La paralización judicial de las devoluciones de menores fuerza una reunión de Sánchez con el presidente de Ceuta

El atajo que pactaron el Gobierno de Ceuta, el Ministerio del Interior y Marruecos para ir devolviendo en grupos de 15 a bordo de furgonetas sin realizar expedientes individuales y sin dar audiencia a esos niños y adolescentes ha encallado en un juzgado de la ciudad autónoma. En dos autos consecutivos, la jueza ha decidido paralizar ese dispositivo que está incumpliendo todos los requisitos que establece la Ley de Extranjería. La Fiscalía, el Defensor del Pueblo, organismos de la ONU y ONG que trabajan con esos menores habían advertido en cuanto tuvieron noticias de que la operación era ilegal. El Gobierno trató de escudarse en un informe de la Abogacía del Estado que avaló las repatriaciones apelando a la “situación excepcional”, pero el juzgado ha ratificado la suspensión de los traslados. Y de paso agrava una crisis que mantiene dividido al Gobierno de Pedro Sánchez, con los ministerios de Podemos en contra, advirtiendo de las consecuencias graves que tiene esa decisión “responsabilidad única del Ministerio del Interior”.

Hasta el momento, Sánchez había despachado el asunto con un par de frases que apelaban a hacer compatible el cuidado de los menores, la convivencia en Ceuta y el respeto a las leyes. “En todo momento lo que hemos hecho ha sido atender a lo menores, junto las autoridades de la ciudad autónoma, las ONG y el Reino de Marruecos. Ahora lo que tenemos que hacer es dar respuesta a una doble dimensión de esta crisis. Primera, la de los más de mil menores que hay en Ceuta ahora mismo y, en segundo lugar, dar respuesta al complejo equilibrio de convivencia en la ciudad”, dijo Sánchez. “Lógicamente, al ser una democracia plena, como es España, estaremos atentos y daremos respuesta a cualquiera de los requerimientos que nos planteen los tribunales”.

Este martes, unas horas después de que se conociese el auto del juzgado ceutí, Moncloa anunciaba la cita del presidente con la máxima autoridad de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en Moncloa. Es una de las primeras reuniones que el presidente mantiene a la vuelta de sus vacaciones en la residencia de La Caleta en Canarias. El asunto es delicado porque prácticamente desde su llegada a La Moncloa, Sánchez prometió un nuevo rumbo en la política migratoria, abrió los puertos al Aquarius y dijo querer marcar otro camino en Europa. De eso han pasado más de tres años y ahora es un juez el que está señalando al Ministerio del Interior por incumplir la ley en la devolución de niños y adolescentes a Marruecos.

Con la cita en Moncloa de esta mañana, Sánchez asume personalmente la gestión de la crisis. Su interlocutor, el presidente ceutí, del PP, ha respaldado desde el minuto uno el procedimiento que previamente había pactado Interior, que a su vez había allanado el terreno con las autoridades marroquíes.

Soluciones para los menores marroquíes

La paralización de las devoluciones de menores empuja a Sánchez y al presidente ceutí a buscar en el encuentro otra respuesta para los cerca de 800 menores marroquíes llegados a Ceuta durante la crisis diplomática con Marruecos, que aún permanecen en la ciudad autónoma alojados en precarias condiciones en espacios provisionales habilitados en polideportivos, módulos prefabricados y en el único centro de menores de la ciudad. Esas posibles soluciones pueden pasar por encontrar espacios adecuados para acoger a los niños y adolescentes marroquíes, pero se antoja complicado en una ciudad de apenas 20 kilómetros sin contar con el apoyo del Gobierno central y el resto de comunidades autónomas. Otra de las opciones es impulsar un nuevo intento para retornar a los chavales marroquíes; esta vez, bajo los canales marcados por la legislación española, algo que en la práctica no suele llevarse a cabo debido a la complicación ligada al proceso de acreditar el bien superior del menor en cada uno de los casos.

La proximidad del inicio del curso escolar obligaría, además, a realizar los trámites necesarios para escolarizar a los menores. Días antes, el inicio de la operación de retorno de menores, la delegada del Gobierno en la ciudad se había mostrado tan “optimista” que, dijo sin detallar aún la razón concreta, esperaba no tener que “preocuparse” por estos chavales en septiembre. Todo apunta a que tendrá que hacerlo. 

El Gobierno de Ceuta confía en la reunión con Sánchez

Fuentes del Gobierno de Ceuta han mostrado este martes su “confianza” en que Sánchez y Vivas encuentren este miércoles una fórmula “viable” para resolver la “insostenible” situación en la que el Ejecutivo local insiste en que se encuentra la ciudad con entre 2.500 y 3.000 marroquíes adultos y menores acogidos por la administración local o sobreviviendo en asentamientos “infrahumanos”. Una vez fracasada la repatriación exprés, cuya implementación se recibió como un salvavidas inesperado, desde el Ejecutivo local se sigue considerando que sacar a ese grupo de personas es una cuestión “de supervivencia”. “No es un problema de dinero, que también, sino de tener futuro”, se advierte.

“Seguimos seguros de que en el Gobierno central existe voluntad política para intentar resolver la situación y habrá que ver si es posible con traslados a la península o retomando la fórmulas de las repatriaciones sobre el Acuerdo de 2007 a pesar de que los requisitos legales que impone nuestra normativa para su ejecución lo hace parecer casi imposible”, han señalado fuentes del Ejecutivo local a elDiario.es.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP) ha defendido sin reparos la “actuación conjunta y coordinada” que se siguió con Interior para ejecutar las expulsiones suspendidas, cuyo inicio tildó de “hito histórico”. “Fue el Gobierno de Ceuta”, reconoció la semana pasada, aunque la Justicia lo ha eximido de responsabilidad competencial, “el que pidió al de la Nación aplicar el Acuerdo suscrito y vigente entre España y Marruecos de 2007: se establecieron unas negociaciones con Rabat que presumo muy complejas y se logró actuar de manera eficaz en materia de inmigración irregular velando por el interés superior del menor”.

Sintonía en los discursos de Marlaska y Vivas

A pesar de pertenecer a formaciones políticas opuestas, Fernando Grande-Marlaska (PSOE) y Juan Jesús Vivas (PP) han mostrado sintonía en la defensa de las devoluciones de menores. Sus discursos, aunque con matices, contenían argumentos similares. Ambos han hecho referencia a la situación de “excepcionalidad” vivida en la ciudad durante la crisis diplomática con Marruecos y a la “emergencia humanitaria” ligada a las condiciones en las que son acogidos los chavales marroquíes en el enclave español como justificación para recurrir al retorno exprés como única salida. Interior y Gobierno local también han citado una y otra vez el acuerdo sellado entre España y Marruecos en 2007 para amparar unas repatriaciones que no cumplían con el procedimiento marcado por la Ley de Extranjería.

El juzgado de Ceuta ha desacreditado cada uno de esos argumentos. En el último auto, además de reiterar que el pacto con Marruecos no exime de cumplir la normativa nacional e internacional, ha zanjado también que la situación de “excepcionalidad” de la ciudad no es excusa para incumplir la legislación. “El número de menores que hay en Ceuta con motivo de la situación generada el 17 de mayo” no justifica “el incumplimiento de las disposiciones legales”, dice el auto. 

El juzgado de Ceuta ha resuelto la polémica surgida en torno a cuál era la institución responsable del operativo de retorno. Este es el único punto en el que se distanciaban, aunque siempre en tono amable, los discursos de Grande-Marlaska y Vivas. Mientras Interior descargaba la responsabilidad sobre el Gobierno de Ceuta, el Ejecutivo local apuntaba a Interior como institución competente en la activación del acuerdo con Marruecos y la negociación de las condiciones. El juzgado de Ceuta ha zanjado que es la Delegación del Gobierno, dependiente de Interior, el organismo responsable de desarrollar los expedientes de devolución de los menores extranjeros no acompañados. La documentación aportada a los tribunales apuntaba que la ciudad solicitó la aplicación del pacto e Interior ordenó iniciar el dispositivo a la Delegación del Gobierno.

En el Ejecutivo de Ceuta hay quienes temen que la exigencia marroquí de aceptar a sólo 15 menores solos al día en vez de la expulsión masiva que se pretendía, lo que de facto alargaba casi dos meses la devolución de todos los que continúan en la ciudad, no fuese en realidad un “regalo envenenado” para ver fracasar la operación a la vuelta de la esquina por sus debilidades legales.

También hay voces dentro del Gobierno local que asumen que pudo ser “imprudente, por mucho que la ”involucrarse en la ejecución del procedimiento acordado con Interior “contra el criterio de nuestro Servicio de Protección a la Infancia”, cuya defensa cerrada de la legalidad ha causado profundo malestar en la cúpula del Ejecutivo regional. Por su parte, fuentes de Interior rechazan valorar la última resolución del juzgado de Ceuta: “Este ministerio no valora resoluciones judiciales; desde el respeto, las acata”.