El padre que destapó los abusos en Maristas: “no se ha investigado a fondo”

Manuel Barbero, el padre que en febrero de 2016 denunció que su hijo había sufrido abusos sexuales por parte de Joaquim Benítez, un profesor del colegio de los Maristas de Barcelona, ha denunciado que no se haya investigado “a fondo” la responsabilidad del centro religioso.

En una entrevista a Efe con motivo de la publicación de su libro “Un silencio a gritos” (Comanegra), Barbero ha criticado la gestión del colegio cuando, a raíz de su denuncia, se destapó una trama de abusos sexuales contra menores.

En su libro, Barbero narra su biografía -con una infancia dura como inmigrante de Granada a Barcelona, de malos tratos y como víctima de una agresión sexual- hasta llegar al relato del abuso que sufrió su hijo mayor por parte del pederasta confeso Joaquim Benítez, que cuenta con 17 denuncias por delitos sexuales.

De estas denuncias, solo cuatro irán a juicio porque el resto han prescrito, aunque Barbero asegura que conoce “diez casos más”.

Aún no hay fecha para el juicio contra Benítez, para quien la Fiscalía pide una pena de 22 años de cárcel.

Sobre la investigación, Barbero afirma que se ha cerrado “en falso” y sostiene que no se ha investigado “a fondo” la posible responsabilidad del colegio de los Maristas por “haber ocultado un delito” y, no solo el de Benítez.

Los hechos “de ocultación” a los que se refiere Barbero comenzaron en noviembre de 2011, cuando unos padres se reunieron con la dirección del centro de los Maristas Sants - Les Corts para denunciar que su hijo había sufrido abusos por parte de Benítez, el profesor de Educación Física, y el colegio “se negó a facilitar información” a los Mossos, según recogió el juzgado de instrucción.

Finalmente, los padres decidieron no interponer ninguna denuncia, el caso fue archivado y la dirección decidió echar a Benítez.

Barbero considera que si no se lleva a cabo una investigación sobre el conocimiento que tenía la dirección de los abusos, se estará “dando la espalda a todas las víctimas” puesto que el colegio podría haber cometido un “delito de ocultación y hasta de obstrucción a la justicia”.