Durante años han sido los encargados de suministrar cafés y comidas tanto a los trabajadores del complejo de La Moncloa, como a los invitados y periodistas que acuden a las dependencias de la sede de la Presidencia del Gobierno. Una treintena de camareros se ha vuelto a quedar en la calle. No es la primera vez que sucede desde que irrumpió la pandemia. La plantilla de restauración de La Moncloa lleva años inmersa en un conflicto laboral que llegó en mayo al Tribunal Supremo, después de que el Gobierno rescindiese el contrato firmado con la compañía adjudicataria del servicio —Dulcinea Nutrición SL— debido a su situación de insolvencia, según expuso el Ejecutivo.
El Alto Tribunal determinó que el despido que habían sufrido en diciembre de 2019 era nulo y que debían ser readmitidos por la empresa a la que el Gobierno había concedido el contrato de restauración. De esta forma, revocaba el fallo recurrido, que había condenado al Ministerio de la Presidencia a subrogar a los empleados tras quedarse en la calle por impagos de su empresa. Tras conocer esa sentencia, el departamento que en ese momento dirigía Carmen Calvo —ahora con Félix Bolaños al frente— despidió a la plantilla de restauración. Actualmente se encuentran en un limbo ya que deben ser contratados de nuevo por una empresa que se encuentra en concurso de acreedores y en la que nadie responde al teléfono, como ha podido comprobar esta redacción.
“Se va a proceder a su baja de haberes y Seguridad Social, siendo su último día de trabajo efectivo el de 28 de junio de 2021, debiendo cesar en su asistencia a su puesto de trabajo”. Este fue el texto que Presidencia entregó a la treintena de empleados para constatar que ya no tenían que volver a La Moncloa. Uno de ellos recuerda cómo fue aquel día: “Iba camino al trabajo. Me llamó mi jefe: me contó que había salido la sentencia y que estábamos despedidos. Esa tarde trabajaba y me dijeron que me fuese sin terminar la jornada. Al salir ya ni funcionaba la tarjeta identificativa”. En el documento que les entregó Presidencia no hay ni una palabra para agradecerles los servicios prestados.
elDiario.es ha entrevistado a tres empleados, que trabajaban en diferentes edificios del complejo y que prefieren preservar el anonimato por temor a represalias por su exposición pública. Una de las camareras que ha trabajado en La Moncloa asegura que no ha recibido prestación alguna desde que se emitió la sentencia. “No he cobrado el paro porque pertenezco a Dulcinea. Sin embargo, sí que tengo compañeros que lo han recibido porque depende del funcionario del SEPE que te atienda. Hasta que Dulcinea no me declare como despedida, estoy en un limbo”, asegura. Ante esta situación, cuenta que lo está pasando “mal económicamente”.
Dos años encadenando problemas
Los problemas con esta empresa se iniciaron en 2019. En junio la plantilla comenzó a movilizarse para denunciar públicamente que la concesionaria del servicio les abonaba con retraso las nóminas. Finalmente, terminaron el año sin trabajo, después de que el ministerio rescindiese el contrato que tenía firmado con la empresa por los impagos de los salarios y sus deudas con la Seguridad Social, como desveló elDiario.es. En ese momento abordaron el primer limbo legal al que han hecho frente en los últimos meses: no se había producido el trámite del despido y tuvieron problemas para cobrar el paro.
Ante este conflicto, los afectados se fueron movilizando a lo largo de 2020. Un grupo de trabajadores —representados por la Federación de Servicios de Comisión Obreras— demandó a la empresa y al ministerio. Presidencia convocó una nueva licitación del servicio, en el que se contemplaba que la nueva adjudicataria debía subrogar al personal que se había quedado en la calle. El concurso se declaró desierto. Entre tanto, un juzgado declaró en situación de concurso necesario a Dulcinea Nutrición, la empresa a la que el Gobierno había adjudicado el servicio en 2017 por 1,9 millones de euros.
Tras la irrupción de la pandemia, en junio de 2020 los trabajadores recibieron una buena noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Ministerio de la Presidencia a abonar los salarios de tramitación a los trabajadores afectados, reconociéndoles además el derecho a ser readmitidos. La sentencia reconocía que habían sufrido un despido colectivo tácito y absolvió a Dulcinea Nutrición.
Presidencia acató la decisión, readmitió a la plantilla, pero recurrió la sentencia. Un año después, la Justicia tumbó el fallo. El Tribunal Supremo admitió las alegaciones del ministerio y defendió “que la sentencia recurrida parte de una premisa errónea”, “por lo que se extraen consecuencias equivocadas”, apuntaron los magistrados el 24 de mayo. El Alto Tribunal defendió que la subrogación recaía “exclusivamente sobre la empresa Dulcinea Nutrición SL” porque “no tramitó procedimiento de despido colectivo alguno”.
Por lo tanto, la Sala de lo Social determinó que era la compañía la que debía “readmitir a los trabajadores afectados con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar”. Nada más recibirla, Presidencia ejecutó la sentencia y echó a la treintena de empleados afectados por el fallo. Desde entonces, los profesionales entrevistados están a la espera de que se licite de nuevo el servicio.
“Le pedimos al ministerio que saque los pliegos cuanto antes y con una readmisión. Que le dé un listado con nuestros nombres a la nueva empresa que entre. No hemos hecho nada para perder nuestro trabajo. Hay gente que llevaba casi 30 años trabajando en La Moncloa”, apunta una de las trabajadoras.
A la espera de un nuevo concurso, Presidencia licitó en julio un servicio de catering para cubrir la carencia en la restauración del complejo. En el anuncio exponen que han tomado esta decisión debido a que “la situación de insolvencia de la empresa adjudicataria del contrato de servicios de restaurante y bar cafetería supuso que estos servicios dejasen de prestarse en el complejo”. En el documento publicado en la plataforma de contratación del Estado el departamento deja claro que pretende licitar “cuanto antes” ese servicio ya que se han dejado de lado “los impedimentos que frustraban la licitación del contrato principal de los servicios de restauración”. Entre los obstáculos superados, aseguran que se han abonado “gran parte de las cantidades adeudadas a los trabajadores de la empresa concursada y determinado con precisión el importe debido restante”.
En junio, con Carmen Calvo al frente del ministerio, fuentes de su departamento aseguraron que iban a intentar que la “nueva contrata que se hiciese cargo del servicio los incorporase para volver a sus trabajos”. Esta redacción ha intentado recabar la versión del nuevo equipo de Presidencia, sin haber recibido respuesta por el momento a las peticiones de información realizadas.