Un lingüista estadounidense, George Lakoff, enunció en 2006 una teoría que podría resumirse así: quien se apropia del marco se apropia del cuadro. Catorce años más tarde, los dos primeros listones del marco en el que puede acabar encajado un cuadro negro para Pedro Sánchez se condensan en cuatro palabras: “El Gobierno lo sabía”. El marco se completa con otra escueta frase: “Y no hizo nada”. Es en ese cuadrilátero convertido en ring donde un enorme tapiz de acciones penales por la gestión de la pandemia busca derribar en los juzgados al Gobierno. Según el último cómputo conocido, suma ya 13 querellas y 17 denuncias en espera de admisión por parte del Tribunal Supremo (TS), el único con potestades para investigar al presidente y los ministros.
Que el eje central de la batalla pivotará sobre el supuesto conocimiento previo de los peligros de la pandemia antes del 11 de marzo parece innegable a tenor del contenido de las querellas que ya han trascendido. En las últimas semanas lo constató la evolución de un caso ajeno al Supremo pero que al menos hasta el viernes, con el archivo provisional de las actuaciones, amagaba con representar la avanzadilla y el ariete en la batalla judicial contra el Gobierno: las diligencias por supuesta prevaricación que la titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, llevaba instruyendo con inusitada celeridad desde el 23 de marzo, pese al parón judicial que no acabó hasta el pasado día 4 y a que ella misma las consideraba “no urgentes”. La clave de la denuncia era que el Gobierno no prohibió las manifestaciones del 8M.
El sobreseimiento –provisional– de la imputación que pesaba sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se produce con un doble argumento remarcado por la jueza. El primero, que “no se ha podido demostrar indiciariamente” que Franco “hubiese recibido documentación de autoridad sanitaria que le trasladase de manera cierta segura y técnica el riesgo de la proximidad física de eventos masivos para la transmisión del covid-19”. El segundo, que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19”.
¿Deja la jueza con esas dos afirmaciones el camino preparado a quienes con sus querellas se dirigen contra el Gobierno central, por no haber trasladado a los escalones inferiores “documentación” o impartido órdenes para prohibir o restringir manifestaciones? La resolución de esa incógnita dependerá de lo que haga el Supremo. Hasta el viernes algunos de los denunciantes planeaban pedir al alto tribunal la incorporación a sus diligencias –si se abre alguna– de los informes elaborados por la Guardia Civil para la jueza madrileña. Ahora, está por ver.
La causa arrancó tras la denuncia de un particular, Víctor Valladares, que mantiene en el TS una segunda denuncia, esta contra el Gobierno. Según la Cadena Ser, acumula varias condenas por estafar a clientes como abogado. Y quien le representa en la causa del 8M es un alto cargo del PP cántabro. Valladares se negado a hablar con este periódico de si pesan o no condenas sobre él. Es “abogado no ejerciente” sin vínculos con ningún partido, se limitó a decir.
Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid revierta la situación tras los recursos anunciados por las acusaciones populares, el archivo del caso madrileño del 8M confiere aún más valor alto tribunal como principal escenario de la guerra jurídica contra el Gobierno aunque los tentáculos del ataque se han extendido hasta la Corte Penal Internacional. Al tribunal de La Haya, ante el que se han sentado los más sangrientos genocidas de las últimas décadas, una asociación de nombre incierto ha denunciado al Gobierno español por “delitos de lesa humanidad”. Distintos juristas han tachado ya la denuncia de “burda manipulación del derecho”. De nuevo, la manifestación del 8M en Madrid aparece como “la peor negligencia”. Según Abc, que adelantó la noticia, la denuncia parte de la Asociación Española de Afectados y Víctimas del covid-19. Según la Cope, que entrevistó a su presidenta, se llama Asociación Española Desafío y Acompañamiento Afectados COVID-19. En el registro de asociaciones no ha sido posible localizar ni una ni otra.
Si antes del archivo del caso del 8M ya se estaba tomando tiempo el Supremo dada la magnitud del ataque, la pregunta es si ahora demorará aún más cualquier decisión. Quienes observan desde muy cerca su actividad ya consideraban el jueves altamente improbable una respuesta rápida.
Solo una de las 30 denuncias y querellas sobre cuya admisión debe resolver aparece abiertamente impulsada por un partido: la interpuesta por Vox contra el presidente y seis ministros por varios delitos, entre ellos imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Fuentes del Supremo aseguran que no consta ninguna presentada por el PP, que de momento se ha limitado a denunciar ante la Fiscalía las “compras fallidas” del Gobierno para que investigue si hubo alguna ilegalidad.
Pero, aun a falta de sigla o siglas políticas explícitas, el grueso de las denuncias aparece sustentado por asociaciones y colectivos afines a la derecha. Los delitos atribuidos al Gobierno –tres denuncias se dirigen contra el Gabinete al completo– van desde el homicidio imprudente hasta aquellos que vulneran el derecho de los trabajadores –por ejemplo, por la entrega de mascarillas defectuosas a los sanitarios–. Y pasan por la prevaricación y la omisión del deber de socorro. En varias querellas, se suma a la lista de denunciados Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
Misas, ultrajes a la bandera, delitos de lesa humanidad
En la relación de querellantes ocupan un lugar visible asociaciones como la de Abogados Cristianos, próxima a Vox y que dirige su querella por prevaricación contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por suspender varias misas durante el estado de alarma para evitar aglomeraciones. A expensas de un recuento exacto de querellas y querellados, el de Marlaska es uno de los nombres más repetidos junto con el del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Entre los querellantes también figura la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), nacida al calor del sindicato policial conservador Jusapol. Y aparece igualmente la querella de un colectivo de policías municipales de Madrid.
De la coincidencia argumental con la oposición de derechas habla de manera gráfica la querella presentada por un grupo de abogados en representación de al menos 116 familiares de fallecidos. Sostienen que el Gobierno permitió indebidamente manifestaciones aunque alegan en paralelo que las normas que regulan el estado de alarma son propias “de un estado de excepción”. El Gobierno –arguye el escrito comandado por la presidenta de la denominada Fundación Zaballos– ha aprovechado la pandemia para regular materias ajenas al coronavirus: “El blindaje del querellado D. Pablo Iglesias Turrión en el CNI, la aceleración de trámites para el indulto de los condenados por el juicio del procés, la proposición de despenalización de determinados delitos del actual Código Penal referidos a los ultrajes al Rey y a la bandera de España”.
De la lista de denunciantes forman también parte tres organizaciones del sector sanitario: la Confederación de Sindicatos Médicos, el Consejo General de Enfermería y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. La falta de medios de protección son aquí la clave.
En la misma línea que las anteriores discurre la querella del sindicato de funcionarios CSIF, que también ha denunciado a los Gobiernos autonómicos de Valencia y Castilla-La Mancha, presididos por el PSOE, así como a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de En Comú Podem. Contra la Comunidad de Madrid no ha emprendido ninguna acción penal.
En 2016, la agenda intervenida en el caso Púnica al antiguo número 2 del PP de Madrid, Francisco Granados, destapó un plan del PP madrileño para intervenir en las elecciones sindicales a través de CSIF. Como publicó infoLibre, la anotación era esta: “Gádor [Ongil, hoy exdiputada autonómica], buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)”.
El cese de Pérez de los Cobos y los errores de bulto
El archivo de la imputación contra el delegado del Gobierno de Madrid cierra –de momento– la puerta de entrada al polvorín político y aún no se sabe si también jurídico del cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Tras varias versiones, Interior acabó por admitir cuál había sido el detonante de la destitución: ocultó que su equipo iba a entregar a la jueza un informe cuya elaboración nunca se había paralizado en contra de lo que, según Interior, le había contado el coronel a sus superiores. La filtración de ese primer informe operó como otro poderoso elemento para el cese, según Interior.
Hija y hermana de miembros del Cuerpo, Rodríguez-Medel había encargado ese primer informe y su posterior ampliación a la Comandancia de Madrid, que suele auxiliar a jueces en municipios rurales. Por razones que nunca ha explicitado, la magistrada prefirió no acudir a los 80 agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Policía Judicial de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla.
El cúmulo de errores e inexactitudes del primer informe entregado a la magistrada ya puso en solfa la investigación. Tras fechar en su primer informe nada menos que el 30 de enero la declaración de la pandemia por la OMS –no se efectuó hasta el 11 de marzo–, sus autores corrigieron ese “error”. Pero se reafirmaron en sus postulados a lo largo de un segundo informe ampliatorio: “el Gobierno –vuelve a repetir ese texto– ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.
Sobre ese segundo informe volvieron a desatarse dudas que la declaración de la mayoría de los 19 testigos interrogados por Rodríguez-Medel esta semana acrecentó de manera extraordinaria. Nadie los había coaccionado para suspender manifestaciones antes del 14 de marzo. Esa fue la tónica de sus declaraciones. A los funcionarios que prestaron testimonio la Guardia Civil les insistió en una misma pregunta: si les había resultado “extraño” que se autorizase la manifestación del 8-M. Seis de los ocho a quienes los agentes formularon esa pregunta respondieron que no.
Cuando todos ellos declararon esta semana otro elemento había ya disparado las incertidumbres sobre hacia dónde iban las pesquisas de la Guardia Civil: la incorporación al segundo informe o atestado de un vídeo difundido por el diario Abc y donde la ministra Irene Montero comenta en privado con una periodista su creencia personal en que el miedo al virus hizo descender el número de asistentes a la manifestación central del 8M.
Pero como en otras ocasiones de muy variopinto carácter, se cumplió aquí el refrán de no hay dos sin tres. A los dos informes de la Guardia Civil se sumó un tercero. Y fue el del forense que opinó –uno de los apartados del texto se denomina “Mi impresión”– que el virus era una “hecatombe” que ya se veía venir “el 25 de febrero”. Exactamente ese término –“hecatombe”- lo había utilizado Pablo Casado en una intervención parlamentaria el 22 de abril. Este jueves, el líder del PP lo empleó de nuevo, pero ahora haciendo referencia al informe del forense.
El 'Lawfare' o un golpe blando contra “la antiespaña”
¿Representa lo descrito en el párrafo anterior un ejemplo de retroalimentación entre partes distintas y encuadradas en poderes distintos del Estado? ¿Existe el riesgo de lawfare, ese anglicismo que, en un juego de palabras, sustituye la primera mitad de un término reservado a guerra (warfare) por otro (law) que significa directamente ley? ¿Hay realmente una guerra judicial destinada a derribar al Gobierno en los tribunales? “No hay riesgo de lawfare porque es un hecho desde hace tiempo”, responde sarcástico Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. El lawfare, define Queralt, “es utilizar el derecho como arma para aniquilar al disidente”. Y, en su opinión, la derecha está aplicando esa táctica. El catedrático ilustra su tesis con un ejemplo: “Cuando quieres demoler una casa donde la fachada es un elemento histórico que no puedes tocar, haces una demolición controlada desde dentro”.
Queralt ironiza al llegar a ese punto: “En esta alianza socialcomunista traidora hay que ir a por todas porque es la Antiespaña. No pensar como ellos, como Vox y el PP, que le hace de repetidor, es ser de la Antiespaña porque ellos se consideran dueños del país”.
“El lawfare –responde desde Valencia Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional– es usar abusivamente procedimientos legales. Es un fraude que implica usar no solo a jueces sino a policías como ya se hizo con el informe PISA y cuya finalidad es la destrucción o erosión del Gobierno legítimo, y aquí se está utilizando”. Con PISA, Flores no se refiere al programa de evaluación de alumnos sino a aquel informe que, elaborado por la llamada policía patriótica, acusaba de graves delitos al hoy vicepresidente Pablo Iglesias y que fue rechazado en repetidas ocasiones por el Tribunal Supremo por su inconsistencia. “Pero a pesar de esto hay gente que se lo sigue creyendo, por la difusión que le dieron determinados medios. Y ese es el problema de este fenómeno”, advierte. PISA solo era el acrónimo del título elegido por los autores de un informe cuyo título buscaba obtener amplia difusión mediática: Pablo Iglesias SA.
Flores ofrece no obstante un diagnóstico para el optimismo: “El mundo judicial es en general de jueces conservadores, pero preparados y honestos”. Lo que sucede –añade a renglón seguido– es que durante muchos años intereses políticos y económicos han tratado de colocar a sus jueces en puestos importantes. Y si caen ciertos casos en manos de jueces dudosos, se produce una desconfianza y quiebra del sistema“.
Tanto Queralt como Flores y un tercer jurista experto en corrupción pero que pide el anonimato coinciden en el determinante papel de los medios de comunicación. “Parece evidente –dice la tercer fuente– el intento de lawfare, hace tiempo que los conservadores intentan resolver los problemas políticos en los tribunales, y no están solos”. En opinión de este jurista, “buenos ejemplos de apoyo son la policía política, el apoyo de asociaciones de jueces y fiscales conservadores, y luego apoyos desde la sombra como los pesos pesados del IBEX que gracias a la publicidad o por otros medios, consiguen que los medios de comunicación apoyen esta guerra”
Otra teoría de la conspiración para otro mes de marzo
A la luz de esos argumentos, todavía con la pandemia como amenaza y el temor a una recaída, surge otra pregunta: la de si las dos premisas del párrafo inicial de este texto –“El Gobierno lo sabía y no hizo nada”– han empezado a trazar una teoría de la conspiración que por momentos evoca la del 11M. Si el zumbido de aquel “fue ETA, no los yihadistas” permaneció años en la atmósfera política de la derecha y en la de ciertos medios afines, la idea de un Gobierno inoperante que animó a las mujeres a asistir a la manifestación del 8M con indiferencia hacia el riesgo ya ha comenzado a asentarse.
Así las cosas, y con una judicatura dominada por el sector conservador, qué pasos dará el alto tribunal constituye una gran incógnita que abre múltiples interrogantes sobre el futuro político del país. ¿Se convertirán las querellas y denuncias en la palanca que utilice la oposición para mover el mundo político y liquidar al Gobierno? Esa pregunta obliga a mirar directamente hacia la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena. Es decir, por el magistrado que en noviembre de 2018 renunció de manera inmediata e irreversible a dirigir el órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) cuando trascendió un inesperado whatsapp whatsappdel PP.
Difundido por el entonces portavoz del PP en el Senado y ex director general de la Policía durante la etapa en que las llamadas cloacas del Estado surfeaban en la cresta de la ola, el whatsapp sostenía lo siguiente: que el nombramiento de Marchena como máximo responsable del CGPJ y del Supremo permitiría al partido controlar “desde detrás” la Sala Segunda del alto tribunal. Y esa era la sala que había de juzgar el procés. Tras su renuncia, Marchena presidió el tribunal.
Año y medio más tarde, aún hoy dominado por la mayoría conservadora pese a la alteración drástica del mapa parlamentario, el CGPJ ya ha asignado estando en funciones 57 plazas discrecionales de alto nivel. Y prepara nuevos nombramientos. En resumen: una vez quede renovado el Consejo, tanto si la negociación se cierra antes del verano como si persiste el bloqueo, el mapa de la judicatura habrá quedado dibujado en buena medida bajo el mando del conservador Carlos Lesmes.
¿Un as en la manga del Ministerio de Sanidad?
En un país donde la efervescencia y la tensión desatadas por el proceso independentista y la respuesta del autodenominado bloque “constitucionalista” - PP, Ciudadanos y Vox- colocaron en primer plano el debate sobre si la descentralización autonómica se había extralimitado, la guerra judicial sobre la pandemia afianza de pronto la idea opuesta. Ahora, la responsabilidad penal –y política– de lo sucedido recae en exclusiva sobre el Gobierno central. Ese es el mensaje de las querellas.
Falta saber si el Ministerio de Sanidad guarda algún as procesal en la manga. Porque fuentes del departamento que dirige Salvador Illa sostienen que en los dos Consejos Interterritoriales celebrados el 1 y el 5 de marzo, todos los consejeros autonómicos “coincidieron en que España se encontraba en el escenario 1, denominado de contención” por el propio Centro Europeo para el Control de las Enfermedades (ECDC). La referencia a ese “escenario 1” aparece destacada por el ECDC en su informe del 2 de marzo, citado de forma múltiple en distintas querellas y denuncias como prueba de cargo contra el Gobierno: para empezar en la que acaba de archivarse en Madrid.
De carácter público y accesible, “en el Consejo Interterritorial del 5 de marzo, ningún consejero ni consejera de Sanidad se interesó por este informe”, prosiguen las fuentes ministeriales. Lo que esas fechas –los primeros días de marzo– se había confirmado era “una transmisión limitada y no sostenida”. Y, de hecho, continúan los mismos portavoces, “el día 5 de marzo había 261 casos en España” mientras que Italia sumaba 3.089.
En la guerra judicial que se avecina, las actas de todos los consejos, de momento inaccesibles, pueden resultar esenciales. ¿Las reserva el Gobierno como baza en el laberinto de querellas? No se sabe.
Pero lo que sí está ya confirmado es que buena parte de las denuncias y querellas que esperan en el Supremo comparten la tesis ya esbozada de que existe una responsabilidad penal atribuible solo al Gobierno central: también antes del 14 de marzo y no solo después del decreto que ese día dictó el estado de alarma y puso a las comunidades bajo el mando único de Ministerio de Sanidad, aunque conservaron, por ejemplo, la gestión hospitalaria y la de las residencias de mayores.
La exfiscal general, la división de TC y el comunciado que nunca existió
Y aquí encuentra de nuevo lugar la referencia del catedrático Joan Queralt al rechazo visceral y despectivo que la existencia de un Gobierno de izquierdas produce en el sector más derechista del espectro conservador. Porque ese rechazo entronca con algunos hechos de apariencia inconexa pero que al ir asomando plantean preguntas inquietantes.
Por ejemplo, carece de precedente que un antiguo fiscal general del Estado –Consuelo Madrigal, en el cargo en la etapa de Mariano Rajoy– publicase una crítica furibunda contra el Gobierno que incluía definir como “estado de excepción” el estado de alarma. Tampoco es posible localizar casos anteriores análogos a la crítica del presidente del TSJ de Castilla y León por el estado de alarma: “el Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus”. Eso fue lo que dijo José Luis Concepción.
Y nunca asociaciones de miembros del poder judicial, como ha ocurrido ahora con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la segunda por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (AJFV), habían vapuleado como ahora al poder ejecutivo por el cese de un cargo de libre elección y, por tanto, de libre destitución. En este caso, el de coronel Diego Pérez de los Cobos.
Tras el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, se confirmó que una orden interna todavía vigente según la AUGC, sindicato mayoritario de la Guardia Civil, obliga desde 2012 al Instituto Armado a informar a sus superiores sobre investigaciones judiciales en marcha. Pero hace ya ocho años, al término del primer año de mandato de Mariano Rajoy, aquella orden había salido parcialmente a la luz. La enseñó con enfado en el Congreso la diputada Ana Oramas el 12 de diciembre de 2012 durante una comparecencia del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa. Pero, a diferencia de lo sucedido ahora, mostró una circular en formato que parecía solo dirigido a la Comandancia de Canarias.
La noticia no generó debate ni más averiguaciones. Silencio. También el de la APM. ¿Por qué no dijo nada en aquel momento la principal asociación de la judicatura? Su actual portavoz, María Jesús del Barco, lo ignora: “Yo ni me acuerdo de ese dato. En aquella época me limitaba a pagar mi cuota”, contestó esta semana cuando se le transmitió la pregunta. ¿Algún factor explicaría la diferencia? Y su respuesta fue la siguiente: “Entonces no se hacían comunicados”.