Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto el PP, se han comprometido este miércoles a trabajar para evitar la posible paralización de la ley catalana antidesahucios que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional. El compromiso ha sido sellado por el PSOE, Ciudadanos, Podemos y sus confluencias, PNV, ERC, Democracia i Llibertat, Compromís, IU y Bildu en un manifiesto tras reunirse en el Congreso con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y la Alianza contra la Pobreza Energética.
La ILP o Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética, fue impulsada por estos colectivos y aprobada en julio del año pasado por el Parlamento catalán por unanimidad, incluso con el voto del PP catalán, pero ahora peligra ante la amenaza del Gobierno de Rajoy de paralizarla, como ha hecho con otras aprobadas en comunidades como Euskadi, Canarias o Andalucía.
Los portavoces de estas organizaciones han resaltado “el esfuerzo titánico” que realizaron durante siete años recogiendo firmas por la calle para impulsar la iniciativa popular y “luchando porque había vidas en juego”. Según han destacado, desde que se aprobó la ILP “la ley funciona”, se han paralizado cientos de desahucios, se ha dado a muchas familias una segunda oportunidad y se ha evitado más de 32.000 cortes de suministros eléctricos.
Los promotores de esta campaña han pedido a los grupos del Congreso que se comprometan a que si hay nuevas elecciones y Rajoy finalmente logra su objetivo, revoquen los recursos que han salido adelante, no solo en el caso catalán, sino el de las demás comunidades. También quieren que los derechos que se han aprobado en la ILP “se extiendan al resto del Estado”.
“El PP se ha quedado de nuevo solo y aislado y siete años después ha sido incapaz de aprobar medidas que acaben con los desahucios”, han lamentado. Dado que este miércoles se entrevistaba el presidente del Gobierno con el de la Generalitat, los portavoces de las plataformas antidesahucios han expresado su deseo de que de esa reunión salga el compromiso de Rajoy a Puigdemont de que no impugnará la ley.
Un Gobierno en funciones no puede recurrir leyes
Todos los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la posterior rueda de prensa han dudado de la “legitimidad” de un Gobierno que estando en funciones se atreve a “arrogarse atribuciones” para paralizar una ley que lo único que intenta es evitar el sufrimiento de miles de familias que no pueden poner la calefacción o encender la luz por falta de recursos. “Lo que no consiguen con la política lo buscan en los tribunales”, han señalado.
“Todo esto es surrealista. Estamos todos defendiendo una ley de emergencia menos el PP. Estamos suplicando una ley de emergencia a un gobierno que no comparece ni aparece. Es ridículo pero ha quedado claro que solo quieren beneficiar a la banca”, han denunciado.
Los portavoces de Podemos y de las confluencias, grupo que ha visto aprobada en el Congreso la Ley 25 de Emergencia Social, aseguraron que para ellos es “un orgullo” defender esta ILP. Iñigo Errejón ha alertado de que “es posible que el Gobierno del PP se vea tentado de ”utilizar a Cataluña como excusa para intentar enfrentar a nuestros pueblos“ y usar el Tribunal Constitucional ”para fragmentar a la ciudadanía“. El portavoz de Podemos ha denunciado que el drama de los desahucios ”comenzó siendo un vergüenza privada“ para muchas familias, luego se convirtió en ”una vergüenza para todo el país“ y ahora en un clamor de todos.
Se da la circunstancia de que en octubre del año pasado el Constitucional ya suspendió, por un recurso interpuesto por el gobierno de Rajoy, medidas contra la pobreza energética y los abusos hipotecarios vinculadas al Código de Consumo catalán, que quedaron definitivamente anuladas hace unos días.