Los bandazos del Gobierno en inmigración: de la acogida del Aquarius a devolver a menores sin cumplir la Ley de Extranjería

De acoger a las 629 personas rescatadas por el Aquarius, a bloquear barcos humanitarios. De prometer la prohibición de las devoluciones en caliente, a expulsar de forma inmediata a niños frente a los focos de decenas de medios nacionales e internacionales. De proyectar, a golpe de símbolos, un cambio en la política migratoria del pasado que iba a marcar el camino a Europa, a sortear una de las líneas rojas que ningún gobierno español se había atrevido a sobrepasar: devolver a menores migrantes tutelados sin seguir el procedimiento individualizado exigido por la Ley. Y defenderlo como una respuesta a una situación excepcional.

El operativo de retorno de menores migrantes desde Ceuta, activado por el Ministerio del Interior a solicitud del Gobierno de Ceuta, choca con la ley según la Audiencia Nacional y la Fiscalía -la Abogacía del Estado lo respalda por la situación excepcional- pero sobre todo se da bruces con los primeros anuncios de Pedro Sánchez a su llegada a La Moncloa en 2018. La crisis humanitaria del Aquarius permitió al presidente socialista dar un primer golpe de efecto frente a la era Rajoy. Hace solo tres años, convirtió el recibimiento de los migrantes rescatados, caracterizado por un dispositivo sin precedentes elogiado por las ONG, en un símbolo de lo que, parecía, estaba por venir.

Pedro Sánchez buscaba abanderar en Europa una política migratoria diferente, liderando la posición de los países del Sur, y pretendía erigirse como un “ejemplo para la izquierda europea”, como defendía entonces la exvicepresidenta Carmen Calvo, en un momento en que el exministro italiano, Matteo Salvini hacía gala de la xenofobia y rechazaba el atraque de los barcos de las ONG en sus puertos. 

En el segundo Consejo de Ministros del primer Gobierno de Sánchez, llegaron otros dos anuncios vinculados con los derechos de las personas migrantes: el inicio de la recuperación de la sanidad universal y el encargo del primer trámite para retirar las cuchillas de Ceuta y Melilla. Una batería de medidas que, tres años después, han ido quedando sepultados bajo otro tipo de decisiones adoptadas para cada una de las últimas crisis migratorias: las primeras expulsiones exprés, las devoluciones en caliente, el muelle de Arguineguín, los macrocampamentos de Canarias, el intento de bloqueo de migrantes en las islas... hasta llegar a las últimas expulsiones de menores tutelados, cuya legalidad ha sido cuestionada por la Fiscalía, la Audiencia Nacional, el Defensor del Pueblo, el relator de Derechos de los Migrantes de la ONU, las ONG y sus socios de Gobierno. La Abogacía del Estado, por su parte, ha defendido estas repatriaciones por la “situación de excepcionalidad” de la ciudad autónoma.

Para Blanca Garcés, investigadora sénior del área de Migraciones de CIDOB, esos anuncios iniciales fueron solo símbolos. “Esa intención de impulsar una nueva política migratoria nunca me la había acabado de creer. Una cosa son los gestos políticos, y más en el Mediterráneo Central, que queda lejos, y otra es nuestra frontera sur”, señala la experta. “El Aquarius fue solo un gesto lanzado en un contexto neutro, en el que España tiene poco de lo que responsabilizarse”, añade Garcés, quien sostiene que en estos tres años de Pedro Sánchez en el poder ha habido “algún cambio” en política migratoria -procedente principalmente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá-, “pero no de fondo”.

El senador y experto en migraciones Javier de Lucas está entre quienes sí creyeron en ese nuevo modelo migratorio y han acabado decepcionados. “Yo fui de los que confié. Pensé que decisiones como las del Aquarius era lo que había que hacer, vi una voluntad muy decidida y pensé que era lo que se iba a seguir haciendo”, sostiene este independiente, elegido en las listas de PSPV-PSOE.

“Pero ese cambio prometido no se ha visto confirmado por los hechos”, apunta de Lucas, quien considera que ese giro del Gobierno en política fronteriza no se debe solo a falta de voluntad, sino que destaca como factor clave la posición dura de la Unión Europea.

Frente a la posibilidad de formar un frente europeo en el que Francia, España e Italia pudieran contrarrestar el peso del bloque del norte en cuestión migratoria, el Gobierno de Pedro Sánchez chocó con la realidad. Los Estados norteños bloquean los intentos de los países del Sur, que reciben más llegadas irregulares por su posición geográfica, de promover un plan de distribución equitativo de solicitantes de asilo y presiona a España, Grecia e Italia para evitar los llamados “movimientos secundarios” -el desplazamiento de los recién llegados a otros Estados miembros del norte de la UE-.

La primera crisis: el principio del cambio

Aquel primer verano de Sánchez en La Moncloa, en 2018, las llegadas de migrantes en patera a las costas andaluzas iban en aumento. Ante la caída de las entradas irregulares a Italia tras el acuerdo con Libia, se esperaba un nuevo pico a través del Estrecho, manteniendo la tendencia al alza registrada desde 2016. El año acabó con 64.298 llegadas a España, un récord histórico.

El recibimiento individualizado y humano del Aquarius ya chocaba con el colapso con el que se encontraban los migrantes que alcanzaban España a través del Estrecho, que dejaba imágenes de centenares de personas durmiendo en los barcos de Salvamento Marítimo ante la falta de espacio. La entrada a Ceuta de 602 personas a través de un salto a la alambrada despertó una primera reacción de Interior que se contraponía a esos primeros gestos. Pese a su compromiso electoral de acabar con las devoluciones en caliente, 27 personas fueron expulsadas sin identificación previa.

Fue la primera vez que el ministro Fernando Grande-Marlaska defendía la legalidad de estas prácticas, que acabó reivindicando ante Estrasburgo con los mismos argumentos del PP en un recurso que derivó en el aval de la Gran Sala Tribunal Europeo de Derechos Humanos a estas prácticas, que despiertan las críticas de entidades defensoras de los derechos humanos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), relatores especiales de la ONU o el Defensor del Pueblo. Fernando Grande-Marlaska nunca ha dejado de ejecutar y defender devoluciones en caliente.

Legalmente es muy diferente cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria en el mar de la situación de alguien que asalta una frontera

Ese mismo verano, el Ejecutivo desempolvó un acuerdo bilateral sellado con Marruecos en 1992 por el Gobierno de Felipe Gónzalez para expulsar en menos de 48 horas a 116 migrantes, que habían saltado la valla de Ceuta. La devolución se hizo a través de una vía apenas utilizada hasta ese momento, y que posteriormente ha podido aplicarse en contadas ocasiones más: las expulsiones exprés. La rapidez de su ejecución empujó a los expertos a cuestionar su legalidad y a advertir de las posibles deficiencias. La exvicepresidenta Carmen Calvo explicó que, si había reactivado ese pacto, era para “no consentir la violencia contra los cuerpos de seguridad”, en referencia a los siete guardias civiles atendidos por lesiones y quemaduras con “cal viva” tras aquel salto.

 “Legalmente es muy diferente cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria en el mar de la situación de alguien que asalta una frontera”, justificaba Calvo, para responder a las críticas que ya apuntaban a un giro en la política migratoria del Gobierno. Los derechos de una persona dependen, según ese criterio, de la vía de entrada a España. Un argumento similar había sido utilizado por el exministro Jorge Fernández Díaz. Era el principio del cambio.

De acoger el Aquarius a bloquear en puerto a los barcos humanitarios

La posición del Gobierno con respecto a los barcos de rescate de migrantes también fue objeto de bandazos. Tras la acogida del Aquarius, el buque de la ONG española Open Arms rescató a 60 personas en el Mediterráneo Central y tampoco tenía un puerto donde atracar. El Gobierno aceptó su acogida en Barcelona, con una recepción ya mucho más modesta. El Ejecutivo español abrió sus puertos a la organización catalana en dos ocasiones más, hasta que dio un golpe sobre la mesa. La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, denegó el permiso de salida a los barcos humanitarios españoles (Open Arms y Aita Mari) para zarpar hacia aguas internacionales próximas a Libia con el objetivo de salvar vidas de migrantes en peligro. 

El buque de la ONG catalana, tras 100 días de bloqueo, esquivó la prohibición de abandonar el puerto y zarpó con el objetivo de iniciar misiones de “observación de derechos humanos”. Tras salvar en varias operaciones a más de 160 personas, la política de puertos cerrados de Italia y Malta mantuvieron atrapados a los rescatados en alta mar durante 19 días. La llamada 'crisis del Open Arms' aumentó la tensión entre la organización y el Gobierno de España, que advertía al buque de la posibilidad de ser multado con hasta 900.000 euros. “No tiene permiso para rescatar”, dijo Carmen Calvo.

La crisis de Canarias

La acogida de migrantes en las islas Canarias, ante el pronunciado pico de llegadas registrado en el año 2020, estuvo marcada por una imagen: el puerto de Arguineguín. El campamento de migrantes improvisado en el muelle llegó a alojar a más de 3.000 migrantes. Algunos llegaron a estar allí bajo custodia policial más de 20 días, superando con creces el máximo legal de 72 horas. No había agua ni baños suficientes. Las condiciones fueron denunciadas por el Defensor del Pueblo y el propio Gobierno de Canarias en distintas ocasiones, pero el llamado 'muelle de la vergüenza' no se clausuró hasta tres meses y medio después de su apertura.

A la imagen de miles de personas hacinadas en condiciones de insalubridad en Arguineguín le siguió la política de bloqueo de migrantes defendida por Interior, que limitó los traslados organizados a la península e impidió, sin una base legal clara, los viajes por su cuenta a otros puntos de España de inmigrantes recién llegados. A pesar del colapso de las plazas de acogida en las islas a finales de 2020 y principios de 2021, el Ministerio rechazaba permitir las salidas del Archipiélago porque consideraba que podría generar un “efecto llamada”.

Durante meses, a partir de diciembre de 2020, cientos de marroquíes intentaban tomar un vuelo con su billete y eran frenados antes de acceder a la zona de embarque, a pesar de que estas personas ya se encontraban en libertad y tenían un documento válido para viajar por territorio español. El Gobierno ha apostado por un modelo de acogida basado en macrocampamentos, que recuerda al de las islas griegas, cuyas condiciones han sido criticadas por organizaciones en defensa de los derechos humanos.

La concentración de miles de recién llegados en determinados puntos de las islas, generalmente humildes, derivaron en protestas vecinales contra la inmigración, produciéndose diversos ataques xenófobos. Finalmente, las advertencias de abogados, activistas y el Defensor del Pueblo quedó ratificada por dos tribunales canarios: estas personas pueden “moverse libremente por el resto de España” y su pasaporte o la petición de asilo son documentos válidos para viajar. Las resoluciones judiciales acabaron con la política de bloqueo de Interior.

El intento paralizado de facilitar los permisos a menores

El otro Ministerio clave con competencia en migraciones, el de Inclusión, ha impulsado una serie de instrucciones, celebradas por los especialistas, con el objetivo de flexibilizar la regularización de los migrantes, especialmente de los menores migrantes tutelados y los jóvenes extutelados.

Sin embargo, la tramitación de la medida estrella de José Luis Escrivá en materia de inmigración, una reforma del reglamento de Extranjería que buscaba facilitar el acceso a los papeles a estos chavales, ha sido aplazada debido a las discrepancias surgidas con el Ministerio del Interior que, de nuevo, apela al “efecto llamada” para evitar que la normativa salga a la luz tal y como se había planteado en un principio, como adelantó El País.

La crisis diplomática con Marruecos

Tras la llegada de más de 10.000 personas a mediados de mayo desde Marruecos a Ceuta ante el levantamiento de los controles fronterizos por parte del Reino alauí, en respuesta a la acogida por España del presidente del Frente Polisario, el giro del Gobierno en materia migratoria se hizo, si cabe, más evidente, según los expertos consultados.

A partir del 18 de mayo, cada persona que llegaba a nado a la playa del Tarajal era devuelta en caliente a su país, sin hacer distinciones sobre la edad o las posibles vulnerabilidades. Delante de las cámaras, el Gobierno acompañaba de vuelta a menores, sin realizar trámite alguno, minutos después de pisar suelo español, lo que ha empujado una investigación de la Fiscalía. Algunos de los niños marroquíes también fueron devueltos en esos días después de pasar una noche en la ciudad autónoma.

Tres meses después, cuando alrededor de 800 menores llegados entonces permanecían en Ceuta bajo la guarda del servicio de protección de menores, Interior activó, a solicitud del Gobierno local, el acuerdo con Marruecos de 2007 para retornarlos. Según ha confirmado un juzgado de Ceuta y la Fiscalía, el operativo aplicado no cumple con la Ley de Extranjería, que obliga a seguir un procedimiento individualizado que incluye informes de cada menor, realizados por la Fiscalía y el Área del Menor de la ciudad. No obstante, ni el Ministerio Público ni los funcionarios del departamento local participaron en el dispositivo.

Para los expertos consultados, este último episodio supera “todas las líneas rojas”. “Se ha vulnerado la protección de la infancia, un tema en el que no se puede ceder ni un milímetro es en los derechos de los niños”, sostiene el senador por el PSOE Javier de Lucas.

Las últimas decisiones de Interior incomodan además a los socios de Gobierno: la vicepresidencia segunda, Yolanda Díaz, ha pedido a Sánchez que cesen las devoluciones. Y el Ministerio de Derechos Sociales ha enviado dos cartas a Fernando Grande Marlaska. En la última, la recuerdan que sus decisiones sobre los menores pueden tener consecuencias muy graves y que será su “responsabilidad única”. De paso, lamenta la líder de Podemos que Interior haya ignorado durante meses la oferta para elaborar un protocolo conjunto para dar soluciones a los menores no acompañados de la ciudad autónoma.

Por su parte, Pedro Sánchez ha justificado este sábado la operación de retorno de migrantes. “En todo momento lo que hemos hecho ha sido atender a lo menores, junto las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta, las ONG y el Reino de Marruecos. Ahora lo que tenemos que hacer es dar respuesta a una doble dimensión de esta crisis. Primera, la de los más de mil menores que hay en Ceuta ahora mismo y, en segundo lugar, dar respuesta al complejo equilibrio de convivencia en la ciudad Ceuta”, ha dicho Sánchez, quien añadió que se dará respuesta a las dudas planteadas por los juzgados. “Lógicamente, al ser una democracia plena, como es España, estaremos atentos y daremos respuesta a cualquiera de los requerimientos que nos planteen los tribunales”.