El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros del próximo martes se aprobará el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una de las promesas legislativas del Ejecutivo que se ha visto postergado unos meses por la irrupción de la COVID-19.
Iglesias ha comparecido ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso para informar sobre la gestión que ha hecho su ministerio ante la crisis sanitaria, económica y social producida por el SARS-CoV-2.
El vicepresidente segundo ha desgranado alguna de las medidas ya conocidas, pero también ha concretado el anuncio sobre la llamada ley Rhodes que ya deslizó hace unos días. Iglesias ha recordado que esta norma estaba llamada “a ser el primer proyecto que sacara adelante” su departamento. El texto estaba ya casi listo, pero la pandemia truncó los planes legislativos del Ejecutivo de coalición.
Con la curva de contagios doblegada y el país en proceso de desescalada del confinamiento, la Vicepresidencia Segunda ha reactivado la maquinaria para tener lista la norma el próximo martes. Una ley, ha dicho Iglesias, que “va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país y que a mí me llena de orgullo poder impulsar como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno”.
El proyecto de ley contempla “el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes”; la creación del la del “coordinador de bienestar y protección”, que estará presente en todos los centros educativos, donde se van a establecer “protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia”. Además, la propuesta del Gobierno contempla la creación de “unidades especializadas” en las diferentes policías, así como la formación a jueces y fiscales.
Uno de los elementos más importantes y que con más ahínco han reclamado las asociaciones de víctimas es retrasar la prescripción de estos delitos. El proyecto contempla que que dicho plazo para los delitos graves “no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años”.
Pide a Ayuso que recupere los menús a niños de 0 a 6
El vicepresidente del Gobierno también ha reclamado en su comparecencia que la Comunidad de Madrid recupere los menús para los niños en situación vulnerable menores de seis años, que, según han denunciado las familias, se han retirado del servicio ofrecido por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
“En las últimas horas nos hemos vuelto a encontrar, según parece, con decisiones de la Comunidad de Madrid en la línea de excluir de estas ayudas a los niños y niñas vulnerables de 0 a 6 años”, ha señalado Iglesias. “Hay familias de estos niños que denuncian que están yendo a recoger los alimentos que les corresponden pero que no se los entregan y no se les da ninguna explicación”, ha añadido.
Tal y como publicó El País, tras renunciar a los menús de Telepizza y Rodilla que el Gobierno de Ayuso dio durante las primeras semanas de la pandemia y optar por opciones más saludables, las familias con menores de seis años se han encontrado con que la Comunidad de Madrid los ha excluido del reparto de los nuevos menús.
“Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible, porque es impresentable que se excluya en una Comunidad Autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho básico como es la alimentación, después de que el Gobierno haya aprobado partidas específicas para proteger este derecho”, ha planteado Iglesias.
El vicepresidente segundo ha recordado en su intervención que el Gobierno central distribuyó entre los gobiernos regionales 25 millones de euros “para garantizar el derecho básico a la alimentación de los niños y niñas afectados por el cierre de los centros educativos y comedores escolares”.
Un dinero que tardó en llegar a Madrid precisamente por que el Gobierno de Ayuso recurrió a empresas de comida rápida para dar, día tras día, un menú diario a los niños vulnerables. Pese a que el Ministerio de Sanidad autorizó finalmente el uso de esos menús, desde la Vicepresidencia Segunda se puso como condición para acceder al reparto de fondos el ofrecer una alternativa saludable. Algo que, como ha reconocido Iglesias, acabó ocurriendo. “Afortunadamente, y yo se lo agradecí a la señora Ayuso, los responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid decidieron dejar de dar menús de comida rápida y buscar una alterna\va saludable, y esos fondos ya fueron transferidos”.