentaron contra Victoria Rosell, por unas declaraciones que hizo en TVE.
Ninguna de estas querellas, en muchas ocasiones lanzadas por rivales políticos o por asociaciones y abogados cercanos a la extrema derecha, han pasado el filtro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde la prevaricación hasta el blanqueo de capitales pasando por el fraude fiscal, el odio y las injurias, todas han naufragado en la sala que preside Manuel Marchena, por norma general con Pablo Iglesias como protagonista acompañado de dirigentes y antiguos miembros como Ione Belarra, Irene Montero, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón, abarcando desde la financiación de Podemos hasta la gestión de la pandemia desde el Gobierno.
Acciones judiciales que ni siquiera han llegado a juicio y que siempre han terminado en el archivo o el sobreseimiento con una misma premisa: no hay pruebas, más allá, de recortes de prensa, especulaciones o declaraciones sin sustento documental de ninguna trama de corrupción en el partido que el año que viene cumplirá una década en el tablero político español.