Los métodos del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en Madrid han terminado por valer la imputación de seis de sus miembros, acusados de colocar dispositivos de seguimiento de forma ilegal a un objetivo de una investigación por narcotráfico. Los agentes se arriesgan por estos hechos a recibir un castigo que nunca tuvieron por su acción más mediática: irrumpir en el peor momento de la historia reciente de España con dos atestados falseados en los que acusaban el Gobierno central de propagar la Covid-19, al permitir la marcha feminista de 2020.
Un investigado por narcotráfico encontró dos balizas en su coche y su motocicleta antes de estar imputado en la Audiencia Nacional. Acudió con ellas al juzgado y una investigación de la Policía Nacional ha demostrado que detrás de su compra y utilización están seis guardias civiles del Equipo que manipuló los informes en el conocido como caso 8M. El 28 de septiembre de 2023, el juez Santiago Pedraz ordenó en secreto a los policías nacionales adscritos a la Audiencia Nacional que investigaran el origen de las balizas. Arrancaba la Operación Bali 23.
Una página web ofrece dispositivos que se pueden colocar en objetos de valor para saber en todo momento dónde se encuentran. Para ello hay que colocar una pequeña caja y esperar a que envíe señales de movimiento al móvil donde se ha descargado la aplicación de la marca. A cambio hay que pagar una suscripción. El dispositivo fue localizado en una Kawasaki Ninja por su dueño, pero los policías nacionales no pudieron avanzar en sus pesquisas. Necesitaban la colaboración de la empresa francesa que vende el dispositivo y nunca recibieron respuesta.
El dueño de la Kawasaki también dispone de un Audi A3. Oculto en los bajos del coche había un segundo dispositivo de seguimiento. Pero este era diferente. Se trataba de una baliza que lleva insertada una tarjeta SIM, las mismas de los teléfonos móviles, y que para funcionar necesita que se inserte una segunda con distinto número en un celular.
En poco tiempo, los policías nacionales identificaron al individuo que habría comprado las tarjetas a dos ciudadanos de origen árabe que regentan sendos locutorios en Colmenar Viejo (Madrid). Era un madrileño de 55 años, de nombre Jesús, sin antecedentes. La pista del comprador podía esperar.
Los agentes se pusieron entonces a indagar en la posición de las tarjetas en distintos días y escenarios. A través de un cruce masivo de datos encontraron un móvil que siempre estaba cerca de una de las dos tarjetas SIM, probablemente la que servía para controlar desde otro teléfono la situación de la baliza. Pertenecía a una mujer que, como el supuesto comprador de las tarjetas, no presentaba un perfil sospechoso.
Sin embargo, años antes, un teléfono asociado a esa línea telefónica había sido sustraído. Quien denunció en comisaría el robo del terminal no fue la mujer sino su marido. Se trataba de J.A.G.C., guardia civil destinado en la Comandancia de Madrid. El rastro del teléfono móvil que utilizaba el guardia civil apareció en las mismas zonas donde se compraron y activaron las tarjetas de la baliza a nombre del tal Jesús.
A partir de este descubrimiento todo se aceleró. Las dos tarjetas de las balizas y el teléfono del guardia civil se sitúan a menudo, junto a otro móvil, perteneciente a R.C.D.A., que resulta ser un cabo primero de la Guardia Civil, según el informe policial aportado a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso elDiario.es. El 4 de abril de 2023, el número del primer guardia (a nombre de su mujer) contacta con las dos balizas investigadas, una de ellas situada en la Costa del Sol. A continuación llama y habla durante ocho minutos con otro móvil que pertenece a un nuevo protagonista, J.A.G.P., igualmente guardia civil de Tres Cantos.
El móvil de la mujer del primer guardia civil va arrojando nuevos descubrimientos. Llama a Sergio B, el brigada imputado tras confesar métodos ilegales en la grabación que dio origen a esta investigación. También L.A.V.R, igualmente miembro del instituto armado. Y a un número más que se repite pero que pertenece a una mujer ajena a la Guardia Civil. Esa mujer tiene varias líneas de teléfono a su nombre. Es la esposa de E.C.S, agente de la Guardia Civil.
Tras rastrear un amplio número de teléfonos interrelacionados, la Policía Nacional presentó al juez el atesado de la Operación Bali 23. R.C.D.A suma 25 posicionamientos junto a las tarjetas de las balizas. J.A.G.C, el primer guardia civil descubierto, está cerca de las tarjetas SIM en 28 ocasiones. Su compañero J.A.G.P, tiene el récord, 29 posicionamientos. El último en localizar, E.C.S, suma ocho. Y el primer imputado, el brigada Sergio, un total de siete.
Declaración como imputados
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se ha inhibido en favor de un juzgado local por el tipo de delito y la titular del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, Marta Gutiérrez del Olmo, ha citado a los seis agentes para que declaren como investigados por un delito contra la intimidad el próximo 25 de noviembre, tal y como reveló este domingo en exclusiva elDiario.es.
El posicionamiento de las balizas y de los teléfonos móviles de los guardias les sitúan preferentemente en tres escenarios: Colmenar Viejo, donde vive el guardia que las compró presuntamente, las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu y dos lugares relacionados con el denunciante que las encontró en sus vehículos, la del estadio Santiago Bernabéu en Madrid y la Costa del Sol, a donde se habría desplazado y fue seguido por los guardias civiles sin conocimiento del juez.
Allí donde están las tarjetas vinculadas a las balizas también consta la presencia de los móviles de los guardias civiles. Ocurre el 10 de mayo de 2023. Los investigadores han encontrado hospedados en Estepona a los guardias E.C.S y R.C.D.E. Otros dos agentes, J.A.G.C y J.A.P.J se alojaron en Marbella el 3 de julio anterior, localidad muy próxima a San Pedro de Alcántara, donde se localizaba el dispositivo de seguimiento en ese momento.
Pero a la investigación le faltaba cuadrar la figura de Jesús, el hombre cuya identidad fue utilizada para comprar las tarjetas. El vecino de Madrid es interrogado por los policías nacionales el 12 de marzo de este año. Su compañía telefónica no coincide con la de las tarjetas de las balizas, tampoco el teléfono móvil que utiliza. A los investigadores les dice que puede llevar cinco años sin pisar Colmenar Viejo, donde se ubican los locutorios en las que fueron adquiridas las tarjetas de las balizas a su nombre. Y cuenta algo más: ha perdido o le han robado el DNI en tres ocasiones y que lo denunció. La Policía Nacional comprobó que era cierto al consultar sus bases de datos.