La jueza archiva el caso de las dietas de Caja Navarra tras la decisión del Supremo

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, ha decretado el archivo de la causa que investigaba un posible delito de cohecho en el cobro de dietas de Caja Navarra por parte de políticos, cierre que se produce después de que el Tribunal Supremo decidiera que no abriría investigación.

Fue el pasado 24 de julio cuando el Alto Tribunal resolvió en contra de la petición de Benito de tomar declaración como imputada a la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, al considerar que los hechos en los que se le implicaba “no son constitutivos de delito”.

El fallo del Supremo concordaba con el informe de la Fiscalía, que consideró que los hechos investigados no son delictivos, mientras que las acusaciones populares, la asociación Kontuz y el partido UPyD, se mostraron favorables a que la investigación siga en los juzgados de la capital navarra.

Ahora, en un auto escueto, la juez pamplonesa archiva también la causa abierta en Navarra, han confirmado a Efe fuentes judiciales.

Dietas dobles y triples por acudir a reuniones de órganos de la caja

Los hechos se remontan a cuando la jueza Benito, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, hizo público el 4 de junio un auto en el que decía que decía que era “indispensable” tomar declaración como imputada por un delito de cohecho impropio a Barcina en el Tribunal Supremo, ya que es persona aforada.

En el citado auto, la jueza destacaba el nulo soporte normativo o estatutario de las reuniones de la denominada Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, un órgano integrado por el expresidente foral Miguel Sanz, el exconsejero autonómico Álvaro Miranda, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya -los tres ya imputados-, y Barcina, y por el que cobraron las polémicas dietas.

Este órgano se reunía en dos sesiones consecutivas en un mismo día y por cada una de ellas se pagaban 2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros, cantidades que no se identificaban como dietas, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la CNMV, por lo que “quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización”, según el auto.

Sin embargo, el Supremo corrigió a la juez al diferenciar las conductas que puedan merecer algún tipo de reproche “moral, ético o político” de las que encajan en un tipo penal, y en concreto en el delito de cohecho impropio.

“La participación” de Barcina “en la denominada comisión permanente de la que resulta el abono de las dietas no viene, directamente, por su condición de presidenta del Gobierno Foral de Navarra o alcaldesa, sino por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras”, dijo el Supremo en el auto.

Además de que “la cantidad que recibe es consecuencia de la pertenencia a la Juntas”, la consideración de estas dietas como beneficios indebidos, donativos o regalos prohibidos a un cargo público plantea dudas, a lo que se suma que no son ofrecidas por una entidad o persona a la presidenta, sino que las percibe por ocupar el cargo en la propia caja.