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Los dos meses y medio que restan para agotar el plazo de instrucción del caso Púnica servirán para dilucidar si la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre pasa de investigada a procesada por la financiación irregular del PP madrileño o se archiva la causa contra ella. Una de las diligencias que tiene acordadas hasta entonces el juez, a petición de Anticorrupción, es la declaración de Isabel Jordán, quien fuera administradora de cuatro empresas de la trama Gürtel. En un escrito remitido a las fiscales del caso, al que ha tenido acceso eldiario.es, Jordán asegura que Aguirre “tenía el control de cada uno de los grandes proyectos, de la toma de decisiones importantes e incluso de las menos importantes”.
Esperanza Aguirre figura como investigada en la pieza 9 del caso Púnica, el que concentra los indicios de financiación irregular del PP de Madrid obtenidos en el marco de la citada investigación y también a través del caso Lezo. La presidenta del partido entre 2004 y 2016 conocería y estaría al frente de la trama de financiación irregular de la formación local y de los cuatro mecanismos utilizados para inyectar al partido fondos ajenos al circuito legal: las partidas de publicidad de las consejerías para lo que se llegó incluso a cambiar la ley, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Francisco Granados, las subvenciones a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por Ignacio González.
Con condenas en las piezas de Gürtel que suman más de veinte años y pendiente de nuevos juicios, Jordán lleva meses colaborando con la justicia. En el escrito remitido a Anticorrupción que ha motivado su citación, la antigua colaboradora de Francisco Correa habla de su participación en reuniones semanales con miembros del Gobierno regional y otros colaboradores de Esperanza Aguirre y concluye: “Todos los que trabajábamos en su círculo, ya sea desde Gabinete, Protocolo, Prensa, Consejeros, empresas... teníamos conciencia y sabíamos que ella era la que tenía el control”.
Jordán debía haber declarado el pasado mes de abril, pero la suspensión de la actividad judicial obligó a fijar su comparecencia para este martes. Tampoco hoy se realizará. Estaba previsto que las declaraciones de Púnica tras el confinamiento se retomaran el lunes con la declaración de exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, pero el volumen de investigados en la causa, representados en la sala por sus abogados, no han permitido respetar las medidas de seguridad y ha sido necesario recurrir a la videoconferencia. El sistema telemático de la Audiencia Nacional tampoco ha asumido el volumen de asistentes de forma remota. En previsión de que este martes ocurriera lo mismo, la declaración de Jordán y de Arturo González Panero, exregidor de Boadilla del Monte, han vuelto a ser aplazadas.
Jordán ha explicado por escrito a las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez quién acudía y en qué consistían las reuniones de “maitines”. Se trataba de repasar la agenda semanal de Aguirre con la asistencia de sus jefes de gabinete, prensa y protocolo, el vicepresidente Alberto López Viejo y los jefes de gabinete de las consejerías implicadas en los actos de la presidenta madrileña, incluso el responsable de una empresa externa que trabajaba para la web de la Comunidad de Madrid. “Dichas reuniones estaban establecidas los lunes a primera hora y se encuentran documentadas en la causa del Gürtel. En esas reuniones se establecían estrategias para sacar más rentabilidad a la imagen de la sra. presidenta, doña Esperanza Aguirre, LA JEFA. Era así como se le llamaba entre todo el equipo de maitines, protocolo y círculo más cercano”, relata Jordán.
La administradora de Gürtel describe una actividad más cercana al marketing publicitario que a la política. “El fin principal de estas reuniones consistía en potenciar su imagen, estableciéndose medidas estratégicas para lograr la mayor rentabilidad mediática a través de la prensa nacional y regional, TV, radios, web de la Comunidad, internet (...). El fin principal siempre fue que la Sra. Esperanza Aguirre fuera noticia diaria, y vender su imagen de poderosa política, para también de paso afianzarse dentro del Partido Popular”, afirma.
La línea de defensa de Esperanza Aguirre ante el juez consistió en desvincularse de cualquier gestión económica del PP madrileño y atribuir el nombramiento del gerente, Beltrán Gutiérrez, a Génova. El hallazgo de un pendrive en poder de Gutiérrez fue el hilo del que tiraron los investigadores para llegar a la financiación irregular del PP madrileño. La declaración de Jordán contradice esa afirmación de Aguirre intentando separarse de cualquier adjudicación, también de aquellas susceptibles de participar en el sistema de la financiación irregular.
Los caprichos que obligaban a saltarse la legislación
Isabel Jordán dice que Esperanza Aguirre decidía cuestiones como cambiar una trasera para un evento “porque el color no le favorecía”, improvisar una tribuna para público frente a las autoridades en la festividad del 2 de mayo, pese a que no estaba presupuestada, o cambiar el diseño del Belén de la Puerta del Sol en el último momento para que estuviera partido en dos y el público pudiera pasar entre ambas partes. “Este cambio, tendría otro presupuesto porque habría que cambiar todo, diseño, mas material, más iluminación, mas attrezzo, más espacio, sin contar si había presupuesto o no, o si se podía hacer o no, era su decisión y así se ACATABA”.
La antigua administradora de las empresas de Correa explica por qué no se respetaba la legislación en determinadas adjudicaciones. “Con el fin de potenciar la imagen de la Sra. Da Esperanza Aguirre, se hacían continuos eventos, que podrían llegar a una media de 2 ó 3 eventos al día, lo que podía suponer, más de 600 eventos al año. La inmensa mayoría de ellos organizados en escaso periodo de tiempo, incluso con tan solo 24 ó 48 horas de anticipación, sin respetar las normas administrativas sobre concursos públicos, y por supuesto con gastos por evento, superiores a 12.000€ y 18.000€, según los límites de licitación respectivos marcados por Ley”, describe.
En la misma línea de desvincularse de cualquier adjudicación, Aguirre negó ante el juez la versión del propio afectado, Daniel Horacio Mercado, en la que la presidenta habría dado indicación, ante todos sus consejeros, de contratar con el empresario argentino. Ella aseguró en la Audiencia Nacional que Mercado se pasó un momento “de noche” a mostrarles el logotipo de una campaña bautizada como “Madrid, la suma de todos”. Jordán asegura en su escrito que Mercado, con cuyas empresas colaboraban las de Correa, “alardeaba de tener muy buenas relaciones” con las distintas consejerías del gobierno madrileño.
Para apoyar sus afirmaciones, Isabel Jordán adjunta correos entre las empresas de Correa y las de Mercado. En uno de ellos, un colaborador de éste último, Javier Rodríguez, envía a Jordán los pliegos para realizar una carpa publicitaria de la Consejería de Sanidad cuando las empresas del argentino ya tenían un contrato anual para cubrir todos los eventos de este departamento. “OVER (la empresa de Mercado) tenía acceso a los concursos antes que nadie, así como la información relativa a los mismos, además de que estos eventos acabaron haciéndolos ellos con otras empresas pantalla como la empresa MQM”, asegura Isabel Jordán.
Las empresas de Correa, según describe Jordán, se aliaban con Over para concurrir a concursos que nunca ganaban, pero que sí se llevaba otra propuesta detrás de la que también estaba Mercado.