Once años de versiones del PP sobre la Gürtel: la “trama contra” el partido, el “montaje policial” de Rubalcaba y la condena como “reparación moral”

El Tribunal Supremo culminó este miércoles 11 años de investigaciones y procedimientos judiciales sobre el caso Gürtel ratificando la condena al Partido Popular por beneficiarse de la trama corrupta y confirmando la existencia de una 'caja B' que acredita 20 años de financiación irregular de la formación que actualmente preside Pablo Casado. Desde que el 6 de febrero de 2009 el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abriera la causa sobre una extensa organización que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, la formación conservadora ha defendido distintas versiones sobre la trama liderada por Francisco Correa.

Tras la sentencia firme del Supremo que confirmó la implicación de los populares en la trama corrupta, el propio Rajoy consideró este jueves que se había producido una “reparación moral” a su trayectoria pública, y la actual dirección del PP cargó contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber motivado su moción de censura de 2018 en la corrupción de la formación conservadora. A juicio de Génova 13, es una “mentira” pese a que, en su resolución, el Alto Tribunal señala que la Audiencia Nacional, en su sentencia de hace dos años, “contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una 'Caja B' o contabilidad 'extracontable' del PP”.

No es la primera vez. Desde el mismo momento en que estalló el caso, el PP sostuvo que se trataba de una suerte de conspiración contra el partido orquestada desde el Gobierno, entonces en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Después admitió la responsabilidad de algunos de los dirigentes implicados –habló de “personas concretas”–, como el extesorero Luis Bárcenas –condenado a 29 años de prisión–, a quien inicialmente la dirección del PP mostró su apoyo oficial y oficiosamente, primero pagándole el abogado y manteniendo su despacho con chófer y secretaria, e incluso a través de los famosos SMS que le envió el entonces líder del partido, Mariano Rajoy: “Luis, sé fuerte”.

Cuatro días después de aquel 6 de febrero en el que todo comenzó con las primeras actuaciones de Garzón –incluidas las detenciones de exdirigentes del PP como Pablo Crespo–, Rajoy quiso escenificar una imagen de unidad para intentar desmarcarse de la trama. El 11 de febrero de 2009 compareció ante la prensa tras presidir el Comité Ejecutivo del PP y lo hizo acompañado por algunos de los pesos pesados del partido. En primera fila le acompañaron la secretaria general, María Dolores Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato –una de las condenadas por Gürtel–, Soraya Sáenz de Santamaría, Rita Barberá, Ana Pastor, Ana Botella o Cristóbal Montoro. Por detrás, otros dirigentes como Alberto Ruiz Gallardón, Francisco Camps –que tuvo que dimitir por su implicación en la trama–, Alfonso Alonso, Federico Trillo, o Esperanza Aguirre.

“Este sumario algunos han pretendido convertirlo en una causa general contra el Partido Popular”, denunció Rajoy. “Quiero afirmar, y el comité ejecutivo también, la honorabilidad de nuestro partido. Y si algún militante del partido hubiera hecho algo reprochable, quiero decirles a ustedes que actuaremos con toda la contundencia (...). Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta”, apuntó.

Sobre la financiación ilegal del PP, acreditada según la última sentencia del Supremo, Rajoy dijo entonces lo siguiente: “Todas las contrataciones de esta casa [el PP] se han hecho en el marco de la legalidad, todas sin excepción figuran en el Tribunal de Cuentas, y de ninguna hemos recibido dinero alguno. Y quiero dejar claro que el Partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. 

La dimisión de Bárcenas

Las pesquisas judiciales prosiguieron y, el 17 de julio de ese mismo año, el Supremo citó a Bárcenas, entonces senador y tesorero del PP, como imputado en la trama. No fue hasta once días después, el 28 de julio, cuando Bárcenas, de común acuerdo con Rajoy, dejó la tesorería del PP, aunque mantuvo su escaño en el Senado. Ese mismo día la dirección popular hizo público un comunicado en el que defendía la “inocencia” del máximo responsable de sus cuentas.

“El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicios de Luis Bárcenas a nuestro partido que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer” y “expresa su respeto hacia la decisión (...) de presentar su renuncia a su actual responsabilidad. La decisión de nuestro tesorero está inspirada, una vez más, en su lealtad hacia nuestra organización. El Partido Popular considera que la renuncia es transitoria hasta que quede acreditada su inocencia ante las instancias judiciales. No se procederá a la sustitución de Luis Bárcenas como tesorero nacional del Partido Popular”, apuntó en el texto.

El cerco de la justicia se fue estrechando sobre Bárcenas y, al borde del suplicatorio –estaba aforado ante el Supremo por ser senador–, el 8 de abril de 2010 dejó de forma definitiva la tesorería y su militancia en el PP. La dirección de Rajoy volvió a reaccionar con un comunicado cargado de alabanzas hacia su ya extesorero que, pese a las investigaciones que apuntaban a su implicación en Gürtel, se mantuvo como senador otros diez días, hasta el 19 de abril. “El Partido Popular quiere hacer un reconocimiento público a la magnifica gestión que durante estos años D. Luis Bárcenas ha prestado como Gerente Nacional y Tesorero del Partido y quiere agradecerle igualmente la lealtad que ha demostrado al partido y a sus dirigentes. Estamos convencidos, como lo hemos estado desde el principio, de que demostrará su inocencia frente a las falsas imputaciones de las que ha venido siendo objeto”, dijo el PP en su comunicado. 

Cuando en septiembre de 2011 el juez que instruyó el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió archivar la causa contra Bárcenas, el PP empezó a lanzar una nueva versión sobre la trama defendiendo la idea de que las investigaciones fueron urdidas desde la Moncloa. “Este asunto ha sido un montaje político durante casi tres años de la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción dependientes del Gobierno y, especialmente de [el exministro fallecido Alfredo Pérez] Rubalcaba (cuando estaba al frente de Interior)”, dijo entonces el coordinador de Libertades Públicas del PP, el también exministro Federico Trillo.

Además, Trillo exigió “responsabilidades públicas” al entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al juez Garzón, así como a Rubalcaba, por ser la persona que “utilizó durante su mandato como ministro del Interior a la Fiscalía en contra del PP y de personas inocentes”. “Rubalcaba debe dar explicaciones”, recalcó.

La investigación continuó y, en marzo de 2012, la Audiencia Nacional reabrió el caso contra Bárcenas. Entonces la versión de la dirección del PP sobre el extesorero y la trama corrupta cambió de raíz, sobre todo después de que Bárcenas asegurara que el partido se había financiado ilegalmente durante veinte años. En enero de 2013 el diario El País publicó una primera copia de los conocidos como los papeles de Bárcenas, unos manuscritos que recogían la supuesta contabilidad en B del PP y en los que se apuntaban los presuntos sobresueldos que cobraron todos sus dirigentes.

“Ante las informaciones publicadas en el día de hoy por el diario El País, el Partido Popular insiste en que las retribuciones a los cargos y personal del partido se han realizado siempre conforme a la legalidad y cumpliendo las obligaciones tributarias correspondientes”, afirmó entonces la dirección del PP, en un comunicado. El PP negó, por tanto, “el pago sistemático a personas concretas de retribuciones distintas de las incluidas en las nóminas mensuales” y subrayó que éstas contaron siempre “con sus correspondientes retenciones fiscales y a la Seguridad Social”. La formación conservadora también recurrió la vinculación entre los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel.

Aunque oficialmente Bárcenas dejó todos sus cargos en el PP en 2010, también en 2013 se conoció que el PP había seguido pagando la indemnización al también exsenador hasta finales de 2012. En un discurso difícil de olvidar, la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, aseguró en febrero de 2013 que “la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido fue en forma, efectivamente, de simulación”.

Una operación de Estado

Al margen de las declaraciones, desde que llegó al Gobierno, en 2011, el PP multiplicó sus esfuerzos por aplacar las investigaciones sobre el caso Gürtel. elDiario.es reveló en 2014 que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe de la UDEF sobre Ana Mato. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a decir que ese y otros informes no eran obra de la UDEF, sino de “elementos” que trabajaban en la UDEF, pero a las órdenes directas del juez.

El interés del Gobierno del PP por controlar la investigación policial se tradujo en continuos ceses y nombramientos de policías afines. La más sonada de las destituciones fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación. 

En julio de 2013 se conoció a través de el diario El Mundo que, pese al discurso oficial desmarcándose de la trama, el propio Rajoy había mantenido contacto con Bárcenas vía SMS hasta marzo de ese mismo año. En realidad, la relación entre los dos comenzó a resquebrajarse en enero, cuando se publicó que Bárcenas manejaba una supuesta 'contabilidad B' del Partido Popular. En ese momento, el extesorero pidió a Rajoy que el PP contrarrestase “la filtración de Cospedal a El Mundo”, señalando de esta manera a la secretaria general del partido como la responsable de que el diario publicase estos pagos en negro a dirigentes populares.

En el mismo mensaje, el extesorero solicitó al jefe del Ejecutivo que fuera el partido el que pidiera “a El Mundo que aporte las pruebas”. A la vez, le aseguró que Rajoy podía contar con él “siempre”. “Y sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”, añadió. Tras esto, llegó la respuesta de Rajoy: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”. El mensaje estaba fechado el 18 de enero. Una semana después –el 25 de enero–, el entonces presidente declaró que no recordaba la última vez que había hablado con Bárcenas.

El conocimiento de estos SMS forzó a Rajoy a comparecer ante el Congreso el 1 de agosto de 2013, donde ofreció una nueva versión de lo ocurrido. “Le apoyé, creí en su inocencia y me equivoqué. Y este ha sido todo mi papel en esta historia”, dijo el expresidente del Gobierno ante la Cámara Baja. “A los que ven delitos con la misma facilidad que antes veían brotes verdes y prefieren no esperar a que se conozca la verdad les inquieta el riesgo de que la verdad no les guste, nos les convenga o no tengan tiempo político para conocerla”, añadió.

El PP empieza a hablar de “personas concretas”

A partir de entonces, la dirección del PP tan solo habló de Gürtel cuando se iban conociendo los avances judiciales. El 17 de enero de 2015, solo un día después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiera a la Audiencia Nacional su escrito de acusación para el primer juicio sobre los hechos derivados del caso, en el que se etiquetó al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados, la formación emitió un comunicado en el que defendió que no tenía “la condición de acusado”.

En el escrito, además, el partido reivindicó que era “absolutamente ajeno” a los hechos que se imputaban a “personas concretas” y que los gastos electorales del partido habían sido “debidamente” auditados por el Tribunal de Cuentas. “El Partido Popular ha sufrido y sigue sufriendo perjuicio de todo orden por los hechos que se imputan a personas concretas y respecto a los cuales el Partido Popular es absolutamente ajeno”, indicaron los populares.

En otro giro de guion, un año más tarde, en octubre de 2016, el PP se alineó con algunos de los acusados más relevantes del juicio del caso Gürtel, como el propio Bárcenas, reclamando la anulación de toda la investigación judicial sobre la trama cuando ya se había iniciado el primer juicio del caso. El abogado del partido, Jesús Santos, cargó contra las escuchas realizadas por Garzón al inicio de la instrucción –y que le valieron su inhabilitación, en 2012, y el fin de su carrera judicial–, y que ya habían sido anuladas como pruebas. El letrado, no obstante, las calificó como “uno de los mayores atentados al Estado de Derecho, que recuerda a los estados totalitarios”.

Al mismo tiempo, el abogado del PP cargo contra la Fiscalía, a la que acusó de verter acusaciones “genéricas” y “ambiguas” de las que, consideró, era imposible defenderse. Rajoy dijo después que “no estaba al tanto” de que el abogado de su propio partido había pedido la nulidad del juicio.

Una línea argumental similar fue la que defendió el PP cuando en abril de 2017 el tribunal del caso Gürtel citó a Rajoy a declarar como testigo en el juicio. “El Partido Popular respeta, pero no puede compartir la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal. El PP espera conocer la resolución judicial y su fundamentación antes de poder establecer una valoración detallada de la misma”, señaló, en un comunicado.

“Un proceso mediático”

“Aunque el hecho cierto e indiscutible es que el presidente del Partido Popular ha sido citado como uno más de los 300 testigos admitidos en la causa y, por tanto, sin que se le atribuya ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan, hay que destacar que la declaración de Mariano Rajoy en el procedimiento es una muestra del proceso mediático que la acusación popular pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente”, añadió el PP.

En su declaración durante el juicio, en julio de 2017, Rajoy no fue un testigo más. Se sentó en una silla privilegiada, a la derecha del tribunal, contó con la inestimable ayuda de dos abogados defensores –el de Luis Bárcenas, que interrumpió cada pregunta incómoda, y el propio presidente del tribunal– y realizó declaraciones que no fueron del todo ciertas. Aseguró, por ejemplo, que su responsabilidad al frente del PP cuando operó la trama Gürtel “era política, no económica”, tratando de defender que como presidente del partido no tenía responsabilidad ni conocimiento alguno sobre cómo se gasta y se consigue el dinero que la hace funcionar, habiendo sido además director de campaña cuando se produjeron las corruptelas.

En el juicio el expresidente del Gobierno también dijo que los SMS que intercambió con Bárcenas no tenían “significado ninguno”, que no conoció a Francisco Correa, el cabecilla de la trama, y que “jamás” cobró sobresueldos. “Sería ilegal”, añadió.

Un mes después, la oposición forzó a Rajoy a comparecer en el Congreso para hablar sobre Gürtel, donde en otro giro de discurso trató de desvincular a su Gobierno de su partido, el que presidía desde 2004. “Lo primero que me llama la atención de esta petición”, señaló desde la tribuna, “es que se justifique no por actuaciones de mi Gobierno, sino por actuaciones de mi partido, y algunas de hace más de 20 años. A la vista de este insólito desinterés por el Ejecutivo, debo pensar que lo hacemos con tanto acierto que no hay motivos para sus críticas. O que ustedes no se toman el trabajo de buscarlos y prefieren seguir transitando un camino trillado. También resulta pintoresca su obsesión de juzgar a mi formación política, no al gobierno de España”, le dijo a la oposición.

Su discurso estuvo plagado de falsedades y medias verdades, al erigirse como el adalid de la transparencia y la lucha contra la corrupción, cuando en realidad, el Gobierno trató de torpedear las investigaciones de Gürtel desde el poder.

Cuando en mayo de 2018 la Audiencia Nacional hizo pública su sentencia, en la que condenó al PP “a título lucrativo” y constató la existencia de una financiación irregular en el partido, el PP hizo público un comunicado anunciando su recurso ante el Supremo. “El PP es mucho más que diez o quince casos aislados”, dijo Rajoy el mismo día 24 de mayo en el que se conoció la sentencia.

En su comunicado, el PP sostuvo que “ningún miembro de la dirección actual o direcciones pasadas” había sido imputado en la causa y que “algunos”, en alusión a Rajoy, “acudieron al juicio como testigos, lo que acredita una absoluta falta de responsabilidad en los hechos juzgados”. Génova 13 subrayó que “en ningún momento” estuvo el PP “imputado ni procesado” en la causa y señaló que la responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo “implica obligatoriamente, según el artículo 122 del Código Penal, el desconocimiento de los hechos”.

“Esta sentencia se refiere a acontecimientos que se produjeron en el año 2003 en ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda, y nada tiene que ver este Gobierno con lo que ocurría en esos ayuntamientos en el año 2003”, añadió el propio Rajoy a finales de mayo de 2018, durante el debate de la moción de censura presentada contra él por Pedro Sánchez, y que le expulsó de la Moncloa tras siete años. “En esta sentencia no se ha condenado a ningún miembro del Gobierno que ahora se pretende censurar”, dijo el exlíder del PP, obviando que sí había sido condenado el partido que él presidía, por hechos que ocurrieron cuando él ya era presidente del PP. También fue condenado el tesorero que nombró, que protegió, al que mantuvo el sueldo cuando estaba ya imputado y al que le envió el mensaje: “Luis, sé fuerte”.

Los argumentos que utilizó Rajoy hace dos años son similares a los que ha defendido ahora la dirección de Pablo Casado tras conocerse la sentencia del Supremo que ratifica la condena al PP que dictó la Audiencia Nacional y que confirma la existencia de una financiación irregular en las filas populares. “Pedro Sánchez es presidente del Gobierno apoyado en una falsedad que hoy la Justicia deja perfectamente claro, blanco sobre negro”, sostenía este jueves el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, retorciendo el fallo del Alto Tribunal. En su opinión, si el PP “tiene que pagar una multa, es por desconocer el delito que se estaba cometiendo. Estas personas lo hicieron a espaldas y los jueces reconocen que el PP no tenía ni idea de lo que unas personas estaban haciendo”.

La lectura que realizó el propio Rajoy este jueves de la sentencia del Supremo era aún más positiva que la de la dirección de Casado. El expresidente recuperaba la tesis que defendió en el debate de la moción de censura que puso fin a su carrera política cuando dijo que la sentencia de Gürtel no condenaba a ninguno de los miembros del Gobierno y que la moción estaba basada en una “manipulación”.

“Hoy quiero agradecer a todos los españoles que me han honrado con su confianza durante los años que me dediqué a la política y muy especialmente durante mi etapa al frente de la Presidencia del Gobierno de España. También a los militantes y simpatizantes del PP por el apoyo que me han prestado siempre y en todo momento. Confío en que esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles”, apuntó este jueves Rajoy en un comunicado.